El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó oficialmente que está reanudando el procesamiento de beneficios migratorios -incluidos ciudadanía y naturalización- para cubanos y venezolanos.
Así lo refleja una carta fechada el 16 de julio y dirigida a la congresista republicana por Florida María Elvira Salazar, quien publicó el documento en sus redes sociales.
La carta de USCIS
El documento, firmado desde la Oficina del Director de USCIS en Camp Springs, Maryland, responde a una solicitud que Salazar había enviado al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el 27 de marzo de 2025 -recibida formalmente el 13 de abril de 2026- en la que pedía tres acciones concretas:
- reanudar el procesamiento de solicitudes de ciudadanía para cubanos y venezolanos.
- mantener las medidas de verificación de seguridad sin paralizar la naturalización.
- reactivar las ceremonias de naturalización en Miami.
En su respuesta, USCIS fue explícito: «Processing for Cubans and Venezuelans should resume accordingly», es decir, el procesamiento para cubanos y venezolanos debe reanudarse en consecuencia.La agencia también indicó que «está tomando medidas inmediatas para levantar todas las suspensiones de adjudicación final que aún estaban vigentes».
Sobre las ceremonias de naturalización, USCIS aclaró que «nunca cesó las ceremonias de naturalización», y que estas continúan realizándose a nivel nacional, incluyendo en el área de Miami.
Adicionalmente, la agencia señaló que está «examinando opciones para individuos bajo la Ley de Ajuste Cubano», sin precisar cuáles.
El fallo judicial que lo hizo posible
La reanudación es consecuencia directa de un fallo emitido el 5 de junio de 2026 por el juez federal John J. McConnell Jr., del Tribunal de Distrito de Rhode Island, en el caso Dorcas International Institute of Rhode Island v. USCIS.
En una decisión de 135 páginas, el juez McConnell declaró ilegales y arbitrarias cuatro políticas internas de USCIS que habían congelado los trámites migratorios de nacionales de 39 países, entre ellos Cuba y Venezuela.
El magistrado fue contundente: «Las acciones de USCIS son contrarias a la ley y arbitrarias y caprichosas».
La administración Trump intentó revertir ese fallo, pero el 16 de julio el mismo juez rechazó la solicitud de emergencia para recongelar los trámites, en un fallo de 28 páginas.
McConnell concluyó que el gobierno «no demostró probabilidad de éxito en apelación ni daño irreparable» y fue directo: «¿Cómo puedo tomar en serio una declaración que presenta pruebas totalmente inaplicables? No existe ninguna prueba de daño irreparable».
El impacto sobre la comunidad cubana
La pausa que ahora se levanta había tenido consecuencias devastadoras.
Las aprobaciones mensuales de residencia permanente para cubanos se desplomaron 99.8%: de 10,984 en febrero de 2025 a apenas 15 en enero de 2026, según datos de Factchequeado y el Instituto Cato.
En paralelo, las detenciones de cubanos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aumentaron un 463% entre octubre de 2024 y enero de 2026.
En su carta original al secretario Mullin, Salazar había advertido que la pausa «ha impedido que decenas de miles de cubanos y venezolanos, muchos de los cuales conozco personalmente y están ansiosos por participar en un nuevo sistema político, se conviertan en ciudadanos estadounidenses».
La reacción de Salazar
La congresista celebró la respuesta de USCIS con un mensaje claro para su comunidad:
«Esta es una buena noticia para tantas familias del sur de Florida que han esperado demasiado tiempo. Nuestra comunidad está formada por personas que huyeron de la tiranía en busca de libertad. Siguieron la ley, se ganaron su lugar en la fila y merecen una decisión justa y oportuna».
Sin embargo, la batalla legal no ha concluido.
La administración Trump mantiene su apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito y podría solicitar a esa corte que suspenda la orden de McConnell.
Además, la reanudación no implica aprobaciones automáticas: USCIS deberá evaluar cada expediente conforme a los requisitos de la ley migratoria, y la decisión no modifica las restricciones del travel ban ni las suspensiones del Departamento de Estado sobre visas tramitadas desde el exterior.
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