En una decisión que marca un giro significativo en la política de privacidad fiscal en Estados Unidos, la jueza federal Dabney Friedrich autorizó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) a compartir información tributaria de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La resolución, emitida el lunes 12 de mayo, deniega una solicitud de organizaciones sin fines de lucro que buscaban impedir esta colaboración entre agencias gubernamentales, informó la agencia AP.
La jueza Friedrich, nombrada por el presidente Donald Trump, concluyó que el acuerdo entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no infringe el Código de Rentas Internas.
Según la legislación vigente, el IRS puede divulgar ciertos datos fiscales a otras agencias gubernamentales si la información es relevante para investigaciones criminales y se cumplen criterios específicos, como la identificación del contribuyente por nombre y la justificación legal de la solicitud.
El acuerdo, formalizado mediante un Memorando de Entendimiento firmado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, permite que ICE solicite al IRS información fiscal de individuos que enfrentan órdenes de deportación finales y están bajo investigación criminal.
Aunque los detalles específicos del tipo de información compartida no se han divulgado completamente, se sabe que ICE debe proporcionar nombres y direcciones de los individuos en cuestión, y el IRS verificará estos datos contra sus registros.
La medida ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes y expertos legales, quienes argumentan que podría disuadir a los indocumentados de cumplir con sus obligaciones fiscales y socavar la confianza en las instituciones gubernamentales.
Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen, calificó la acción como "una violación sin precedentes de las leyes de privacidad de los contribuyentes".
En respuesta a la controversia, Melanie Krause, comisionada interina del IRS, presentó su renuncia, citando su exclusión del proceso de de toma de decisiones y preocupaciones sobre la legalidad del acuerdo, según The Economics Times. Krause, se convirtió en la tercera líder del IRS en salir en 2025.
El Departamento del Tesoro defiende la medida como parte de los esfuerzos de la administración Trump para reforzar la seguridad fronteriza y combatir la inmigración ilegal.
Sin embargo, organizaciones como el Centro de Trabajadores Unidos y Immigrant Solidarity DuPage han presentado demandas legales para bloquear la implementación del acuerdo, argumentando que viola las protecciones de confidencialidad establecidas en el Código de Rentas Internas.
La decisión de la jueza Friedrich podría tener implicaciones significativas para las comunidades inmigrantes en Estados Unidos, especialmente aquellas que contribuyen al sistema tributario utilizando Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).
Según estimaciones del American Immigration Council, los inmigrantes indocumentados pagaron cerca de 90 mil millones de dólares en impuestos en 2023.
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