República Dominicana recibirá cada mes a deportados de terceros países enviados por Estados Unidos

República Dominicana recibirá cada mes a unos treinta migrantes deportados de terceros países desde Estados Unidos, según confirmó este jueves el canciller Roberto Álvarez en rueda de prensa, un día después de que ambos gobiernos suscribieran un polémico acuerdo migratorio de carácter no vinculante.

Álvarez precisó que la estadía de los deportados en la isla será «de entre unos siete a quince días» y que el Gobierno estadounidense cubrirá todos los gastos de las operaciones.

El acuerdo tiene una duración de un año y excluye expresamente a nacionales haitianos, menores no acompañados y personas con antecedentes penales.

El canciller admitió que el Gobierno dominicano «aún no ha identificado» el lugar exacto donde permanecerán los deportados, aunque estarán «permanentemente bajo vigilancia» y contarán con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Álvarez rechazó que Santo Domingo haya cedido a presiones de Washington: «Nuestro gobierno recibe solicitudes de todos nuestros socios, pero no recibe presiones (...) soberanamente decidimos cuáles solicitudes aceptar y cuáles no. Lo que conviene a nuestra soberanía, y por eso no hemos incluido en el acuerdo el arribo de ningún ciudadano haitiano».

El ministro también argumentó que República Dominicana «no tenía motivos» para negarse a una petición de su «principal» socio comercial y aliado político, y enmarcó el acuerdo en la iniciativa estadounidense conocida como «Escudo de las Américas».

«Países como Costa Rica, Ecuador, Honduras y Paraguay, entre otros, han firmado acuerdos similares con Estados Unidos. Estas personas no son criminales, sólo que no entraron regularmente a Estados Unidos y no se encuentran en el sistema migratorio de ese país», subrayó.

El acuerdo no fue enviado al Congreso Nacional dominicano por considerarse no vinculante y terminable en cualquier momento por cualquiera de las partes.

La oposición y sectores de la sociedad civil criticaron el pacto. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de José Dantés Díaz, exigió transparencia y acceso al texto íntegro, advirtiendo que «pueden existir implicaciones constitucionales, migratorias, de soberanía y de competencias institucionales que requieren un análisis serio y responsable».

En respuesta a las críticas, el presidente Luis Abinader anunció 15 medidas para enfrentar la migración ilegal y ordenó la creación de un Observatorio Ciudadano sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria.

El acuerdo dominicano se inscribe en una tendencia regional impulsada por la administración Trump, que ha firmado pactos de deportación con 27 países y congelado solicitudes de asilo para ciudadanos de 39 naciones, entre ellas Cuba, Venezuela y Haití.

Paraguay recibió el 22 de abril su primer vuelo con 25 migrantes deportados desde Estados Unidos tras firmar un memorando similar. El Salvador acordó en marzo de 2025 recibir a unas 300 personas acusadas de pertenecer al Tren de Aragua por 4,76 millones de dólares.

El impacto sobre los cubanos ha sido especialmente documentado: las deportaciones a terceros países han dejado a miles de migrantes en situación de extrema vulnerabilidad, y al menos cuatro ciudadanos cubanos fueron enviados a países africanos —Sudán del Sur y Esuatini— sin ningún vínculo con esas naciones. En total, 42,084 cubanos tienen órdenes de deportación definitiva en Estados Unidos.

Álvarez cerró su intervención con una definición del alcance del acuerdo: «No estamos hablando de asentamiento permanente ni de absorción migratoria, ni procesos judiciales en el país. Es una operación de tránsito controlado, temporal, realizado bajo parámetros de soberanía nacional y cooperación internacional».