Una de las medidas más controversiales del nuevo proyecto fiscal impulsado por la Administración de Donald Trump es la imposición de un impuesto especial del 5% sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos al extranjero.
La propuesta legislativa, conocido como "El Único, Grande y Hermoso Proyecto de Ley", fue presentada por los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ha desatado una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional.
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Esta iniciativa afectaría a más de 40 millones de personas, incluidos residentes permanentes legales y titulares de visas laborales como las H-1B, H-2A y H-2B, según dio a conocer la agencia AP.
La medida, obviamente, también afectarían a los inmigrantes de origen cubano. Quedarían exentos únicamente los ciudadanos y nacionales estadounidenses.
“La provisión impone un impuesto especial del 5% sobre las transferencias de remesas, que será pagado por quien las envía”, indica el texto de la propuesta legislativa.
El plan forma parte de un conjunto más amplio de medidas restrictivas en materia migratoria y fiscal, que incluyen también un memorando presidencial -aún en elaboración- para "acabar con las remesas" enviadas por personas en situación migratoria irregular.
¿Cómo funcionaría la medida?
La propuesta contempla una excepción para aquellos envíos realizados por ciudadanos estadounidenses a través de proveedores cualificados, quienes deberán firmar acuerdos con el Departamento del Tesoro para verificar la identidad de los remitentes.
Quienes no puedan acreditar su ciudadanía o nacionalidad, como los inmigrantes indocumentados que utilizan un Número de Identificación Fiscal (ITIN) en lugar de un Seguro Social (SSN), no podrían deducir el gravamen ni recuperar el dinero.
Un nuevo frente en la ofensiva contra los migrantes
Además del impuesto a las remesas, la reforma tributaria contempla eliminar el crédito fiscal por hijos para familias con estatus migratorio mixto, lo que afectaría a más de 4,5 millones de menores ciudadanos estadounidenses.
También limita beneficios fiscales vinculados al sistema de salud (Obamacare), rebajas por propinas, horas extra y acceso al Medicare para quienes carecen de SSN.
“Se está buscando que los indocumentados no tengan escapatoria”, advirtió José Iván Rodríguez-Sánchez, investigador del Centro para Estados Unidos y México de la Universidad Rice.
“Una de las maneras de hacerlo es a través del dinero, haciendo que llegue menos a sus hogares”, añadió.
Un flujo de dinero vital: 656.000 millones en 2023
El Banco Mundial estimó que en 2023 se enviaron 656.000 millones de dólares en remesas a países de origen, el equivalente al PIB de Bélgica.
México fue uno de los principales receptores, con un récord de 63.300 millones de dólares enviados ese año.
Para países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, las remesas representaron entre el 19% y el 27% de su Producto Interno Bruto (PIB), según un informe del BBVA.
Expertos alertan sobre efectos contraproducentes
Desde la academia y los centros de análisis, la propuesta genera amplias preocupaciones. Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, considera que la medida tendría un efecto contrario al deseado por el gobierno.
“Cualquier medida para reducir las remesas tendrá un impacto negativo en el interés nacional de Estados Unidos”, afirmó.
“Enviar menos tendría un impacto en los hogares receptores, limitando la capacidad de ahorro, y a su vez podría aumentar la intención de emigrar”, añadió.
¿Un impuesto simbólico o un arma política?
Desde el punto de vista fiscal, el rendimiento económico del impuesto sería limitado. Según el Comité Conjunto de Tributos citado por el Instituto de Políticas Fiscal y Económica (ITEP), el nuevo gravamen solo generaría unos 22.000 millones de dólares en diez años.
Jon Whiten, subdirector del ITEP, sostiene que el objetivo es más político que recaudatorio.
“Esta no es la única reforma fiscal que afectará a los inmigrantes. Es solo una parte de un ataque mayor, que es un tema central del proyecto de ley fiscal”, apuntó.
La iniciativa, impulsada por el congresista Jason Smith, forma parte de un paquete legislativo más amplio que busca implementar varias de las promesas del presidente Donald Trump.
Algunos expertos señalan que la mayoría de las remesas son enviadas por trabajadores que ya pagan impuestos en Estados Unidos.
Un estudio de Americans for Tax Fairness indica que los inmigrantes, incluidos los indocumentados, contribuyen con más de 650.000 millones de dólares en impuestos anualmente, y que imponer este gravamen sobre las remesas podría considerarse una doble tributación.
El riesgo de rutas paralelas e inseguras
Al reducir el acceso a medios formales de envío, los expertos temen la proliferación de canales informales y menos seguros, lo que podría favorecer el surgimiento de redes criminales.
“Puede acabar con la calidad, la seguridad y la transparencia de las operaciones”, advierte Rodríguez-Sánchez.
La Cámara de Representantes tiene previsto someter a votación el proyecto en torno al fin de semana del Memorial Day (26 de mayo).
Sin embargo, se anticipa una fuerte oposición por parte de los demócratas y de algunos republicanos preocupados por las implicaciones económicas y sociales de la medida.
Luego deberá ser aprobado por el Senado -también con mayoría republicana- antes de llegar a la firma del presidente Trump, prevista para el 4 de julio, en un gesto simbólico de poder y nacionalismo económico.
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