El congresista republicano Mario Díaz-Balart aseguró este miércoles que se encuentra en diálogo con la administración de Donald Trump para impulsar un proceso legal que beneficie a los migrantes con formulario I-220A, un documento que afecta principalmente a miles de cubanos en situación irregular en Estados Unidos.
Durante una entrevista en el programa Encuentro Virtual de Telemundo 51, conducido por la periodista Gloria Ordaz, Díaz-Balart confirmó que está trabajando activamente para que los portadores de I-220A puedan acceder a una vía hacia la legalización.
“Estamos en conversaciones con la administración para buscar una solución que permita a quienes tienen I-220A obtener un estatus legal”, declaró el legislador por Florida.
El tema cobra fuerza en Washington
Las declaraciones del congresista se producen en medio de crecientes movilizaciones de migrantes cubanos afectados por el I-220A, quienes se preparan para protestar esta semana en Washington D.C., coincidiendo con los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump.
Desde que el gobierno ha endurecido sus políticas migratorias, los portadores de este formulario —emitido tras ser liberados bajo supervisión del ICE sin una fecha clara de deportación— han quedado en un limbo legal, sin acceso a permisos de trabajo ni posibilidades de ajustar estatus bajo la ley actual.
Díaz-Balart también pide presión sobre el régimen cubano
En el mismo espacio televisivo, Díaz-Balart reiteró su apoyo a políticas más duras contra el régimen de La Habana, incluyendo su respaldo a medidas para restringir las remesas y los viajes a Cuba si el gobierno no realiza cambios democráticos sustanciales.
“Mientras la dictadura siga oprimiendo al pueblo cubano, hay que cortarle los fondos. Las remesas y los viajes son fuentes clave que el régimen utiliza para mantenerse”, afirmó el congresista.
Contexto: una comunidad migrante en incertidumbre
La comunidad cubana en EE.UU., especialmente los miles que ingresaron por la frontera y recibieron el I-220A, vive con creciente angustia. El documento no garantiza estatus migratorio, ni protege contra deportación definitiva, lo que ha encendido protestas, demandas judiciales y peticiones al Congreso.
El interés de Díaz-Balart en buscar una solución legal representa un posible punto de inflexión, aunque dependerá del respaldo político dentro de la administración y el Congreso, y del curso que tome la política migratoria bajo el actual mandato de Trump.
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