El sueño de reunificación familiar que impulsa a tantos cubanos a emprender largos y complejos procesos migratorios hacia Estados Unidos se ha transformado, para algunos, en una dolorosa experiencia de frustración y desesperanza.
Tal es el caso de Liadys Madrazo, quien ha descrito a Telemundo 51 su vivencia con una frase que condensa impotencia e incredulidad: “Nosotros cumplimos y lo hicimos legalmente… y somos los que estamos siendo castigados”.
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Un camino legal que desemboca en el rechazo
Liadys inició el proceso de reunificación familiar con la esperanza de traer a sus padres a Estados Unidos, donde ella ya reside legalmente.
Todo parecía seguir el curso establecido por el sistema migratorio: formularios, entrevistas, y trámites legales completados con rigor. Su madre, ama de casa, recibió la aprobación inmediata de la visa. Pero la historia con su padre fue distinta.
A sus 60 años, el padre de Liadys fue sometido a una revisión adicional.
El motivo no fue una falta en la documentación ni un incumplimiento de requisitos, sino algo mucho más estructural: haber trabajado en una empresa estatal cubana.
Como parte del proceso, se le exigió completar un formulario para aclarar si había sido miembro del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Catorce meses después, la familia recibió una respuesta que no esperaban: La visa fue denegada, y ello a pesar de no ser su padre miembro del Partido Comunista.
“Es mi padre. Es un hombre que ha trabajado toda su vida como técnico. Nunca ha hecho daño a nadie. Solo quiere estar con sus nietos”, afirmó Liadys.
Un patrón de exclusión
El caso de la familia Madrazo no es aislado.
Según la abogada de inmigración Joana Soler, del bufete del reconocido abogado Willy Allen en Miami, al menos siete familias cubanas han sido afectadas recientemente por decisiones similares.
“Estamos hablando de personas que, simplemente, ejercían su profesión en Cuba. No eran cuadros políticos, no hacían propaganda… eran empleados”, explica Soler.
La abogada ha identificado un patrón en las negaciones: el historial laboral en instituciones del Estado cubano, como los ministerios de Salud o Educación, es considerado motivo suficiente para cuestionar la elegibilidad de los solicitantes, ello aunque no hayan sido miembros del PCC.
Las profesiones en cuestión incluyen médicos, enfermeros, maestros y técnicos, es decir, trabajadores del sector público que cumplían funciones esenciales dentro de la sociedad cubana.
El argumento que esgrimen las autoridades migratorias estadounidenses para rechazar las solicitudes es la vinculación con el aparato estatal cubano, lo cual puede hacer que la persona sea considerada inadmisible.
Un sistema incoherente y consecuencias emocionales
“La política migratoria actual busca ser más organizada y consistente. Pero lo que ha pasado aquí muestra justamente lo contrario: inconsistencia. Estas personas están siendo tratadas como si fueran una amenaza, simplemente por haber trabajado en el sistema estatal de su país”, denuncia Soler.
Frente a estas negativas, algunos solicitantes reciben una orientación por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS): presentar el formulario I-601, también conocido como solicitud de perdón por inadmisibilidad.
Sin embargo, esta vía no siempre resulta viable ni moralmente aceptable para los afectados.
“Pedir el perdón implica admitir que cometiste una falta”, aclara la abogada.
“Pero si tú llenaste los formularios con honestidad y dijiste que nunca fuiste miembro del Partido, pedir perdón sería contradecirte y podría parecer que mentiste”, añade.
Ante este dilema ético y legal, Soler ha optado por una estrategia diferente: presentar pruebas que respalden la vida profesional y cívica de sus clientes, enfatizando que ser un empleado del Estado cubano no equivale a ser parte activa del régimen político.
¿Profesionales o enemigos políticos?
Las decisiones del USCIS abren un debate profundo sobre el alcance de los criterios utilizados para evaluar la elegibilidad de los solicitantes cubanos.
En la práctica, trabajar en el Estado cubano -único empleador autorizado por ley durante décadas- ha sido inevitable para millones de ciudadanos.
Penalizar a alguien por ese pasado profesional puede constituir, según defensores de derechos migratorios, una forma de discriminación sistémica.
Este enfoque también contradice el espíritu del programa de reunificación familiar, que busca precisamente ofrecer vías legales y seguras para que los cubanos se reencuentren con sus seres queridos en Estados Unidos.
La esperanza como resistencia
Mientras los formularios de reconsideración se presentan y las pruebas se acumulan en los expedientes legales, las familias viven una espera llena de incertidumbre, dolor y anhelos truncados. La dimensión emocional de estos procesos, a menudo invisibilizada, emerge con fuerza en las palabras de Liadys:
“No queremos privilegios, solo justicia. Solo que se nos trate con humanidad”.
Historias como la suya revelan las fisuras del sistema migratorio, especialmente en contextos como el cubano, donde el empleo estatal ha sido durante años una norma y no una elección política.
En un momento histórico en el que Estados Unidos intenta redefinir su política hacia Cuba, estos rechazos visibilizan los desafíos que aún enfrentan los cubanos, incluso cuando deciden cumplir la ley y seguir los caminos legales.
Hasta el momento no existe información oficial sobre cuántas personas podrían estar en este caso, pero estiman que podrían ser unas 200 personas.
USCIS alega que es a discreción de los oficiales aceptar o denegar las visas de reunificación familiar.
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