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La Fiscalía cubana solicitó una sanción de cuatro años de trabajo correccional sin internamiento para la intelectual y activista Alina Bárbara López Hernández, acusada de desacato, desobediencia y atentado, tras su detención el 18 de junio de 2024.
Ese día, López Hernández y la antropóloga y también activista Jenny Victoria Pantoja Torres se dirigían a La Habana para participar en una protesta pacífica, cuando fueron interceptadas por la Policía en Matanzas.
La fiscal del caso, Ana Lilian Caballero Arango, presentó un extenso informe en el que solicita igualmente tres años de sanción sustitutiva para Pantoja, por el delito de atentado.
Además, deben pagar supuestos daños materiales a una oficial de policía: 650 CUP por parte de López Hernández -por la rotura de su uniforme- y 500 CUP de Pantoja por la reposición de extensiones artificiales en el pelo de la agente.
Alina califica el expediente fiscal como un "guion dramático" lleno de falsedades, cuyo objetivo es negar el carácter político del caso.
En un extenso texto publicado en Facebook, la historiadora denuncia que tanto ella como Pantoja fueron víctimas de violencia policial, lo cual derivó en lesiones físicas documentadas médicamente, pero que no se tomaron en cuenta en el proceso.
"Nosotras fuimos las golpeadas, violentadas y tratadas como animales. Aquel día temí por mi vida...", relata López Hernández, quien fue diagnosticada luego con laberintitis postraumática. Pantoja, por su parte, sufrió contusiones en el pecho tras ser inmovilizada por la misma agente.
En su declaración, arremete contra el intento de despolitizar el caso: "La fiscal pretende despojar lo ocurrido de su naturaleza política, que es más que evidente y que desnuda a un Estado en el acto de impedir -violencia mediante- el ejercicio de derechos constitucionales".
Las imputaciones no mencionan en ningún momento que ambas mujeres se dirigían a ejercer su derecho a la protesta pacífica.
En cambio, las describen como protagonistas de una trifulca vial, con versiones que López califica de "inverosímiles" y "absurdas".
A pesar de gozar de reconocida trayectoria intelectual, las dos enfrentan un proceso judicial que, según denuncian, busca castigar su activismo cívico y enviar un mensaje disuasorio a quienes cuestionan al sistema.
El juicio aún no tiene fecha, pero López ha advertido que en el banquillo "no estaremos nosotras solas: será la Constitución de 2019 la que se siente, una vez más, como acusada", en alusión a la contradicción entre los derechos que la Carta Magna reconoce y su aplicación práctica bajo una dictadura.
El caso generó reacciones entre activistas y defensores de derechos humanos dentro y fuera de la Isla, quienes advierten que esa forma de criminalización del disenso vulnera los compromisos internacionales asumidos por el Estado cubano.
"Las dictaduras no pueden disfrazarse de democracias, aunque lo intenten", sentenció López Hernández, dejando clara su postura de resistencia pacífica ante lo que considera un juicio político encubierto.
El juicio contra las dos intelectuales se realizará en el Tribunal Municipal Popular de Matanzas.
"En los próximos días haremos una declaración donde quedará clara nuestra postura acerca de la sanción propuesta por Fiscalía", anunció Alina Bárbara.
Esta no será la primera vez que la destacada académica se siente en el banquillo de los acusados.
En noviembre de 2023 fue sometida a juicio por un presunto delito de desobediencia, luego de que en abril de ese año saliera con un cartel al parque central de Matanzas para exigir la liberación del escritor y periodista Jorge Fernández Era.
En el proceso fue hallada culpable y sancionada a pagar una multa.
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