El presidente Donald Trump solicitó este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos que autorice a su administración a deportar migrantes a países que no sean su lugar de origen, como Sudán del Sur, desatando una ola de críticas por parte de defensores de derechos humanos y organizaciones migratorias, informó CNN.
La medida se basa en una política instaurada tras el retorno de Trump al poder, que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) trasladar a personas migrantes a naciones “terceras” sin necesidad de notificación previa ni posibilidad de que los afectados aleguen riesgo de persecución, tortura o muerte en esos destinos.
La política volvió a la luz pública recientemente cuando la administración transfirió a varios migrantes detenidos a Sudán del Sur, un país devastado por la guerra civil y la violencia étnica. Según registros judiciales, los detenidos no tuvieron oportunidad real de oponerse a su traslado ni de contactar a sus abogados, ya que el proceso se desarrolló fuera del horario laboral.
El juez federal Brian Murphy, designado por la administración Biden, bloqueó la medida en marzo al considerar que la deportación sin notificación ni derecho a defensa viola el debido proceso. “Fue imposible para estas personas tener una oportunidad significativa de oponerse a su traslado a Sudán del Sur”, afirmó Murphy en su fallo.
En una orden reciente, el magistrado estipuló que los funcionarios deben proporcionar al menos 72 horas de aviso previo a los migrantes antes de ser entrevistados para alegar temor creíble, y que quienes no sean considerados en riesgo deberán tener 15 días adicionales para intentar reabrir sus casos.
La administración de Trump respondió elevando el caso a la Corte Suprema, argumentando que la orden judicial representa una amenaza para la política exterior estadounidense y que impide ejecutar expulsiones necesarias.
En su presentación, el Gobierno sostuvo que se ve obligado a elegir entre mantener a los detenidos en instalaciones militares en el extranjero, lo que compromete relaciones diplomáticas, o traerlos de regreso a territorio estadounidense.
“El país enfrenta una crisis de inmigración ilegal, en gran parte porque muchos extranjeros que más merecen ser expulsados son también los más difíciles de remover”, señaló el Departamento de Justicia en su apelación.
Trump ha defendido que su política ya contempla medidas para evitar que las personas deportadas sufran torturas, incluyendo supuestas “garantías diplomáticas” por parte de los países receptores.
El conflicto se agudizó luego de que CNN reportara planes del Gobierno de enviar migrantes a Libia y Arabia Saudita. El Ministerio de Exteriores de Libia negó cualquier acuerdo con Estados Unidos para aceptar deportaciones. La Corte de Apelaciones del Primer Circuito también rechazó suspender la orden del juez Murphy, alertando sobre el riesgo de “daños irreparables” por expulsiones erróneas.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que esta política violaría compromisos internacionales como la Convención contra la Tortura, que prohíbe explícitamente el envío de personas a países donde puedan ser sometidas a tratos inhumanos.
El pasado 25 de mayo, salieron a la luz detalles de una operación que trasladó a varios ciudadanos, entre ellos dos cubanos, detenidos en EE.UU. hasta Sudán del Sur. Según se informó, el viaje se realizó en un vuelo militar y sin que los deportados recibieran información clara sobre su destino final ni la posibilidad de impugnar la medida.
Fuentes cercanas al caso afirmaron que los cubanos afectados fueron sacados de centros de detención migratoria durante la madrugada y enviados en condiciones de incomunicación, lo que viola disposiciones judiciales vigentes y tratados internacionales sobre protección de personas vulnerables.
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