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El preso político cubano Manuel de Jesús Rodríguez García, recluido en la Prisión Kilo 5 y ½ en Pinar del Río, inició una huelga de hambre el 28 de mayo, tras conocer que el régimen intenta “fabricarle” un nuevo delito para evitar su liberación pese a cumplir su condena.
La denuncia fue difundida por la activista Betty Guerra Perdomo en la red social X, tras la información proporcionada por su madre, Nilda García Fleitas, quien lo visitó este lunes en horas de la mañana.
Manuel debe salir en libertad el próximo 12 de junio, tras cumplir íntegramente una condena que, según diversas fuentes, ha sido calificada como injusta. Sin embargo, su familia y activistas denuncian que el régimen intenta imponer nuevos cargos para extender su encarcelamiento, una práctica habitual del gobierno cubano para silenciar a disidentes y opositores.
Un caso con años de abusos
Rodríguez García fue condenado en diciembre de 2016 por los delitos de desacato, atentado, ultraje sexual y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires.
En 2019, CiberCuba informó que estuvo semanas en una celda de castigo en la misma prisión, sin acceso a luz solar, como denunció entonces la opositora María Cristina Garrido.
En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Rodríguez, al determinar que su situación implicaba un riesgo grave y urgente de daño irreparable a sus derechos.
Según la Resolución 78/21 de la CIDH, estas medidas se basaron en pruebas de golpizas, amenazas y falta de atención médica adecuada, aunque Cuba nunca respondió a las solicitudes de información.
Una denuncia que exige visibilidad
La activista Betty Guerra Perdomo instó a compartir y visibilizar esta denuncia, para que Rodríguez García y su familia no queden aislados en su lucha. La comunidad opositora teme que el gobierno cubano utilice nuevas acusaciones para prolongar la condena, mientras el detenido enfrenta condiciones precarias y sin acceso garantizado a la salud.
Este caso se suma a una larga lista de violaciones de derechos humanos cometidas contra disidentes en la isla, evidenciando una vez más la falta de garantías legales y el uso del aparato judicial para castigar la disidencia.
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