Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos bloqueó este viernes la entrada en vigor de la polémica ley antiinmigrante impulsada por el gobernador Ron DeSantis en Florida, al considerar que su aplicación podría ser inconstitucional.
La medida, identificada como SB 4-C, criminaliza la migración irregular en el estado y ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos civiles.
El Undécimo Tribunal de Apelaciones de EE. UU., con sede en Atlanta, denegó de forma unánime la solicitud del fiscal de Florida, James Uthmeier, quien pretendía suspender una orden judicial previa que bloqueó la implementación de la ley desde el mes pasado, informó la agencia EFE.
Promovida por el gobernador Ron DeSantis, la ley SB 4-C convierte en delito estatal la entrada sin inspección al país, sin distinguir si las personas afectadas posteriormente regularizaron su estatus o no cometieron ningún otro delito.
Además, impone la prisión preventiva obligatoria para quienes sean detenidos bajo este precepto, sin analizar sus circunstancias personales.
El fallo del tribunal subraya que la legislación “es probablemente inconstitucional”, razón por la cual se mantiene suspendida mientras avanza el litigio legal.
La ley fue aprobada en febrero de 2025 y fue rápidamente impugnada por organizaciones defensoras de los inmigrantes, quienes la consideraron una violación a la ley federal y a los derechos constitucionales básicos.
La demanda fue presentada por la Coalición de Inmigrantes de Florida, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varios individuos afectados, en representación de todas las personas potencialmente perjudicadas por la normativa.
“Esta decisión no es solo una victoria legal, sino un rotundo rechazo a la crueldad disfrazada de política”, expresó Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida, en un comunicado.
La abogada calificó la ley como un “flagrante abuso de poder” orientado a castigar a los inmigrantes y dividir a las comunidades mediante el miedo y la discriminación racial.
Por su parte, Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, señaló que el fallo se suma a una serie de decisiones similares tomadas en Florida, Texas y Oklahoma, donde otros tribunales también bloquearon leyes estatales antiinmigrantes.
“Es hora de que los estados entiendan el mensaje: las leyes estatales de inmigración son inconstitucionales”, concluyó Wofsy.
La ley SB 4-C es parte del endurecimiento de políticas migratorias promovidas por DeSantis, quien ha hecho de la inmigración irregular uno de los ejes de su agenda política.
Sin embargo, expertos en derecho constitucional y migratorio han advertido que la regulación de la inmigración es competencia exclusiva del gobierno federal, lo que convierte en cuestionables muchas de las leyes estatales en esta materia.
La decisión del tribunal de apelaciones representa un revés judicial significativo para el gobierno de Florida, y envía un mensaje claro sobre los límites legales del accionar estatal frente a cuestiones migratorias.
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