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El Fiscal General de Florida ordenó este viernes a los funcionarios de inmigración que dejen de aplicar la ley SB-4C, destinada a tomar medidas severas contra los inmigrantes indocumentados que entren o regresen a Florida
Según confirmó el Miami Herald, el fiscal general de Florida, James Uthmeierel, ordenó al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, la Patrulla de Carreteras de Florida, los Sheriffs de Florida y los Jefes de Policía de Florida "cumplir" con las "directivas" de la jueza de distrito Kathleen Williams, quien restringió la ley SB 4-C a inicios de abril.
La decisión se produce luego de que el viernes, en una vista celebrada en un tribunal federal de Miami, trascendiera que las fuerzas del orden de Florida han realizado hasta 15 detenciones en las últimas dos semanas, incumpliendo la orden emitida el 4 de abril por Kathleen Williams.
"Cuando emití la orden de restricción temporal, nunca se me ocurrió que los agentes de policía no estarían obligados por ella", dijo Williams este viernes, según el Herald. "Nunca se me ocurrió que los fiscales estatales no darían instrucciones a las fuerzas del orden para que no tuviéramos estas desafortunadas detenciones".
Williams notificó a los abogados de la oficina de Uthmeier que tanto los funcionarios estatales como los agentes del orden estaban obligados a suspender las detenciones por la nueva ley estatal que tipifica como delito menor la entrada en Florida de inmigrantes indocumentados que ingresaron en Estados Unidos sin inspección.
Uthmeier, no obstante, explicó que no estaba de acuerdo con el "alcance" de la orden. "Debo señalar mi desacuerdo con esta orden", escribió, en un correo electrónico obtenido por el Herald. "Por las razones que mi oficina ha argumentado y seguirá exponiendo en el tribunal, esta aclaración de la orden anterior de Williams es a la vez errónea en cuanto al fondo y excesivamente amplia en su alcance".
La legislación SB-4C crea delitos estatales para los inmigrantes indocumentados que entraran o volvieran a entrar en Florida y establece que "un extranjero no autorizado que tenga 18 años de edad o más y que a sabiendas ingrese o intente ingresar a este estado después de ingresar a Estados Unidos eludiendo o evitando el examen o inspección por parte de los oficiales de inmigración, comete un delito menor de primer grado. Una persona declarada culpable de una violación de esta subsección debe ser sentenciada a un término mínimo obligatorio de encarcelamiento de 9 meses".
En un segundo inciso, la ley pide encarcelamiento por un año y un día a quien tenga una condena previa por una violación de la sección anterior y reincida.
La decisión de Williams se produjo días después de que la Coalición de Inmigrantes de Florida, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y demandantes individuales presentaran una demanda alegando que la ley viola lo que se conoce como la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE.UU. porque la aplicación de las políticas de inmigración es una responsabilidad federal.
En opinión de Williams,la disposición de detención obligatoria mediante la ley limita la discrecionalidad de las fuerzas del orden federales para recomendar la puesta en libertad antes del juicio y obstruye la capacidad de los tribunales federales para llevar a cabo procedimientos que requieren la presencia de los acusados, pues son encarcelados bajo la SB 4-C.
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