El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido objeto de fuertes críticas tras revelarse que compartió con las autoridades de deportación los datos personales de millones de inscritos en el programa Medicaid, incluyendo su estatus migratorio.
La acción, que se enmarca en una ofensiva migratoria de gran alcance, podría tener profundas implicaciones para las comunidades inmigrantes en todo el país.
Según documentos obtenidos por The Associated Press, incluidos un memorando interno y correos electrónicos, los funcionarios del Medicaid intentaron sin éxito bloquear la transferencia de datos hacia el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), citando "preocupaciones jurídicas y éticas".
A pesar de ello, dos asesores de alto nivel del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron que los datos fueran entregados.
Lo más alarmante fue el escaso margen de tiempo otorgado: los funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) tuvieron solo "54 minutos el martes para acatar la directriz".
¿Qué tipo de información fue compartida?
Los datos transferidos incluyen nombres, direcciones, números de seguro social y detalles de reclamaciones médicas.
Lo más leído hoy:
Afectan principalmente a personas que viven en California, Illinois, el estado de Washington y Washington, D.C., donde los programas estatales de Medicaid permiten que inmigrantes no ciudadanos reciban cobertura médica utilizando únicamente fondos estatales.
La transferencia coincidió con una intensificación de las redadas migratorias en el sur de California, aumentando aún más las preocupaciones sobre el uso de la información entregada.
Preocupaciones legales y éticas
La subdirectora del Medicaid, Sara Vitolo, emitió un memorando fechado el 6 de junio en el que advirtió que compartir esa información “violaría distintas leyes federales, incluidas la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974”.
Vitolo explicó que “varias autoridades jurídicas y regulatorias federales no permiten que los CMS compartan esta información con entidades fuera de los CMS” y subrayó que solo puede utilizarse “para la administración directa del programa Medicaid”.
Sin embargo, cuatro días después, altos funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ordenaron la entrega de los datos “al DHS para las 5:30 tiempo del Este de hoy”, según consta en correos electrónicos obtenidos por AP.
Reacciones desde los estados
Desde California, el gobernador Gavin Newsom expresó su preocupación: “Valoramos profundamente la privacidad de todos los californianos. Esta posible transferencia de datos que nos ha hecho saber la AP es extremadamente preocupante y, de ser cierta, es potencialmente ilegal”.
"Esto debería preocuparnos profundamente a todos. Atacar a familias por su estatus migratorio es una infracción peligrosa y estamos explorando todas las vías para proteger su información", escribió en otra publicación.
También legisladores como la representante federal Laura Friedman condenaron el hecho: “Nunca deberíamos usar la necesidad de una persona de ir al médico en su contra. Esto sólo llevará a más caos y dolor en nuestras comunidades”.
Funcionarios de salud de Illinois también señalaron estar “profundamente preocupados”, y subrayaron que “tienen entendido que los datos están protegidos por la Ley de Privacidad de 1974 y otras regulaciones federales, que protegen los derechos de los estadounidenses sobre datos personales y de salud delicados”.
Justificación oficial: Evitar beneficios a inmigrantes indocumentados
Andrew Nixon, portavoz del HHS, defendió la legalidad de la entrega.
"El HHS actuó completamente dentro de su autoridad legal -y en total cumplimiento con todas las leyes aplicables-, para asegurar que los beneficios del Medicaid estén reservados para individuos que tienen el derecho legal a recibirlos”, dijo.
Desde el DHS, la secretaria adjunta Tricia McLaughlin explicó que Trump “prometió proteger el Medicaid para los beneficiarios elegibles. Para cumplir esa promesa después de que (el expresidente) Joe Biden inundó a nuestro país con decenas de millones de inmigrantes ilegales, los CMS y el DHS están explorando una iniciativa para asegurar que los inmigrantes ilegales no reciban beneficios del Medicaid destinados a estadounidenses respetuosos de la ley”.
Impacto en la política migratoria y sanitaria
Expertos advierten que estos datos no solo facilitarán la localización de inmigrantes para su detención, sino que podrían usarse “para frustrar las esperanzas de aquellos que desean obtener la residencia legal, la residencia permanente o naturalizarse si alguna vez obtuvieron beneficios del Medicaid financiados por el gobierno federal”.
Además, existe el temor de que esta política tenga un efecto disuasorio en la colaboración entre los estados y el gobierno federal.
Como señaló Vitolo en su memorando, compartir información con el DHS podría hacer que los estados “retengan información” para evitar consecuencias legales o políticas adversas.
Funcionarios y exfuncionarios federales señalaron lo inusual de esta maniobra.
Jeffrey Grant, exempleado de carrera de los CMS, comentó: “El DHS no desempeña ningún papel en nada relacionado con el Medicaid”.
La controversia también se extiende a otros ámbitos.
En mayo, un juez federal permitió que el Servicio Interno de Impuestos (IRS) compartiera información fiscal de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el fin de ayudar a localizar a personas sin estatus legal.
Programas estatales bajo amenaza
Siete estados y el Distrito de Columbia han creado programas estatales que permiten a inmigrantes sin estatus legal recibir cobertura médica completa mediante fondos estatales. Todos tienen gobernadores demócratas.
Algunos de estos programas ya enfrentan dificultades presupuestarias: California ha congelado la inscripción y, en julio, Illinois cerrará su programa que cubre a unas 30,000 personas.
Mientras tanto, otros estados como Nueva York, Oregon, Minnesota y Colorado aún no han compartido datos identificables con los CMS.
Según The Associated Press, funcionarios de salud pública de estos estados están revisando cuidadosamente las solicitudes federales para proteger la información de sus residentes.
Preguntas frecuentes sobre el uso de datos de Medicaid para deportaciones en EE.UU.
¿Cómo utilizó el gobierno de Trump los datos de Medicaid para deportar inmigrantes indocumentados?
El gobierno de Trump compartió los datos personales de millones de inscritos en Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para facilitar la deportación de inmigrantes indocumentados. Esta acción fue parte de una ofensiva migratoria que incluyó el uso de información como nombres, direcciones y números de seguro social. Esta política se enmarca en una serie de medidas más amplias de control migratorio implementadas por la administración de Trump.
¿Qué preocupaciones legales y éticas genera el uso de datos de Medicaid para deportaciones?
El uso de datos de Medicaid para deportaciones podría violar distintas leyes federales, incluidas la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974. Funcionarios del Medicaid advirtieron sobre las preocupaciones jurídicas y éticas de compartir esta información, señalando que la ley federal no permite compartir datos personales de beneficiarios de Medicaid con entidades fuera de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).
¿Cuál fue la reacción de los estados ante la transferencia de datos de Medicaid al DHS?
Varios estados, como California e Illinois, expresaron su profunda preocupación por la transferencia de datos de Medicaid. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la medida como "extremadamente preocupante" y potencialmente ilegal, afirmando que se exploran vías para proteger la información de los residentes. Los estados temen que la colaboración con el DHS pueda llevar a consecuencias legales y políticas adversas.
¿Qué implicaciones tiene el uso de datos de Medicaid para la política migratoria en EE.UU.?
El uso de datos de Medicaid podría facilitar la localización y detención de inmigrantes indocumentados, pero también tiene el potencial de disuadir la colaboración entre los estados y el gobierno federal en programas de salud. Expertos advierten que esta política podría frustrar las esperanzas de aquellos que desean obtener la residencia legal, afectando la confianza en los sistemas de salud pública y de inmigración.
Archivado en:
