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El jefe de la Policía de Miami, Manny Morales, intentó restar dramatismo a la controversia desatada tras la aprobación de un acuerdo de colaboración de la Policía de esa ciudad con ICE, al asegurar que la participación del cuerpo policial será mínima.
Morales explicó que solo tres de los 1,400 oficiales del departamento serán entrenados para formar parte del programa.
“Los oficiales que serían determinados para operar en ese grupo tendrán la misma autoridad que cualquier oficial de inmigración de Estados Unidos después de que estén trabajando bajo su supervisión. Cuando están haciendo sus otras operaciones son un oficial regular del Departamento de la Policía”, afirmó Morales en declaraciones a la prensa local.
El acuerdo fue aprobado por la Comisión de la Ciudad de Miami con tres votos a favor -Joe Carollo, Miguel Gabela y Rafael Rosado- y dos en contra, los de Damián Pardo y Christine King.
La decisión tuvo lugar después de largas horas de testimonio por parte de ciudadanos y organizaciones preocupados por el impacto que ese tipo de colaboración pueda tener en una ciudad donde casi el 60% de los habitantes nació en el extranjero y el 70% es de origen hispano.
El argumento de Morales: Función limitada y bajo perfil
Según Morales, los tres agentes seleccionados recibirán un entrenamiento de 40 horas para integrarse a un grupo operativo en conjunto con ICE.
No obstante, dejó claro que estos agentes continuarán cumpliendo sus funciones regulares como oficiales de policía cuando no estén operando bajo la supervisión de las autoridades federales.
La explicación de Morales intentó aminorar las preocupaciones de activistas y sectores de la comunidad que temen que la medida fomente la desconfianza hacia la policía y aumente el riesgo de deportaciones indiscriminadas.
A favor: Cumplimiento legal y protección de fondos estatales
Entre quienes votaron a favor, el argumento central fue evitar sanciones económicas para la ciudad.
El comisionado Miguel Ángel Gabela defendió la decisión asegurando que el acuerdo con ICE es necesario para cumplir con las leyes estatales de Florida y preservar entre 20 y 30 millones de dólares en fondos que considera vitales para el desarrollo de su distrito.
“Se firmó para poder estar dentro de la ley dentro del estado de la Florida, y eso quiere decir que no nos pueden quitar los fondos que equivalen a 20 ó 30 millones. Yo he luchado duro para ir a Tallahassee a luchar esos fondos para hacer proyectos en mi distrito de carreteras”, dijo Gabela.
Carollo y Rosado compartieron su apoyo al acuerdo por los mismos motivos económicos, subrayando que la ciudad no puede permitirse perder subvenciones estatales por no alinearse con las leyes vigentes.
En contra: Impacto social, miedo y riesgo de deportaciones
Por otro lado, los comisionados que votaron en contra advirtieron sobre los riesgos sociales y morales del acuerdo.
Los grupos de defensa de los inmigrantes argumentan que se está sacrificando la cohesión comunitaria por dinero, y que el miedo a la policía podría recrudecerse entre sectores ya vulnerables.
Paul Namphy, activista de Family Action Network Movement, expresó su alarma por las consecuencias humanas del acuerdo:
“Florida se beneficia de la diversidad y la resiliencia de las comunidades inmigrantes de Haití, de Venezuela, de Cuba, Nicaragua, Colombia, El Caribe, América Latina y más allá”, dijo Namphy.
“Están las cicatrices morales de dividir familias y enviar a personas queridas al peligro en sus países de origen. Estos esfuerzos de deportar a nuestras comunidades también va a destruir la economía de la Florida”, advirtió.
Una ciudad en tensión
La polémica deja al descubierto una profunda división en Miami: entre la necesidad de seguir las directrices estatales y asegurar recursos económicos, y la voluntad de proteger a las comunidades inmigrantes que han sido históricamente parte fundamental del tejido social y económico de la ciudad.
Aunque Morales intentó calmar las aguas al subrayar el carácter limitado y técnico de la participación policial, las críticas no ceden.
Para muchos, el simple hecho de colaborar con ICE representa una traición a los valores de una ciudad forjada por inmigrantes.
A pesar de su marcada población inmigrante, varias ciudades del sur de Florida han suscrito acuerdos de colaboración con ICE mediante el programa 287(g).
En el condado de Miami-Dade, destacan Miami, Homestead, Hialeah, Doral, Sweetwater, Coral Gables, West Miami, Miami Springs y Sunny Isles Beach.
En el condado de Broward se han adherido Davie y Pompano Beach; mientras que en el archipiélago de los Cayos, perteneciente al condado Monroe, se han sumado Key West y Key Colony Beach.
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