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Mientras el canciller cubano Bruno Rodríguez denuncia desde su cuenta oficial en X las condiciones de los migrantes cubanos en centros de detención de Estados Unidos, miles de presos dentro de Cuba continúan sufriendo torturas, negligencia médica y condiciones infrahumanas en las cárceles del régimen.
“Los políticos anticubanos del sur de la Florida pretenden desentenderse de las pésimas condiciones de los migrantes en centros de detención. Desvían la atención de su responsabilidad en políticas antinmigrantes del gobierno de #EEUU que afecta a familias cubanas”, escribió Rodríguez.
El contraste entre su mensaje y la realidad en la isla ha desatado indignación. Activistas, periodistas y familiares de presos denuncian que mientras el gobierno intenta lavar su imagen ante organismos internacionales como la ONU, la represión y el abandono son moneda común en las cárceles cubanas.
“Respeto” en la ONU, tortura en las prisiones
El pasado viernes, la misión diplomática de Cuba ante Naciones Unidas aseguró en X que la isla expuso “buenas prácticas” en el tratamiento a personas privadas de libertad, durante el aniversario de las Reglas Mandela. El gobierno se jactó de garantizar “dignidad humana, reinserción social, acceso a la educación, el trabajo y la cultura” en sus centros penitenciarios.
Pero la respuesta desde dentro y fuera del país fue inmediata.
“Una falta de respeto absoluta y total”, calificó el periodista José Raúl Gallego la intervención oficial. “Que lo digan los expresos políticos, los familiares de los presos o cualquier persona que haya pasado por una cárcel en Cuba”.
Las Reglas Mandela, adoptadas por la ONU, exigen trato digno a los reclusos: sin tortura, con acceso médico, visitas familiares, defensa legal, y sin discriminación. Sin embargo, la realidad cubana las viola sistemáticamente.
Solo entre 2022 y 2024, al menos 56 personas murieron bajo custodia en Cuba, según la organización no gubernamental Cubalex. Muchas por falta de atención médica o violencia institucional. En 2024, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó más de 40 muertes similares en prisiones de la isla.
Casos como el de Inoel Rodríguez, brutalmente golpeado por guardias en la prisión de Ariza, o Jorge Luis Torres Vaillant, fallecido por desnutrición en Santiago de Cuba, demuestran un patrón de abuso, abandono y tortura que contradice todo discurso oficial.
Mientras tanto, un SOS desde EE.UU.
Rodríguez aprovechó para su tuit la noticia de principios de junio en la que se informaba que inmigrantes cubanos detenidos en el centro de procesamiento de Krome, en Florida, formaron un SOS con sus cuerpos y camisetas, junto a las palabras “Cuba" y "Libre”, como grito desesperado ante las condiciones que enfrentan.
El recinto alberga a más de 1,700 personas en un espacio destinado a 600, según denunció Thomas Kennedy, de la Florida Immigrant Coalition. Celdas para 12 personas están ocupadas por hasta 40.
Aunque ICE afirma garantizar condiciones “seguras y humanas”, un reportaje del Miami Herald reveló cuatro muertes bajo custodia en Florida entre diciembre y abril. Entre los fallecidos, un inmigrante ucraniano que sufrió un derrame cerebral sin recibir auxilio a tiempo, y un joven hondureño medicado incorrectamente que murió por complicaciones psiquiátricas mal tratadas.
La congresista Debbie Wasserman Schultz visitó el centro y lo calificó como inhumano y hacinado, con detenidos que ni siquiera tienen antecedentes penales ni han recibido debido proceso legal.
El doble discurso de La Habana
La narrativa del régimen cubano, que hoy se muestra preocupado por sus nacionales detenidos en EE.UU., contrasta brutalmente con el abandono que impone a los cubanos dentro de sus propias fronteras.
Mientras los organismos del gobierno denuncian políticas “antimigrantes” de Washington, silencian las políticas antihumanas aplicadas en sus prisiones. Hablan de “dignidad” en foros internacionales, pero castigan con hambre, encierro y muerte a quienes piensan distinto.
El grito de “SOS Cuba Libre” que resonó desde Krome no solo interpela a las autoridades estadounidenses. También clama contra un sistema que castiga la libertad dentro de la isla y utiliza el sufrimiento de sus migrantes como arma política fuera de ella.
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