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La familia de Irina García, la cubana de 39 años asesinada presuntamente por su propio hijo en octubre de 2023, enfrenta una nueva y dolorosa afrenta: la circulación en redes sociales de imágenes explícitas de su cuerpo sin vida.
Esta grave invasión a la privacidad ha impulsado a la familia a presentar una demanda civil contra cuatro instituciones gubernamentales con la intención de identificar y castigar a los responsables.
El abogado de la familia, Stephan López, ha confirmado que se encuentra en plena preparación de una demanda civil.
“La policía de Hialeah, los detectives de Major Crimes, la fiscalía de Miami-Dade County de Kathy Fernández Rundle, el examinador médico y el secretario del tribunal de la corte de Miami Dade County tuvieron acceso a información privada sobre el cadáver de Irina”, señaló López en declaraciones Telemundo 51, haciendo alusión directa a las cuatro entidades gubernamentales que ahora están bajo escrutinio.
Estas instituciones fueron notificadas formalmente y, según el abogado, una investigación interna deberá llevarse a cabo durante un proceso de seis meses.
El objetivo: esclarecer cómo ocurrió la filtración y determinar quiénes fueron los autores materiales o intelectuales de lo que López califica como una “fechoría”.
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Esta vulneración ha encendido las alarmas sobre cómo material altamente confidencial y sensible, bajo custodia de las autoridades, terminó en manos ajenas y llegó incluso a publicarse.
Las fotografías, según denuncian, provienen directamente del lugar del crimen y deberían haber estado resguardadas por las entidades encargadas de la investigación.
Según López, las fotos en cuestión no son las que Derek Rosa presuntamente compartió con un amigo en redes sociales tras el crimen.
Se trata, afirma, de imágenes tomadas por la policía, por el examinador médico y a las que solamente podían tener tener acceso personas implicadas en la investigación.
La publicación de las fotos constituye, según sus palabras, como mínimo “negligencia” y una “violación de los derechos como ser humano” tanto de Irina García como de sus familiares directos.
Una familia que no busca dinero, sino justicia
A pesar de que las demandas civiles usualmente concluyen con compensaciones monetarias, López fue claro en que el objetivo de sus clientes no es económico.
“Lo que menos le interesa a Isabel y a José es el dinero. A ellos no les interesa el dinero y a mí tampoco”, recalcó.
Lo que la familia quiere, en palabras de su abogado, es justicia.
“Lo único que quieren es justicia, que sepan quiénes son los autores intelectuales de esta fechoría”, insistió López.
Condolencias y rechazo público a la difusión
Tanto Isabel Acosta como José Rosa, padre del menor acusado, han alzado su voz no solo contra la filtración, sino contra el tratamiento del caso en redes sociales y la insensibilidad general con que algunos usuarios han manejado la información.
“Cuando el dolor no te choca a ti directamente es cuando hay mucha ignorancia y el nivel del sentimiento falta. Es una falta de respeto”, dijo José Rosa.
Isabel Acosta, por su parte, se mostró devastada: “Esa fue la noche más negra de mi vida, yo pensaba que eso no era una cosa real, que eso no me estaba pasando a mí”.
“Que nunca quieran vivir lo que yo estoy viviendo. Que respeten la memoria de mi hija y el dolor que tengo yo”, expresó entre lágrimas Acosta.
Este nuevo episodio de indignación se suma a la tragedia ocurrida el 12 octubre de 2023, cuando Irina fue asesinada en Hialeah presuntamente por su hijo de 13 años, Derek Rosa.
Aquel hecho conmocionó a la comunidad; ahora, la revictimización de la familia profundiza aún más su sufrimiento.
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