Una nueva acción legal ante una Corte Federal de Boston ha reavivado las esperanzas de miles de migrantes beneficiarios del programa de parole humanitario implementado por la administración de Joe Biden en 2023.
El caso, impulsado por un grupo de patrocinadores y beneficiarios, busca frenar una revocación masiva de permisos que amenaza con dejar a miles de personas en situación de deportación.
Aunque la Corte Suprema de EE.UU. había previamente autorizado a la administración Trump a revocar el parole y los permisos de trabajo concedidos bajo este programa, el litigio sigue activo.
Los demandantes, con el respaldo de organizaciones como Justice Action Center, han introducido una moción de juicio sumario en busca de una decisión definitiva que ampare legalmente a cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses beneficiarios del parole.
¿Qué busca la moción?
El objetivo de la moción es obtener una sentencia rápida que suspenda la revocación inmediata de los beneficios migratorios otorgados por el programa, según reveló Telemundo 51.
Adela de la Torre, portavoz de Justice Action Center, ha explicado que si la jueza aprueba la moción, se paralizaría la cancelación de los permisos de residencia y trabajo, ofreciendo un alivio temporal a miles de familias.
Esta solicitud no plantea un cambio en los criterios de elegibilidad del parole, sino que propone la aceleración del calendario judicial y administrativo, permitiendo que las solicitudes pendientes -entregadas antes de la suspensión temporal del programa- sean procesadas sin más dilación.
Los demandantes enfatizan que, de no aprobarse la moción, miles de personas quedarán expuestas a la deportación tras haber ingresado de manera legal y siguiendo todos los requisitos impuestos por el gobierno estadounidense.
Muchos ya habían comenzado procesos de integración: establecieron domicilios, obtuvieron empleos y matricularon a sus hijos en escuelas.
La eliminación repentina de su estatus no solo pone en riesgo sus vidas y estabilidad familiar, sino que representa una ruptura del principio de buena fe por parte de las autoridades migratorias, afirman los abogados del caso.
Además del intento por frenar las revocaciones, los abogados presentaron una moción adicional para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) resuelva con urgencia las solicitudes de parole que quedaron pendientes antes de la suspensión del programa.
Esta medida se enmarca en una orden judicial previa que instruía al USCIS a retomar el procesamiento de peticiones ya entregadas por nacionales de los cuatro países incluidos.
De hecho, esta reanudación habría comenzado recientemente, pero los peticionarios consideran que aún no se ha establecido un cronograma claro y justo.
Antecedentes: El fin abrupto de un programa clave
El programa de parole humanitario fue lanzado en enero 2023 como una herramienta legal para atender a migrantes provenientes de países con crisis políticas y económicas profundas.
Permitía a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresar legalmente a Estados Unidos si contaban con un patrocinador en el país.
De acuerdo con datos del gobierno federal, más de 530,000 personas recibieron autorización para viajar a territorio estadounidense bajo ese programa, de ellos 110,000 son cubanos.
Sin embargo, el pasado jueves el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el cese inmediato de los permisos de permanencia y permisos de trabajo para quienes ingresaron al país bajo el parole.
La medida incluyó una notificación formal por correo electrónico a los beneficiarios, en la que se les informaba de la terminación de su estatus migratorio y se les instaba a abandonar el país de manera voluntaria.
De no hacerlo, podrían ser detenidos o deportados sin posibilidad de organizar asuntos personales o recurrir legalmente, según advirtió el DHS en su comunicado.
Un futuro incierto, pero con esperanza
La resolución de esta moción podría marcar un antes y un después para miles de migrantes que, tras haber ingresado de forma legal a los Estados Unidos, ahora enfrentan el fantasma de la deportación.
Aunque el panorama sigue siendo incierto, el proceso judicial abierto en Boston representa una vía de esperanza para quienes han apostado por un futuro mejor bajo el amparo de la ley estadounidense.
Por ahora, la comunidad migrante y sus defensores esperan que la justicia otorgue una solución definitiva que garantice no solo la permanencia de los beneficiarios actuales, sino también el tratamiento justo y equitativo de las solicitudes aún pendientes.
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