El centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz se ha convertido en el epicentro de una creciente oleada de denuncias legales, encabezadas por organizaciones defensoras dederechos humanos y representantes legales que acusan al Gobierno de Donald Trump y a las autoridades estatales de Florida de violar derechos fundamentales de los inmigrantes detenidos allí.
La falta de acceso efectivo a asesoría legal ha sido el detonante principal de una de las demandas más sonadas, que marca un hito en la batalla jurídica en torno a este controvertido centro.
Abogados sin acceso, migrantes sin defensa
Una demanda presentada esta semana por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida y la organización Americans for Immigrant Justice denuncia que los detenidos en Alligator Alcatraz no sólo enfrentan condiciones inhumanas, sino que también se les impide ejercer su derecho básico a la defensa legal.
Los demandantes, entre ellos bufetes como Florida Keys Immigration y Sanctuary of the South, así como varios migrantes detenidos, alegan que se les ha bloqueado el acceso a sus representados, se han restringido las visitas presenciales, las llamadas telefónicas seguras y el intercambio de documentos jurídicos.
Además, advierten que ni siquiera pueden presentar solicitudes de liberación condicional ante un sistema migratorio confuso, que no aclara si la custodia es estatal o federal.
"Estas restricciones violan los derechos de las personas detenidas y de las organizaciones de servicios jurídicos", advierte el documento legal -citado por la agencia EFE- que pone el foco en la opacidad del proceso y la falta de garantías mínimas.
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Uno de los elementos más preocupantes es el intento del estado de Florida de establecer su propio sistema de “justicia migratoria” dentro del centro, con oficiales del Cuerpo de Abogados Generales de la Guardia Nacional entrenados para actuar como jueces de inmigración.
Aunque este plan aún no ha sido implementado formalmente, ha despertado alarma entre defensores del debido proceso y especialistas en derechos constitucionales.
Hasta la fecha, algunos detenidos han tenido audiencias en el Tribunal de Inmigración de Krome, el más cercano a las instalaciones, pero muchos abogados siguen enfrentando obstáculos para determinar la jurisdicción de sus casos.
La confusión persiste: ¿Están los migrantes bajo custodia del estado o del gobierno federal?
Condiciones inhumanas en los Everglades
A esta crisis de representación legal se suman las condiciones extremas en las que viven los cientos de migrantes detenidos en Alligator Alcatraz.
Testimonios recopilados por los abogados describen temperaturas abrasadoras, plagas de mosquitos, escasez de agua potable, comida en mal estado y carpas improvisadas que se inundan fácilmente.
La abogada Eunice Cho, del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, ha sido tajante: "Este centro abre otro oscuro capítulo en la historia de nuestra nación. Su mera existencia se basa en los impulsos más bajos de nuestro país y muestra el peligro de una autoridad gubernamental sin control cuando se combina con un odio desenfrenado".
Según documentos judiciales, los detenidos han tenido que desatascar manualmente inodoros con las manos desnudas, sufren alimentación deficiente y, en muchos casos, se les ha negado el derecho a ejercer su religión.
Una infraestructura exprés y sin control ambiental
El centro fue construido en apenas dos semanas sobre una vieja pista de aterrizaje dentro de la Reserva Nacional Big Cypress. La rapidez con la que se levantaron las instalaciones ha generado preocupación ambiental y legal.
La organización Friends of the Everglades, junto con el Center for Biological Diversity y Earthjustice, han presentado una demanda separada que denuncia la construcción sin evaluación de impacto ambiental.
La Tribu Miccosukee también ha solicitado unirse al litigio, alegando violaciones a derechos territoriales y ambientales.
Más demandas en curso
Además de las acusaciones por violaciones a los derechos de los detenidos y al medioambiente, Alligator Alcatraz enfrenta una tercera demanda presentada por cinco legisladores demócratas de Florida.
Los senadores Shevrin Jones y Carlos Guillermo Smith, junto a las representantes estatales Anna Eskamani, Angie Nixon y Michele Rayner, denunciaron que se les negó ilegalmente el acceso a las instalaciones el pasado 3 de julio.
El estado ha argumentado que el centro no es una institución correccional bajo el control del Departamento de Correcciones, y que por tanto no está sujeto a la fiscalización legislativa tradicional.
El caso está ahora en manos de un tribunal del condado de Leon.
¿Qué sigue para Alligator Alcatraz?
A pesar de las denuncias, las deportaciones desde el centro ya han comenzado, según confirmaron el gobernador Ron DeSantis y voceros de la División de Gestión de Emergencias de Florida, citados por la prensa local.
No obstante, ni el estado ni el gobierno federal han precisado desde qué aeropuerto despegan los vuelos, ni cuántos migrantes han sido enviados fuera del país.
Otros migrantes, entre ellos varios cubanos, han sido llevados a Krome.
Actualmente, Alligator Alcatraz acoge a menos de 1,000 personas, pero su capacidad proyectada es de 3,000 detenidos.
DeSantis ha anunciado que una vez que el centro esté lleno, se construirá otra instalación similar en Camp Blanding, también con su propia pista de aterrizaje para agilizar las deportaciones.
Mientras tanto, las organizaciones de derechos civiles y ambientales, así como representantes electos, se preparan para una batalla legal prolongada.
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