Una mujer cubana fue multada con 16 mil pesos en el poblado de Dos Caminos, en el municipio de San Luis, Santiago de Cuba.
El hecho fue documentado en un video compartido por el periodista Mario J. Pentón, donde se escucha a la señora visiblemente alterada, negándose a firmar la sanción impuesta por dos inspectoras estatales.
A su lado, su nieta intenta defenderla y graba la escena como prueba de lo ocurrido. En respuesta, una de las inspectoras amenaza con acusarla si el video se publica: “Si me publicas, te acuso”, dijo. “No me estés amenazando”, responde la muchacha en medio del intercambio tenso.
La joven, consternada, insiste en que no está amenazando a nadie y se limita a grabar lo que considera un acto de injusticia. “Ella es mi abuela”, dice con voz temblorosa mientras trata de explicar la situación.
Las imágenes reflejan no solo la desesperación de una familia ante una multa que les resulta injusta, sino también el clima de intimidación que enfrentan los ciudadanos cuando intentan documentar la actuación de las autoridades.
Aunque no se conocen los detalles exactos que motivaron la sanción, la reacción de los presentes sugiere una escena común en la Cuba actual: mujeres trabajadoras penalizadas por buscarse la vida como pueden y ciudadanos amenazados por ejercer su derecho a grabar hechos públicos.
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En marzo pasado, un carretillero identificado como Damián fue obligado por la policía, también en Santiago de Cuba, a vender sus productos a precios irrisorios para evitar el decomiso de su mercancía y, aun así, recibió una multa de 36 mil pesos.
“¿De dónde va a sacar Damián ese dinero si es un luchador como cualquier otro?”, se preguntó un testigo del hecho, reflejando la desesperanza de quienes solo intentan sobrevivir en medio de una crisis sin precedentes.
Un mes después, otro incidente estremeció la provincia cuando un cochero, presuntamente tras recibir una multa de 16 mil pesos, agredió con un machete a una inspectora en Palma Soriano. Aunque la versión oficial trató de desvincular la sanción del hecho, múltiples fuentes confirmaron que el conflicto surgió tras una inspección directa.
Estos casos forman parte de un sistema institucionalizado de multas que ha convertido la presión económica en una herramienta de control social. Según cifras del propio régimen, solo en el primer trimestre de 2025 se impusieron más de 425 mil multas en el país, con una recaudación superior a los mil millones de pesos.
Santiago de Cuba figura entre las provincias con mayor número de sanciones, en medio de una inflación desbordada y salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas.
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