Régimen obtiene más de mil millones de pesos en multas durante primer trimestre de 2025

En medio de una profunda crisis económica marcada por la escasez, la inflación y salarios insuficientes, el régimen cubano ha recaudado más de mil millones de pesos en multas durante los primeros tres meses de 2025.

Según cifras publicadas por el diario oficial Granma, durante el primer trimestre de 2025 se impusieron 425,012 multas en todo el país, con un valor superior a los mil millones de pesos.

Las provincias con mayor número de sanciones fueron La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey y Holguín, aunque el informe no detalla las causas más frecuentes ni el perfil de los multados.

Heidi Bas Sosa, directora de Multas del Ministerio de Finanzas y Precios, declaró que se logró una eficacia del 90,1 % en el cobro de estas sanciones, cifra que, si bien “no es lo óptimo”, consideran como positiva para alcanzar “un resultado mayor”.

La funcionaria también señaló que el aumento en el uso de pagos digitales —que representa ya el 25,4 % del total, equivalente a 179 millones de pesos— ha contribuido al incremento en la recaudación, especialmente gracias a plataformas como Transfermóvil.

Bas Sosa recordó que los ciudadanos sancionados tienen un plazo de 60 días para pagar la multa: los primeros 30 con el importe original y los siguientes 30 con el doble. A partir del día 61, se activan mecanismos de cobro forzoso, como el embargo de salarios.

El régimen mantiene una alianza estrecha entre las entidades que imponen y cobran estas sanciones, incluyendo a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el Ministerio del Transporte, el Ministerio de Salud Pública y otros organismos, lo que demuestra la institucionalización del sistema de multas como una herramienta de control y presión.

A nivel nacional, aún existen más de 184,000 multas pendientes de pago y muchas corresponden a “multirreincidentes”, que enfrentan acciones legales más severas.

En ese sentido, Bas subrayó que el Código Penal cubano considera el impago de multas como delito y reportó que se han presentado 269 expedientes ante la PNR por un valor acumulado de seis millones de pesos.

Durante las últimas semanas, se ha intensificado en Cuba una política de fiscalización y sanción económica, particularmente visible en La Habana.

En marzo pasado, el régimen impuso una gran cantidad de multas a cuentapropistas y vendedores ambulantes en el municipio Plaza de la Revolución, como parte del II Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito.

Las sanciones, que alcanzaron hasta los 16,000 pesos cubanos, se aplicaron por prácticas como la venta de productos vencidos, precios especulativos o el ejercicio ilegal del trabajo por cuenta propia. En muchos casos, las autoridades obligaron a los infractores a realizar ventas forzosas a precios oficiales, lo que generó críticas por el enfoque punitivo hacia un sector ya golpeado por la crisis.

Pocos días después, el trascendió que el gobierno impuso otra sanción elevada en La Habana a una empresa estatal por abrir un hueco en la acera frente a su local para desaguar aguas residuales. La multa, en este caso, fue aplicada bajo el argumento de daño al espacio público. 

La ofensiva también se extendió hacia el ámbito del consumo tecnológico. Recientemente, el régimen advirtió que el uso de antenas para acceder a internet sin autorización será sancionado con severidad, al considerarlo un delito vinculado al uso ilícito del espectro radioeléctrico.

Esta advertencia se inscribe en la misma lógica de control institucional que ha caracterizado la política de multas, esta vez orientada a la regulación del acceso independiente a las telecomunicaciones en un contexto de creciente conectividad y malestar social.

Estas acciones no han sido aisladas. En diciembre pasado, el gobierno de Las Tunas había emprendido una cruzada fiscal contra la economía informal, imponiendo centenares de multas a trabajadores por cuenta propia.

En aquella ocasión, se notificaron sanciones por supuestas irregularidades en licencias, violaciones de precios y ocupación indebida del espacio público, bajo la misma premisa de “enfrentar las ilegalidades” en tiempos de crisis.