Retractaciones de testigos siembran dudas a días de la octava ejecución de 2025 en Florida

Testigos retractados y nuevas pruebas cuestionan la condena de Michael Bell, a días de su ejecución en Florida. Denuncian manipulación policial y fiscal, mientras activistas buscan detener la ejecución.

Michael Bernard Bell © Florida Department of Corrections
Michael Bernard Bell Foto © Florida Department of Corrections

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A solo días de recibir la inyección letal, Michael Bernard Bell, un hombre condenado por un doble asesinato ocurrido hace más de 30 años en Jacksonville, Florida, ha vuelto a levantar la voz, no para negar lo ocurrido, sino para denunciar que su condena se construyó sobre mentiras, miedo y manipulación policial.

La ejecución de Bell, programada para el 15 de julio a las 6:00 p.m. en la prisión estatal de Raiford, sería la octava en Florida en lo que va de año. Sin embargo, nuevos testimonios sembraron dudas profundas sobre la legitimidad del proceso que lo llevó al corredor de la muerte, indican medios locales como The Florida Times-Union.

Dos testigos clave del juicio original, ambos presos en aquel momento, han confesado recientemente que mintieron en el estrado, coaccionados por un detective corrupto a cambio de favores y amenazas.

Durante una audiencia probatoria celebrada el 23 de junio, los testigos Henry Edwards y Charles Jones, que antes identificaron a Bell como autor del crimen, se acogieron varias veces a la Quinta Enmienda, negándose a responder por temor a incriminarse.

Pero ya habían firmado declaraciones juradas días antes, revelando que el detective William Bolena, figura central en varios casos controvertidos de Jacksonville, les dictó lo que debían declarar.

Edwards llegó a decir ante el tribunal que pensó que lo que estaba haciendo era para una película. “Simplemente seguí lo que todos querían que dijera”, confesó.


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La defensa de Bell presentó una moción de más de 250 páginas en la que detalla cómo el detective Bolena y el fiscal George Bateh presionaron testigos, ofrecieron incentivos carcelarios y, en al menos un caso, amenazaron con penas mayores si alguien osaba cambiar su testimonio.

El mismo fiscal y detective fueron señalados en otro caso de pena de muerte en marzo de este año por tácticas similares. Ambos ya están retirados; e incluso, Bolena ha fallecido.

Venganza, error y una justicia que titubea

Michael Bell fue condenado por el asesinato de Jimmy West y Tamecka Smith, una pareja que murió a tiros en 1993 frente a una licorería. Bell buscaba vengar la muerte de su hermano, pero disparó contra las personas equivocadas.

En una escena dramática, disparó 12 veces contra West, y 4 contra Smith. La joven pareja no sobrevivió. Más tarde se declaró culpable de otros tres asesinatos no relacionados.

La fiscalía insiste en que su culpabilidad está demostrada por pruebas contundentes, incluido el testimonio de su entonces pareja, Erica Williams, quien aseguró que él planificó la venganza y compró un AK-47 para ejecutarla.

Bell, según ella, dijo: “Theo mató a su hermano, así que él mató al suyo, pero una chica inocente resultó herida, así que ahora el resultado está empatado”.

Sin embargo, durante la reciente audiencia, otros testigos, como la sobrina de Bell y su exnovia, relataron presiones psicológicas, largas horas de interrogatorio y amenazas de cárcel si no colaboraban con la narrativa oficial.

Florida, castigo récord bajo DeSantis

La ejecución de Michael Bell marcaría un hito para el gobernador Ron DeSantis, quien igualó el récord estatal de más ejecuciones en un solo año, ocho, con medio año aún por delante. Solo dos gobernadores anteriores habían alcanzado esa cifra: Bob Graham en 1984 y Rick Scott en 2014.

DeSantis, que ha promovido políticas de mano dura, parece decidido a establecer un nuevo récord en un año electoral, mientras organizaciones de derechos humanos y activistas cuestionan la moralidad y fiabilidad del sistema de pena de muerte en Florida.

A menos de un mes de la ejecución, organizaciones como Floridians for Alternatives to the Death Penalty han lanzado una campaña urgente para frenar lo que consideran una "grave injusticia".

Argumentan que el caso de Bell nunca recibió una revisión federal completa, que fue afectado por sesgo racial y que el lenguaje deshumanizante empleado en el juicio, incluso por su propio abogado defensor, influyó indebidamente en un jurado compuesto mayoritariamente por blancos.

Tenía solo 23 años cuando ocurrió el crimen. El dolor por la muerte de su hermano lo llevó a buscar venganza, pero se equivocó de objetivo. La fiscalía no dudó en presentarlo como alguien "que vivía bajo la ley de la selva", y su propio abogado respaldó esa imagen, afirmando que Bell "vivía en un mundo diferente al nuestro". Ninguna de esas expresiones fue cuestionada ni por el juez ni por la defensa.

Según la carta abierta publicada en la plataforma Action Network, la ejecución de Bell sería la tercera este año en Florida sin revisión federal completa, una situación que los activistas consideran alarmante en un estado con múltiples denuncias de mala praxis judicial en casos de pena de muerte.

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