“Los médicos cubanos quieren quedarse, pero dependemos de lo que diga Estados Unidos”, declaró al diario local The Tribune, el ministro de Salud de Bahamas, Dr. Michael Darville, al confirmar que los profesionales de la salud enviados por La Habana están interesados en permanecer en el país caribeño bajo contratos directos con el gobierno bahameño.
La situación de los médicos cubanos en Bahamas ha dado un giro trascendental tras la decisión del gobierno local de romper vínculos con la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), la agencia estatal que gestiona estas misiones. En su lugar, las autoridades buscan ofrecer contratos directos a los sanitarios cubanos, pero la medida depende de la aprobación de Washington.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ha calificado las brigadas médicas cubanas como una forma de esclavitud moderna. Además, amenazas de sanciones migratorias, incluyendo la revocación de visas a funcionarios y familiares, llevaron a Nassau a replantearse el acuerdo que mantenía con La Habana.
El Dr. Darville aseguró que el país ya está tomando medidas para reducir su dependencia de la cooperación médica cubana, intensificando el reclutamiento de personal de salud en India, Filipinas y Ghana.
Pero en medio del debate político y diplomático, el futuro de estos profesionales cubanos sigue en vilo, atrapados entre el interés humanitario de un gobierno que los necesita, la presión política de Washington, y la sombra del control estatal de La Habana.
Un contrato filtrado de 2022 reveló que Bahamas pagaba hasta 12,000 dólares mensuales por cada médico cubano, pero estos profesionales recibían entre 990 y 1,200 dólares, quedando el resto en manos del gobierno cubano. A esto se suman denuncias de confiscación de pasaportes, vigilancia, restricciones de movimiento y represalias contra médicos desertores o críticos del sistema.
A pesar de este contexto, los 35 médicos cubanos que actualmente trabajan en Bahamas, incluyendo oftalmólogos, un optometrista, enfermeras, técnicos de rayos X, fisioterapeutas y especialistas biomédicos, han expresado su deseo de quedarse y trabajar libremente en el país.
Tras las amenazas de sanciones migratorias impuestas por EE.UU., el primer ministro bahamés, Philip Brave Davis, anunció que su gobierno pagará directamente a todos los trabajadores extranjeros contratados, incluyendo los cubanos, para garantizar que no sean víctimas de trabajo forzoso.
“Compartir el salario de un empleado con un gobierno podría percibirse de esa manera”, admitió Davis, aunque dijo no tener pruebas de abusos en su país. “Si descubrimos eso, lo corregiremos”.
El caso de Bahamas revela las fisuras en un modelo que ha sido fuente de ingresos clave para La Habana, pero también de sufrimiento y restricciones para miles de profesionales cubanos que solo quieren ejercer su vocación en libertad.
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