La Administración del presidente Donald Trump prevé construir cinco nuevos megacentros de detención para inmigrantes en distintos estados gobernados por republicanos, siguiendo el modelo de la “Alligator Alcatraz” en Florida, una cárcel ubicada en una zona pantanosa repleta de caimanes.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó el lunes que se encuentran en conversaciones con cinco gobiernos estatales para “replicar” la instalación de Florida, en una nueva ofensiva contra la inmigración irregular en Estados Unidos, citó la agencia de noticias EFE.
Estas declaraciones fueron respaldadas por Stephen Miller, asesor de Trump y artífice de sus políticas migratorias, quien instó a todos los estados republicanos a sumarse al esfuerzo.
“Levanten el teléfono, llamen a DHS, trabajen con nosotros para construir instalaciones en su estado y que podamos sacar a los ilegales y los criminales”, dijo Miller a la cadena Fox News.
‘Alligator Alcatraz’ es el modelo a seguir por los republicanos en el gobierno. Ubicado en Ochopee, en pleno corazón de los Everglades, el centro ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, líderes religiosos y legisladores demócratas.
El pasado sábado, un grupo de congresistas visitó la instalación y denunció que alrededor de 750 migrantes estaban encerrados “en jaulas”, bajo condiciones que calificaron de “inhumanas”.
Testimonios recogidos por medios locales describen un panorama alarmante: carpas improvisadas, temperaturas asfixiantes, humedad extrema, escasez de agua potable y alimentos en mal estado. La prensa no ha tenido acceso al recinto.
Incluso la Arquidiócesis de Miami calificó el centro como una “solución corrosiva e inapropiada” para gestionar la migración.
Un informe conjunto de The Miami Herald y Tampa Bay Times reveló que el 95% de los detenidos en Alligator Alcatraz provienen de América Latina. Las nacionalidades más frecuentes son Guatemala (22%), México (21.5%) y Cuba (11.6%).
También hay inmigrantes de Honduras (9.5%), República Dominicana (5.1%), Nicaragua (4.9%), y Colombia, Venezuela, El Salvador y Haití, entre otros.
Según estos medios, más de la mitad de los detenidos no han cometido delitos violentos, sino que enfrentan violaciones migratorias.
Solo un tercio tiene antecedentes penales, aunque los registros no detallan la naturaleza de los presuntos delitos.
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