Un memorando interno fechado el 8 de julio y firmado por Todd M. Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos , ordena mantener bajo detención a todos los migrantes que hayan ingresado sin autorización al país, sin permitirles solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.
La nueva política -dada conocer por The Washignton Post- ya ha generado una ola de preocupación entre defensores de derechos humanos, abogados y comunidades inmigrantes, al considerar que pone en riesgo el debido proceso y la integridad de millones de personas que residen en Estados Unidos sin estatus legal.
“Los inmigrantes deberán permanecer en detención durante sus procedimientos de deportación”, instruyó Lyons en el documento, según el Post.
La medida, que afecta a millones de personas, elimina de facto una vía legal que durante décadas permitió a los migrantes argumentar ante los tribunales que no representaban un peligro para la seguridad pública ni un riesgo de fuga.
En su lugar, la única alternativa para obtener la libertad será mediante el parole, una figura legal que sólo puede ser otorgada de forma excepcional por un oficial de inmigración, no por un juez.
Detenciones indefinidas y sin audiencia judicial
Desde la difusión de la nueva directriz, abogados de inmigración han reportado rechazos sistemáticos de solicitudes de fianza en al menos una docena de tribunales en Nueva York, Virginia, Oregon, Carolina del Norte, Ohio y Georgia.
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La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió que la política es un intento de aplicar un criterio legal a nivel nacional sin considerar las circunstancias particulares de cada caso.
“Esta es su manera de poner en marcha a nivel nacional un método para detener aún a más personas”, denunció Greg Chen, director senior de relaciones gubernamentales de AILA.
El memorando se conoció poco después de que el Congreso aprobara una asignación presupuestaria sin precedentes para ICE: 45,000 millones de dólares que permitirán ampliar su capacidad diaria de detención a 100,000 personas, duplicando el límite actual.
La medida forma parte del ambicioso plan migratorio impulsado por el presidente Donald Trump, quien busca endurecer aún más el control fronterizo y las deportaciones durante su nuevo mandato.
“Ahora, gracias al Proyecto de Ley Grande y Hermoso, tendremos suficiente espacio para hacerlo”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su cuenta oficial en X.
Una amenaza legal y humanitaria
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre el impacto desproporcionado que tendrá esta política, especialmente en migrantes que llevan décadas viviendo en Estados Unidos, que tienen hijos ciudadanos, han establecido hogares y no cuentan con un país al que regresar.
“No creo que sea inadvertido que estamos empezando a ver políticas que mantienen a las personas detenidas por más tiempo”, señaló Vanessa Dojaquez-Torres, asesora de políticas de AILA, en declaraciones a NBC News.
Los expertos señalan que esta política podría violar el principio del debido proceso.
Según Paul Hunker, exjefe legal de ICE en Dallas, “algunos tribunales podrían considerar que esto no les da a los no ciudadanos el debido proceso... podrían quedar detenidos indefinidamente hasta que sean deportados”.
Un ejemplo es el caso de Ramón Rodríguez Vásquez, quien vivía en el estado de Washington desde 2009, trabajaba como agricultor, era propietario de su casa y tenía diez nietos ciudadanos estadounidenses.
ICE lo arrestó en febrero por estar indocumentado. En abril, un juez federal ordenó que se le permitiera una audiencia de fianza por no tener antecedentes penales. Sin embargo, otro juez le negó la fianza y fue deportado a México.
“Lo ocurrido con Rodríguez es el típico caso de los inmigrantes que ahora enfrentarán largas detenciones mientras pelean en corte contra su deportación”, dijo su abogado, Aaron Korthuis, quien calificó la nueva interpretación de ICE como “flagrantemente ilegal”.
Condiciones precarias en los centros de detención
La ampliación de la política migratoria ha llevado a ICE a reabrir instalaciones cerradas por razones de seguridad y a construir nuevos centros en zonas remotas.
Entre ellos se encuentra el Alligator Alcatraz, una instalación temporal ubicada en los Everglades de Florida, levantada en menos de dos semanas y ya denunciada por condiciones precarias, como la falta de agua potable y electricidad.
También se han reactivado centros como La Palma Correctional Center, en el desierto del condado de Pinal, Arizona, donde las altas temperaturas y el aislamiento dificultan el acceso a representación legal y contacto con familiares.
“Estamos viendo cómo crece el objetivo del gobierno de detener y deportar a más personas”, subrayó Dojaquez-Torres.
Las estadísticas recientes muestran un aumento significativo en los arrestos de ICE, que en junio alcanzaron los 30,000, la cifra más alta desde 2020.
Sin embargo, las deportaciones siguen por debajo de las metas impuestas por la administración Trump, que aspira a ejecutar más de 2,700 expulsiones diarias.
Muchos detenidos tienen solicitudes de asilo activas que frenan temporalmente sus procesos de deportación, por lo que las nuevas directrices buscan agilizar las expulsiones a través de un mayor tiempo de reclusión.
Una política bajo fuego legal
El memorando de ICE anticipa posibles impugnaciones judiciales y solicita a los fiscales de inmigración presentar “argumentos alternativos” que justifiquen la continuación de la detención.
No obstante, abogados de todo el país ya han comenzado a presentar demandas contra la eliminación de las audiencias de fianza.
Rebekah Wolf, directora de campaña del Consejo Americano de Inmigración, expresó su preocupación por la falta de transparencia legal de la política.
“Ni siquiera sabemos en qué ley se basa el gobierno para afirmar que toda persona que haya entrado sin inspección está sujeta a detención obligatoria”, declaró Wolf a NBC News.
Además, según la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, algunos jueces de inmigración han desafiado la nueva directriz y han concedido audiencias de fianza en casos recientes.
Sin embargo, en estos escenarios ICE ha respondido apelando las decisiones y negándose a liberar a los detenidos hasta que se resuelvan las apelaciones, lo que prolonga aún más la reclusión de los inmigrantes sin sentencia judicial definitiva.
Vanessa Dojaquez-Torres, asesora de políticas de AILA, advirtió que la nueva guía priva a los jueces de la posibilidad de considerar individualmente los casos de personas detenidas:
“El juez ni siquiera tiene la facultad de escuchar su caso de fianza. No importa si eres la mejor persona del mundo, un juez no podrá escuchar tu caso… si está de acuerdo con la opinión del DHS”.
La implementación de esta política, en un contexto de expansión del sistema de detención migratoria bajo el mandato de Donald Trump, representa un giro drástico hacia una visión más punitiva del control migratorio.
Aunque los portavoces oficiales insisten en que la medida busca “cerrar una laguna legal” y aplicar de forma estricta la ley existente, las críticas apuntan a que se está construyendo un sistema que criminaliza la migración irregular y obstaculiza el acceso a la justicia para miles de personas con vidas establecidas en el país.
Mientras las demandas judiciales comienzan a acumularse y se espera que los tribunales superiores evalúen la constitucionalidad de estas nuevas directrices, la incertidumbre y el temor se extienden entre las comunidades inmigrantes, muchas de las cuales podrían enfrentar meses o años en centros de detención sin derecho a apelar su situación ante un juez.
Preguntas frecuentes sobre la nueva política migratoria de ICE y su impacto
¿Cuál es la nueva medida implementada por ICE respecto a los migrantes detenidos?
ICE ha ordenado mantener bajo detención a todos los migrantes que ingresaron sin autorización a Estados Unidos, sin permitirles solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración. Esta medida elimina una vía legal que permitía a los migrantes argumentar que no representaban un peligro para la seguridad pública ni un riesgo de fuga.
¿Cuáles son las críticas hacia la nueva política de detención de ICE?
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y abogados han advertido que la política podría violar el principio del debido proceso al mantener a los migrantes detenidos indefinidamente sin una audiencia judicial. Además, se considera que esta medida criminaliza la migración irregular y obstaculiza el acceso a la justicia para miles de personas con vidas establecidas en el país.
¿Qué alternativas tienen los migrantes para obtener la libertad bajo la nueva política de ICE?
La única alternativa para obtener la libertad bajo la nueva política es mediante el parole, una figura legal que solo puede ser otorgada de forma excepcional por un oficial de inmigración. No puede ser concedida por un juez, lo que limita significativamente las opciones para los migrantes detenidos.
¿Qué ha motivado la implementación de esta nueva política de detención por parte de ICE?
La medida forma parte del ambicioso plan migratorio impulsado por el presidente Donald Trump, quien busca endurecer aún más el control fronterizo y las deportaciones durante su nuevo mandato. Además, el Congreso ha aprobado una asignación presupuestaria sin precedentes para ICE, permitiendo la expansión de la capacidad de detención.
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