Lejos de ser un fenómeno aislado o limitado a la ciudadanía, las ocupaciones ilegales de terrenos y locales en Cuba involucran directamente a organismos estatales de alto nivel, según reveló el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU).
Entre las entidades señaladas se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), los ministerios de Educación, Transporte, Agricultura, Construcción, Turismo e Industria Alimentaria, así como empresas del Grupo Azucarero y del Grupo de Administración Empresarial.
La vicepresidenta del INOTU, Yordanka Vázquez Cuñat presentó un informe oficial este martes, en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, previo al quinto período de sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
Las estadísticas indican que el 93% de las ilegalidades detectadas por el Instituto hasta mayo de 2025 corresponden a la ocupación ilegal de terrenos, muchas de ellas bajo control de las instituciones mencionadas.
En total, se aplicaron más de 11,000 multas, incluyendo 105 a personas jurídicas, lo que muestra que el problema no se limita al ciudadano común, sino que tiene ramificaciones en las estructuras del Estado.
Esta situación plantea serias dudas sobre el control interno, la transparencia y el cumplimiento de las normativas urbanísticas dentro del sistema institucional del régimen.
La inacción o permisividad con que estas irregularidades han sido tratadas durante años agrava aún más la pérdida de legitimidad de muchas instituciones ante la población.
Uno de los ejemplos más claros está en el Ministerio de la Construcción, que lleva largos años sin cumplir los planes de construcción de vivienda sin que se tomen medidas al respecto, y esto ha provocado que se agudice la crisis habitacional en el país y proliferen las violaciones de las regulaciones urbanísticas para conseguir un lugar donde vivir.
El Estado prefiere hacerse de la vista gorda con las instituciones y poner la mirada en el comportamiento de los ciudadanos que incumplen las regulaciones urbanísticas. El propio informe detalla que hay 961 barrios informales, de los cuales 513 carecen de reconocimiento oficial y 379 son considerados precarios.
En 2021, CiberCuba informó sobre uno de los casos más escandalosos de ocupación de terrenos en Cuba. Familias del poblado Ramón de Antilla, en Holguín, fueron desalojadas por la fuerza como parte de un plan turístico liderado por GAESA. La iniciativa, aprobada en 2017, buscaba construir miles de habitaciones hoteleras sin beneficio para los residentes.
A pesar del informe de INOTU y de sus acciones de control, sin medidas ejemplarizantes contra las instituciones que incumplen lo establecido, ni mecanismos eficaces de fiscalización, las violaciones de las regulaciones urbanísticas seguirán multiplicándose, incluso desde el interior del aparato estatal.
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