El gobierno cubano reconoció este martes que, aunque las cifras oficiales muestran una tendencia a la baja en los delitos, los niveles de criminalidad siguen siendo altos y la población continúa insatisfecha con los resultados del enfrentamiento a las ilegalidades en el país.
Durante una reunión del Grupo para la Prevención y Enfrentamiento al Delito, presidida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, se debatió el comportamiento de los indicadores delictivos durante el primer semestre de 2025.
El mandatario admitió que “la tendencia es a la baja, pero los indicadores siguen siendo elevados” y pidió una evaluación distinta para los territorios más afectados.
En la cita se abordaron temas sensibles como el robo de combustible, delitos económicos y el tráfico de drogas, y se reconoció que algunas provincias muestran pocos avances en la reducción del delito, mientras la insatisfacción ciudadana se mantiene alta.
Las Tunas, por ejemplo, reportó más de 300 delitos en una sola semana en marzo, cifra que evidencia la magnitud del problema.
El primer ministro también arremetió contra el robo de combustibles, calificando como “inadmisible” que, en medio de la crisis energética nacional, se sigan detectando desvíos en servicentros y cilindros de gas.
“No es posible que el país tenga un déficit de generación eléctrica por falta de combustible y a la vez se permita su robo”, denunció Marrero.
La coronel Daniset González Sánchez, de la Policía Nacional Revolucionaria, confirmó que aumentaron los robos con fuerza, aunque los delitos asociados al ganado disminuyeron, y destacó más de 200 acciones relacionadas con drogas durante el semestre, citó el diario oficialista Granma.
Por su parte, el vicefiscal general Reinaldo Cruz Rivera apuntó que, si bien se imponen muchas multas por actos delictivos, no se ejecutan adecuadamente los cobros, lo que fomenta la impunidad.
“Es necesario supervisar a las oficinas de cobro y entidades impositoras para que se cumpla la ley”, subrayó.
A pesar del discurso optimista, las cifras contrastan con la percepción generalizada de aumento del crimen, alimentada por constantes denuncias ciudadanas en redes sociales sobre robos, agresiones y delitos violentos.
Las autoridades han sostenido que existe una campaña externa para “sobredimensionar la situación del país”, pero el propio gobierno ha tenido que admitir en varias ocasiones que su estrategia de "mano dura" ha fracasado en contener la delincuencia.
El aumento sostenido del tráfico de drogas, la sustracción de cables eléctricos, el hurto de ganado y el desvío de recursos estatales ha puesto en evidencia las fallas del sistema de control interno, debilitado por la corrupción y la falta de supervisión efectiva.
El descontento ciudadano se expresa cada vez más en redes sociales, mientras los medios estatales minimizan o ignoran los hechos más alarmantes.
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