Un nuevo trabajo periodístico ha dejado al descubierto la grave situación que viven decenas de personas con conducta deambulante en el Centro de Protección Social de Jagüey Grande, en la provincia cubana de Matanzas.
Bajo el título “Habitantes del polvo (II): La tierra que nunca fue prometida”, los periodistas del periódico Girón Humberto Fuentes Rodríguez y Guillermo Carmona Rodríguez documentan las condiciones de vida en este lugar que más que centro de acogida parece, según los testimonios recogidos, “un cementerio de hombres vivos”.
El edificio AG-37, donde radica el centro, fue una antigua escuela al campo y hospital del plan citrícola.
Hoy, entre paredes descascaradas, colchones sin tender y pasillos grises, sobreviven personas con discapacidades físicas, trastornos mentales y ancianos sin familia, muchos de ellos allí internados sin visitas, sin atención médica regular, ni asistencia legal o social.
Según Elioel Peña, administrador del lugar desde la pandemia, no existe personal médico fijo, ni módulos de aseo asignados, ni se recibe ayuda institucional constante.
El centro, literalmente, no depende de nadie y carece de respaldo administrativo efectivo.
El único apoyo lo reciben esporádicamente de la Dirección Municipal de Salud, que paga salarios y suministra alimentos con limitaciones.
Incluso, relata, hay días en que no se asegura el plato fuerte.
Los testimonios recogidos en el reportaje revelan que quienes viven allí padecen ceguera, enfermedades no tratadas, heridas emocionales y vidas quebradas.
Varios internos superan con creces los 90 días de estancia límite establecidos por la ley. Algunos están allí desde el inicio de la pandemia; otros llegaron tras ser recogidos de las calles sin saber siquiera por qué.
Uno de ellos, conocido como “El Máquina”, tiene problemas psiquiátricos, fue parte de la preselección nacional de pelota vasca y lleva dos años esperando una solución habitacional.
Otros como Alexis, Lesme o Rolando Ezequiel comparten habitaciones improvisadas, entre promesas incumplidas, pomos de agua y un silencio abrumador.
El único gesto institucional documentado fue una visita gubernamental en mayo que, según el libro de incidencias, “no conversó ni interactuó con los pacientes”.
A solo kilómetros de allí, en el municipio de Cárdenas, el contraste es notorio. Su Centro de Protección Social, fundado en 2022, funciona con estructura, limpieza, atención médica, personal especializado y apoyo interinstitucional.
El reportaje señala que Cárdenas cumple con el “deber ser” de este tipo de instituciones: un lugar de tránsito, clasificación y reintegración de personas vulnerables.
La diferencia parece radicar en la voluntad política y el compromiso diario de las autoridades locales, así como en una clara cadena de responsabilidades asumidas.
La investigación recuerda que desde 2022 se ha prometido la creación de un centro en la ciudad de Matanzas, capital provincial.
A pesar de existir presupuesto en varios ejercicios fiscales, la obra nunca se concretó. En 2025, ni siquiera fue incluida en el plan económico, señala el reporte.
Mientras se pierden millones de pesos sin ejecutar, decenas de personas siguen confinadas en Jagüey Grande en condiciones inhumanas; mientras los altos funcionarios del régimen intentan ocultar la realidad e incluso una ministra debió renunciar tras negar la presencia de mendigos en la isla.
La única esperanza actual se limita a dos locales en discusión: uno habitado por familias ilegales y otro en manos de una empresa agroindustrial bajo control militar.
La frase final de Rolando Ezequiel, uno de los internos, resume el sentir colectivo: “No se puede confiar en lo que se ve, ni en lo que se oye. Todo es ilusionismo.”
El reportaje cierra con un llamado urgente a la responsabilidad institucional: la construcción de un centro en la ciudad cabecera no es un lujo, sino una necesidad impostergable.
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