En medio del apagón masivo que dejó a oscuras a gran parte de La Habana la noche del domingo y madrugada del lunes, vecinos del municipio 10 de Octubre protagonizaron un acto de protesta contra la situación de crisis generalizada que vive la población.
En la esquina de Juan Delgado y Lacret, en el barrio de Santos Suárez, el cristal del cajero automático del Banco Metropolitano (BANMET) fue destrozado a pedradas. Según testigos, el hecho ocurrió durante la madrugada, cuando la oscuridad cubría la zona y el malestar ciudadano por la falta de servicios esenciales era palpable.
Imágenes compartidas en redes sociales mostraron el daño visible en la instalación bancaria: cristales rotos, escombros en el suelo y una evidente señal de frustración acumulada.
Al amanecer del lunes, quienes hacían fila para intentar acceder al banco comentaban entre murmullos lo ocurrido, según pudo verse en video compartido por el medio indepeniente 14ymedio. Algunos aseguraron que no era la primera vez que pasaba algo similar en esa esquina.
El apagón general se produjo tras una avería en el sistema eléctrico nacional, pero hasta el momento las autoridades no han ofrecido una explicación detallada ni un parte oficial sobre lo ocurrido ni sobre la duración estimada de las afectaciones.
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La creciente escasez de alimentos, la falta de agua potable, medicamentos, y ahora la inestabilidad del servicio eléctrico, han puesto a muchos cubanos al límite. En las redes sociales, el hecho fue interpretado como un signo del hartazgo ciudadano ante una situación que consideran insostenible.
Mientras tanto, el silencio oficial sobre lo ocurrido y la falta de respuestas concretas continúan alimentando el descontento popular en una ciudad que, cada vez más, se siente a oscuras en todos los sentidos.
Protestar es un delito en Cuba
Este ataque se suma a una serie de hechos similares registrados en otras provincias del país, en un momento en que se intensifica la frustración ciudadana ante el colapso del sistema bancario y la creciente “bancarización forzosa”.
En julio, otro acto similar fue reportado por BANMET, que denunció el ataque a uno de sus cajeros automáticos en la sucursal 300, situada en la intersección de las calles Diez de Octubre y Lacret, en el municipio homónimo de la capital cubana.
El hecho, ocurrido durante un apagón generalizado que dejó sin electricidad a gran parte de La Habana, fue calificado por la entidad bancaria como una acción que “atenta abiertamente contra la tranquilidad y seguridad ciudadanas”.
Aunque el banco aseguró que este tipo de hechos “no caracterizan a nuestro pueblo trabajador”, reconoció el creciente malestar popular ante la escasez de efectivo y el deterioro sostenido de su red de cajeros automáticos.
En septiembre de 2024, un banco en el centro histórico de Santiago de Cuba fue también apedreado durante la madrugada. Según denuncias ciudadanas, el ataque reflejaba el agotamiento de una población obligada a dormir en las calles para asegurar un turno en las colas y acceder a su salario.
En julio de ese mismo año, otro incidente similar fue reportado en el Centro Urbano José Martí, también en Santiago, donde un joven barbero, presuntamente en crisis médica, rompió los cristales de una sucursal bancaria.
En un país donde el Código Penal tipifica estos actos como sabotaje —delito que puede ser penado con severas condenas de prisión y, en circunstancias extremas, incluso con la pena de muerte—, cada pedrada adquiere una dimensión política. Expresar el descontento de forma pública es considerado un delito, y cualquier daño al sistema financiero estatal puede interpretarse como un atentado contra la seguridad nacional.
Estas acciones, aunque rechazadas oficialmente como vandalismo, reflejan una desesperación creciente entre la ciudadanía, atrapada entre un sistema económico disfuncional, la escasez de recursos básicos, y la imposibilidad de canalizar pacíficamente su malestar.
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