Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe con el objetivo de enfrentar a cárteles de la droga latinoamericanos que el gobierno de Donald Trump ha designado oficialmente como organizaciones terroristas globales, según informaron fuentes del Pentágono a la agencia Reuters.
La medida forma parte de una estrategia cada vez más agresiva por parte de la administración republicana, que ha convertido la lucha contra el narcotráfico en una prioridad de seguridad nacional y un instrumento clave en su política migratoria.
“Este despliegue tiene como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos procedentes de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región”, explicó una de las fuentes citadas bajo anonimato por Reuters.
Desde que asumió nuevamente la presidencia, Trump ha dado luz verde a operaciones militares contra los carteles fuera del territorio estadounidense, una medida sin precedentes que convierte al Ejército en actor principal de la lucha antidrogas, dentro y fuera de sus fronteras.
De acuerdo con reportes de The New York Times, la orden presidencial faculta a las Fuerzas Armadas para ejecutar acciones que antes eran competencia exclusiva de agencias civiles, como son persecución, captura y neutralización de sospechosos.
Precisamente, el Departamento de Estado de EE.UU. declaró como organizaciones terroristas extranjeras a seis cárteles mexicanos, incluidos los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, al Tren de Aragua de Venezuela y a la Mara Salvatrucha (MS-13), integrando a estas bandas a la lista negra del terrorismo global, normalmente reservada para grupos como Al Qaeda o ISIS.
La justificación, según el documento oficial, es que estas organizaciones representan una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad, economía y política exterior estadounidense. Entre las razones esgrimidas están el tráfico de drogas, armas y migrantes, así como su presencia activa dentro del territorio de EE.UU.
Como parte de esta nueva política, el Pentágono ha incrementado el uso de drones de vigilancia sobre territorio mexicano y venezolano.
Según informes oficiales, miembros de organizaciones criminales detenidos en operativos migratorios en EE.UU. están siendo deportados a la Base Naval de Guantánamo, en el oriente de Cuba, un hecho que recuerda las políticas post-11 de septiembre y abre nuevas interrogantes sobre derechos humanos y el debido proceso.
El despliegue de fuerzas estadounidenses en el mar Caribe, una zona históricamente sensible para América Latina y especialmente para países como Cuba y Venezuela, revive temores sobre una posible escalada regional.
El gobierno mexicano ya ha manifestado su rechazo a que EE.UU. asuma este tipo de medidas de forma unilateral, advirtiendo que podrían constituir una puerta a la intervención directa.
Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro ha sido blanco directo de las acusaciones de Washington. El Departamento del Tesoro designó recientemente al Cartel de los Soles, supuestamente dirigido por Maduro, como organización terrorista, y el Departamento de Justicia ofreció 50 millones de dólares de recompensa por su captura.
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