Una tienda privada en el municipio Diez de Octubre, La Habana, fue clausurada por inspectores estatales tras detectarse supuestas irregularidades, en un operativo que refleja la cruzada del régimen contra el sector no estatal, cada vez más acosado por controles, multas millonarias y amenazas de cierres.
Según reportó el medio oficialista Tribuna de La Habana, la Dirección Provincial de Comercio envió un equipo de inspectores al establecimiento Todotuti, ubicado en calle Finlay 910 entre Gestrudis y Lagueruela, luego de que una vecina denunciara que en el local no aceptaban pagos por transferencia, una práctica extendida en muchos negocios privados debido a la desconfianza en el sistema bancario cubano y las trabas que impone el uso de la Cuenta Bancaria Fiscal (CBF).
Durante la inspección, además de la negativa a aceptar transferencias, las autoridades reportaron violaciones de precios, por ejemplo, el pollo troceado se vendía a 350 pesos por libra, cuando el precio oficial es de 312, y la venta de productos vencidos como mermelada y sorbetos.
Una trabajadora fue sancionada con una multa de 30 mil pesos y se decretó el cierre del negocio por siete días, con la amenaza de denuncia por “desobediencia” si la medida no se cumple.
El caso ganó más notoriedad porque la titular del negocio reside en Estados Unidos y, según el reporte oficial, no presentó licencia sanitaria ni documentos fiscales.
Tribuna de La Habana.
Carlos Alberto Suárez Leyva, jefe de Atención a las formas de Gestión no Estatal de la Dirección Provincial de Comercio, declaró a Tribuna de La Habana que las inspecciones continuarán “para garantizar que se cumpla con lo legislado y orientado”, y aseguró que se actuará “con firmeza” ante cualquier violación, en nombre de un supuesto “entorno de comercio justo y transparente en beneficio del pueblo”.
El cierre de Todotuti se suma a la ofensiva más amplia del gobierno contra los negocios privados. Apenas unas semanas antes, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) había lanzado una advertencia pública en la que decía que los establecimientos que evadan impuestos usando cuentas personales o que rechacen pagos por transferencia enfrentarán cierres, multas y acusaciones por evasión fiscal, que el régimen considera un “delito”.
La embestida también se extiende a los precios. En 2024, el gobierno cubano impuso más de 600 millones de pesos en multas a negocios privados acusados de violar precios topados, en un intento de controlar la inflación a través de la represión económica.
En todos los casos, los operativos se presentan como una defensa de los consumidores, pero en la práctica suponen un endurecimiento del cerco contra un sector privado que sostiene buena parte del consumo diario de los cubanos, en medio de una inflación galopante, escasez crónica y una dolarización parcial de la economía.
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