El Gobierno de La Habana ha lanzado una ofensiva contra los negocios privados que incumplen las normas tributarias, en particular aquellos que evitan el uso de la Cuenta Bancaria Fiscal (CBF) o se niegan a aceptar pagos por transferencia.
La medida fue anunciada por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y difundida por el periódico oficialista Tribuna de La Habana, que reporta que varios establecimientos continúan realizando operaciones económicas mediante cuentas bancarias personales, una práctica que viola la legislación fiscal vigente.
Según la ONAT, los negocios que persistan en estas prácticas enfrentarán multas administrativas, cierre temporal y controles fiscales por presunto delito de evasión fiscal, un acto que, subrayaron, “no es una opción, es un delito”.
Las autoridades advierten que el incumplimiento reiterado puede acarrear consecuencias legales graves, y exigen a los actores económicos del sector no estatal actuar con responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes fiscales.
El uso de la CBF y la aceptación de pagos por transferencia electrónica son considerados elementos esenciales para garantizar transparencia contable y trazabilidad del dinero, pilares que la ONAT califica como fundamentales para el sostenimiento económico del país.
Con esta cruzada, el gobierno busca ejercer mayor control sobre las finanzas de los emprendedores, en un contexto de informalidad creciente, dolarización parcial del comercio y creciente dependencia del sector privado en la economía diaria de la población cubana.
En paralelo al aumento de controles fiscales sobre el sector privado, el gobierno cubano ha intensificado las campañas contra la evasión económica y las actividades informales.
Bajo el argumento de “reordenar el escenario económico”, se han activado operativos que incluyen desde fiscalizaciones directas hasta ejercicios nacionales coordinados por el Ministerio del Interior, con participación de varias entidades estatales.
Estas acciones se enmarcan en un discurso oficial que busca presentar una imagen de mayor control y legalidad. No obstante, las propias autoridades han reconocido la persistencia de delitos económicos, incluyendo el uso de cuentas personales en operaciones comerciales, el ocultamiento de ingresos y el incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de negocios privados.
Mientras se exige mayor trazabilidad a emprendedores, el contexto general sigue marcado por la desconfianza, la opacidad institucional y una alta dependencia del mercado informal, además de los problemas derivados de la ineficaz bancarización.
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