Los reguladores de Estados Unidos aprobaron nuevas dosis contra la COVID-19, pero impusieron restricciones que complican el acceso a millones de personas y retiraron una de las vacunas destinadas a niños pequeños.
La información fue reportada por Associated Press (AP), que detalló que las dosis actualizadas de Pfizer, Moderna y Novavax quedaron aprobadas para adultos mayores, mientras que en el caso de menores y adultos jóvenes solo podrán acceder quienes presenten al menos una condición de riesgo, como asma u obesidad.
Eso supone nuevas barreras para quienes deseen vacunarse y no puedan acreditar enfermedades.
En paralelo, la vacuna de Pfizer quedó excluida para todos los niños menores de cinco años, ya que la FDA revocó la autorización de emergencia que permitía su uso en ese grupo etario.
La alternativa disponible será la vacuna Spikevax, de Moderna, con aprobación para niños a partir de los seis meses, aunque limitada únicamente a quienes tengan problemas de salud graves.
El refuerzo de Novavax quedó restringido a mayores de 12 años, bajo los mismos criterios de riesgo.
La agencia explicó que la medida se adopta tras la revisión de datos sobre la evolución del virus y ante dudas sobre la necesidad de inmunizar a toda la población cada año, como ocurría hasta ahora.
La nueva política rompe con la estrategia previa, que recomendaba dosis anuales para todos los estadounidenses a partir de los seis meses de edad.
Varias asociaciones médicas, incluida la Academia Americana de Pediatría, han criticado la decisión, advirtiendo que se bloquea el acceso a familias que buscan proteger a sus hijos.
Los cambios coinciden con un clima de inestabilidad en el sistema de salud pública. Esta misma semana, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Susan Monarez, fue destituida por la Casa Blanca tras menos de un mes en el cargo, reportó AP.
Un portavoz alegó que no estaba “alineada” con la agenda del presidente Donald Trump, mientras que sus abogados sostienen que fue apartada por defender la ciencia frente a presiones políticas.
La salida de Monarez estuvo acompañada de la renuncia de al menos cuatro altos cargos del CDC, entre ellos responsables de inmunización y enfermedades infecciosas.
En cartas de despedida, algunos denunciaron la censura de la comunicación científica, recortes presupuestarios y la entrega de responsabilidades clave a personas con antecedentes de escepticismo hacia las vacunas.
Expertos en salud pública calificaron la situación como una “decapitación” del CDC, y alertaron que la pérdida de cuadros científicos experimentados debilita la preparación del país frente a emergencias sanitarias.
Los nuevos lineamientos sobre las vacunas, junto a la crisis en el liderazgo de la principal agencia de salud, confirman un escenario de incertidumbre en plena temporada de repunte de virus respiratorios y con decenas de miles de muertes por COVID registradas el último año en Estados Unidos.
La nueva política de vacunación en Estados Unidos, que excluye a personas sin condiciones de riesgo y elimina el uso de Pfizer para niños menores de cinco años, se implementa en un momento en que la OMS advierte sobre el aumento global de casos y la aparición de una nueva subvariante más transmisible.
Aunque con menor letalidad, los expertos alertan que la relajación de medidas sanitarias y la fatiga social están abriendo espacio a repuntes que podrían saturar nuevamente los sistemas de salud.
Mientras tanto, en Cuba, las autoridades sanitarias han decidido retomar el esquema de vacunación con una nueva dosis de refuerzo. La campaña incluye la aplicación de vacunas nacionales a mayores de 50 años, embarazadas y personas inmunodeprimidas, tras detectar un ligero incremento de contagios en varias provincias del país.
Esta reactivación contrasta con el enfoque restrictivo adoptado por Estados Unidos, donde especialistas denuncian que se pone en riesgo la cobertura inmunológica general por decisiones motivadas más por la política que por la evidencia científica.
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