El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reconoció el miedo creíble de la cubana Mariana Fernández León, una joven que participó en las protestas del 11 de julio de 2021 y que había sido condenada en La Habana a cuatro años de trabajo correccional por supuestos delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos.
"USCIS le cerró el caso porque USCIS no tenía jurisdicción para poderles adjudicar ese caso de asilo", dijo a Telemundo 51 la abogada de inmigración, Gladys Carredeguas.
La decisión abre la puerta a que inicie el camino hacia la regularización de su estatus migratorio y supone un primer freno a la amenaza de deportación que pendía sobre ella y su hermana, también manifestante del 11J.
Una vida marcada por la represión y el exilio
Mariana, que tenía apenas 18 años cuando salió a las calles en 2021, relató que escapó de Cuba porque, tras las protestas, fue sometida a un proceso judicial arbitrario que la sentenció sin garantías a prisión domiciliaria.
"Escapé de Cuba porque me manifesté en las protestas del 11 de julio y me sentenciaron a cuatro años de prisión domiciliaria", declaró.
En noviembre de 2022, la joven huyó de la isla junto a su hermana Yaneris Redondo León, de 31 años, y otros 40 cubanos en una embarcación precaria que partió de Cojímar y encalló en los Cayos Marquesas tras 16 horas de travesía.
A su llegada, Mariana tuvo que ser hospitalizada por un colapso renal causado por la deshidratación sufrida durante el viaje.
Condenas fabricadas para silenciar la disidencia
Las hermanas Fernández León fueron procesadas en Cuba en un juicio sin garantías, como miles de manifestantes del 11J. Mariana recibió cuatro años de trabajo correccional y Yaneris fue sentenciada a siete años de prisión.
El tribunal que dictó la condena las acusó de lanzar piedras y proferir consignas contra Miguel Díaz-Canel y la Policía, a pesar de que no se documentaron lesionados ni daños graves.
En Cuba, tras el juicio, ambas quedaron en libertad bajo fianza mientras apelaban, pero la represión continuó. La Seguridad del Estado las acosó de forma constante, extendiendo las amenazas incluso a familiares y allegados.
Al ver cerradas todas las vías legales dentro del país, decidieron huir.
Riesgo de deportación y violación del principio de no devolución
Ya en Estados Unidos, las hermanas enfrentaron un panorama incierto. La denegación inicial del asilo político dejó sus casos en un limbo, y la amenaza de deportación era inminente.
Organizaciones como Justicia 11J advirtieron que devolverlas a la isla equivaldría a entregarlas directamente a la cárcel y a nuevos actos de represalia, en abierta violación del principio de non-refoulement, que prohíbe enviar a una persona de regreso a un país donde corre riesgo de persecución, tortura o tratos crueles.
Su madre, Yosima León, residente en Florida, explicó entre lágrimas a medios locales que regresar a Cuba sería "dejarlas sin vida".
Tras la llegada de sus hijas buscó apoyo legal con el bufete del abogado Willy Allen, mientras activistas como Salomé García Bacallao hacían llamados públicos para que las autoridades estadounidenses no las deportaran.
Un paso adelante, pero la incertidumbre continúa
Con el reconocimiento de miedo creíble, Mariana comienza a vislumbrar una salida legal a su situación. Sin embargo, el camino no está cerrado: aún falta que su hermana Yaneris supere la misma entrevista y pueda iniciar su propio proceso de protección.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos insisten en que el caso de las hermanas Fernández León refleja el drama de cientos de jóvenes reprimidos tras las protestas del 11J, encarcelados por ejercer derechos básicos y forzados al exilio para sobrevivir.
La decisión de USCIS supone una victoria parcial frente a un régimen que castiga la disidencia y sigue llenando las cárceles de presos políticos.
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