El activista cubano Luis Robles Elizástigui, conocido como “el joven de la pancarta”, logró salir de Cuba rumbo a España sin que la Seguridad del Estado se tras años de encarcelamiento, hostigamiento y amenazas del régimen.
Su partida tomó por sorpresa a la Seguridad del Estado, que lo había presionado durante meses para mantener silencio sobre su experiencia en prisión.
En declaraciones a CiberCuba durante una conferencia de prensa este miércoles, Robles afirmó que “Ellos querían que me fuera, pero sin hablar”.
Afirmó que cuando el represor a cargo de darle seguimiento llamó a su casa, quedó sorprendido al enterarse de que la familia había abandonado la isla de forma discreta y sin aviso previo a las autoridades.
Robles, acompañado de su madre Yindra Elizástigui y su hijo de siete años, arribó este lunes al Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, marcando el inicio de una nueva etapa en libertad.
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En declaraciones ofrecidas antes de su salida, aseguró que la Seguridad del Estado estaba al tanto de su deseo de abandonar el país, pero que le impusieron condiciones.
“Se les dijo que el día que terminara mi sanción, mi deseo era irme, porque sufrí y toda mi familia sufrió amenazas. Ellos estaban interesados en que me fuera, pero con la prohibición de hablar de lo que viví en prisión, bajo amenaza”, relató.
El activista explicó que decidió marcharse sin revelar cómo lo haría para evitar ser interceptado: “Decidí irme del país, pero no dije cómo. Cuando se enteraron, ya estaba fuera, y eso los tomó por sorpresa porque no les di acceso a mi vida”.
Robles, de 32 años y natural de La Habana, fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional tras su arresto en diciembre de 2020 por sostener una pancarta en el céntrico Boulevard de San Rafael con el mensaje: “Libertad, no más represión, #FreeDenis”, en apoyo al rapero Denis Solís.
El acto pacífico, grabado por transeúntes y difundido en redes sociales, se convirtió en un símbolo de resistencia ciudadana y fue incluido en el videoclip del himno “Patria y Vida”. Paradójicamente, ese video fue utilizado por la Fiscalía como “prueba” en su contra.
Durante el juicio, Robles fue acusado de “resistencia” y “propaganda enemiga”, a pesar de que las imágenes mostraban que no opuso fuerza al ser arrestado ni incitó a la violencia.
En marzo de 2022, fue condenado a cinco años de prisión en una sentencia que justificó su castigo alegando que había “respondido a una convocatoria del influencer Alexander Otaola” y que su mensaje “buscaba desestabilizar el orden interno”.
La decisión judicial fue duramente criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos. En 2024, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a los jueces y fiscales responsables del caso —Gladys María Padrón Canals, María Elena Fornari Conde, Juan Sosa Orama y Yanaisa Matos Legrá— por su participación en una “detención arbitraria” y “grave violación de los derechos humanos”.
Estos funcionarios y sus familiares tienen prohibida la entrada a territorio estadounidense.
Durante su encarcelamiento en la prisión Combinado del Este, Robles fue víctima de castigos y aislamiento, mientras su familia enfrentaba un hostigamiento constante. Su hermano, Lester Fernández, fue detenido y multado con 7.000 pesos tras ser acusado de “salida ilegal del país”, sin que existieran pruebas en su contra.
Su madre, Yindra Elizástigui, se convirtió en una de las voces más activas por la libertad de los presos políticos, denunciando públicamente los abusos del régimen. “Debemos seguir defendiendo a los inocentes, porque nuestros hijos no son delincuentes”, declaró en 2023 tras otra negativa de excarcelación para su hijo.
Graduado en Informática, Robles ya manifestaba ideas críticas antes de su protesta pública. Días antes de su arresto, grabó un video en el que afirmaba: “Deseamos de corazón un cambio de sistema, porque el comunismo ha convertido a este país en un infierno donde es imposible respirar paz y libertad”.
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