La jueza cubana María Elena Fornari Conde, sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos por su implicación en violaciones de derechos humanos contra opositores, reaccionó con sorpresa tras conocer la medida, según una conversación telefónica difundida por el periodista Mario Vallejo, de Univisión 23.
La mujer afirmó que no es abogada profesional, sino que ejerce como juez lego, una figura judicial en Cuba que permite a personas sin estudios de Derecho participar en tribunales.
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El gobierno cubano la presenta como una expresión de participación popular, pero organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que esta estructura actúa al servicio del poder político, sin garantías reales de independencia.
Durante la llamada, Fornari, quien reside en el municipio La Lisa, La Habana, rechazó tajantemente haber formado parte de juicios contra opositores.
"No se puede estar juzgándome de algo que usted desconoce y yo desconozco también. Hay que tener mucho cuidado de estar juzgando a la gente así", declaró con tono de advertencia.
También señaló que solo participa en casos de delitos comunes, como robos o accidentes, y que nunca ha estado involucrada en procesos políticos.
Cuando Vallejo le preguntó por las acusaciones, ella respondió que se informaría con su tío, quien "es de los derechos humanos", sin dar más detalles.
Por último, en un intento de desmarcarse de decisiones judiciales controvertidas, afirmó que como juez lego su papel es "tener pruebas, defender a las personas, discutir, debatir".
La conversación se tornó tensa cuando intervino su hija, quien cuestionó al periodista sobre su identidad y lo acusó de violar la ley.
Llamó la atención el desconocimiento de la mujer sobre figuras clave de la política estadounidense como el Secretario de Estado Marco Rubio, abiertamente crítico del régimen cubano.
La inclusión en la lista de sancionados por el gobierno estadounidense contradice las declaraciones de Fornari Conde.
Washington la responsabiliza, junto a otros tres funcionarios judiciales, por su rol en el juicio del joven manifestante Luis Robles Elizástigui, condenado por protestar pacíficamente en La Habana en 2020 con un cartel que pedía libertad y el fin de la represión.
Robles fue liberado a inicios de este año, tras cumplir gran parte de su sentencia.
El Departamento de Estado anunció el miércoles sanciones contra Fornari y otros tres jueces del Tribunal Provincial Popular de La Habana, prohibiéndoles la entrada a Estados Unidos junto a sus familiares directos.
Según el comunicado oficial, "estos funcionarios del régimen y sus familias no son elegibles para ingresar a Estados Unidos", por haber sido parte de procesos judiciales considerados simulados y arbitrarios.
Las sanciones se enmarcan en la política de la Administración Trump de castigar a quienes participen en actos represivos en Cuba.
El propio Marco Rubio lanzó una advertencia directa al régimen, asegurando que los funcionarios que violen los derechos humanos del pueblo cubano enfrentarán consecuencias concretas.
"Hoy, Estados Unidos responsabiliza a tres jueces cubanos y a un fiscal cubano por su papel en la detención arbitraria de Luis Robles Elizástigui. Con esta acción, estos individuos ya no son elegibles para entrar a nuestra nación", afirmó en X.
La inclusión de jueces legos en este tipo de medidas también pone en el centro del debate la legitimidad de esta figura dentro del sistema judicial cubano, cuestionado internacionalmente por su falta de imparcialidad.
"Estas sanciones son un mensaje claro: quienes participen en la represión no quedarán impunes", concluyó el comunicado de Washington.
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