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El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha propuesto al Gobierno y al Parlamento una reforma del Código Civil que permitiría a los descendientes de emigrantes españoles optar por la nacionalidad en cualquier momento y sin restricciones por grado de parentesco.
La iniciativa busca sustituir el actual marco de la Ley de Memoria Democrática, que venció este 22 de octubre tras dos años de vigencia y una prórroga adicional, y que ha permitido a hijos y nietos de españoles solicitar el pasaporte, pero solo dentro de un plazo temporal limitado.
Según el CGCEE, el cierre del periodo para nuevas solicitudes y los graves retrasos administrativos en los consulados han puesto en evidencia la necesidad de una norma más estable, que reconozca la ciudadanía como un derecho permanente para los descendientes de emigrantes.
“El sistema actual ha generado una presión excesiva sobre las oficinas consulares y una gran incertidumbre entre los solicitantes”, advirtió el Consejo en su propuesta formal, ya remitida a las comisiones de Justicia del Congreso y del Senado.
Una reforma estructural del derecho a la nacionalidad
Acorde a La Nueva España, la propuesta del organismo consultivo plantea que el acceso a la nacionalidad se integre de manera definitiva en el Código Civil, eliminando el concepto de “ventanas temporales” que han caracterizado las últimas leyes de reconocimiento a descendientes.
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El texto sugiere además que el derecho de acceso se extienda a cualquier generación de descendientes que pueda demostrar la existencia de un ascendiente español, sin importar la línea paterna o materna.
Esta modificación implicaría una corrección histórica de desigualdades derivadas de legislaciones anteriores, que otorgaban la nacionalidad con mayor facilidad a los descendientes de varones españoles que a los de mujeres que perdieron su ciudadanía al casarse con extranjeros antes de 1978.
El Consejo considera que mantener un límite generacional —actualmente hasta nietos, en algunos casos bisnietos— “provoca situaciones de discriminación injustificadas” y fragmenta a las familias de origen español en el extranjero.
Demoras y saturación consular
Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, más de 1,5 millones de personas han presentado solicitudes de nacionalidad por la vía de los descendientes, la mayoría en América Latina.
Los consulados en Argentina, Cuba, México y Estados Unidos se encuentran entre los más saturados, con esperas que en algunos casos superan los dos años. En Buenos Aires, el volumen de trámites es tan alto que, según estimaciones oficiales, la ciudad podría convertirse en la tercera con más españoles del mundo, después de Madrid y Barcelona.
En este contexto, el CGCEE considera “insostenible” mantener un modelo basado en plazos fijos y cupos, ya que “genera inseguridad jurídica, desigualdad de oportunidades y un colapso burocrático que podría prolongarse durante décadas”.
Apoyo político y obstáculos
La propuesta de reforma ha recibido buena acogida en sectores del PSOE y del Partido Popular, que han manifestado su disposición a estudiar una ley “definitiva” sobre nacionalidad. Sin embargo, las diferencias ideológicas y la fragmentación parlamentaria podrían dificultar un consenso amplio.
El Ministerio de Justicia ha reconocido la existencia de problemas en la gestión del actual proceso, aunque no ha anunciado aún una posición oficial sobre la reforma. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que cualquier cambio estructural “deberá contar con un amplio acuerdo político”.
Otras medidas complementarias
Además de la supresión de plazos y la ampliación generacional, el CGCEE propone modificar los artículos del Código Civil relativos a la pérdida involuntaria de nacionalidad, que afecta a miles de jóvenes nacidos en el extranjero.
Actualmente, quienes adquieren la doble nacionalidad deben realizar un “acto de conservación” antes de los 21 años para mantener su condición de españoles, trámite que muchos desconocen y que provoca pérdidas automáticas no deseadas. El Consejo plantea que la pérdida solo pueda producirse mediante una renuncia expresa.
Hacia una ley permanente y más inclusiva
La propuesta, que ya se encuentra en análisis parlamentario, aspira a consolidar una política estable de ciudadanía española en el exterior. El objetivo, según el documento remitido al Congreso, es “trasladar los avances de la Ley de Memoria Democrática a una norma definitiva, sin limitaciones temporales ni discriminación por línea familiar”.
Si prospera, España podría convertirse en uno de los pocos países europeos con un sistema de nacionalidad por descendencia abierto de forma indefinida, lo que tendría un impacto inmediato en comunidades históricamente vinculadas con la emigración española en América Latina.
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