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La crisis sanitaria que atraviesa Cuba ha dejado de ser un problema local para convertirse en un asunto de urgencia internacional.
La propagación de enfermedades como el chikungunya, el dengue y otras arbovirosis, en medio de un sistema hospitalario colapsado, ha desatado una ola de denuncias y llamados a la acción por parte de la sociedad civil cubana, tanto dentro como fuera de la isla.
Activistas, médicos independientes y organizaciones no gubernamentales exigen al régimen de Miguel Díaz-Canel que declare oficialmente una “emergencia sanitaria nacional” y solicite cooperación médica y humanitaria internacional.
Alegan que el país carece de los recursos mínimos para contener la crisis, y que la negativa del gobierno a reconocer su magnitud solo agrava la situación.
Un sistema colapsado y una población abandonada
En los últimos meses, CiberCuba ha documentado decenas de testimonios que reflejan el colapso del sistema de salud.
Hospitales sin agua ni electricidad, falta de medicamentos esenciales, salas de urgencias abarrotadas y médicos agotados son parte del panorama que hoy viven los cubanos. En redes sociales abundan los mensajes de ciudadanos que aseguran que “ya nadie va al médico porque no hay medicamentos”.
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La epidemia de chikungunya se ha expandido por todo el país, golpeando con fuerza en provincias como La Habana, Matanzas y Holguín.
Según datos oficiales del ministerio de Salud Pública (MINSAP), se reportan más de 20,000 casos confirmados y decenas de miles sospechosos. Sin embargo, registros independientes recopilados por médicos y activistas elevan la cifra real a más de 80,000 enfermos y al menos 87 fallecidos entre octubre y noviembre de 2025.
La activista Amelia Calzadilla, una de las voces más reconocidas de la sociedad civil cubana, calificó la situación de “colapso humanitario” y pidió abiertamente que la comunidad internacional intervenga con ayuda médica y humanitaria:
“Esto no es política, es salud pública. La gente se está muriendo en sus casas sin atención, sin sueros, sin médicos. Cuba necesita ayuda, y la necesita ya”.
Por su parte, el médico Lucio Enríquez Nodarse, exiliado en España, fue más allá al declarar que el país “ya no tiene capacidad técnica ni recursos para enfrentar una epidemia de este nivel”.
En una carta pública pidió que “el gobierno cubano admita su incapacidad y permita la entrada de brigadas médicas internacionales, sin propaganda ni control político”.
De la “intervención humanitaria” a la “emergencia sanitaria”: Precisión y contexto jurídico
Aunque en redes sociales se ha popularizado la expresión “intervención humanitaria en Cuba”, expertos en derecho internacional advierten que ese término no es el más adecuado para describir la situación actual.
En el derecho internacional, la “intervención humanitaria” —también conocida como “injerencia humanitaria”— implica la acción coercitiva o incluso el uso de fuerza militar en territorio de un Estado, sin su consentimiento, con el fin de detener violaciones masivas de derechos humanos.
Este concepto fue invocado, por ejemplo, en los conflictos de Kosovo o Libia, pero no está reconocido formalmente como un derecho automático en los tratados internacionales. Solo puede realizarse con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o con consentimiento del Estado afectado.
Por tanto, aunque muchos cubanos utilizan esa expresión como sinónimo de “ayuda urgente”, jurídicamente se trata de conceptos distintos.
Lo que la sociedad civil realmente propone es que el régimen declare una “emergencia sanitaria nacional” —figura prevista en los Reglamentos Sanitarios Internacionales de la OMS— y solicite ayuda médica y técnica internacional, tal como han hecho otros países ante epidemias o desastres.
Esa declaración permitiría abrir las puertas a:
- Misiones médicas de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
- Donaciones de medicamentos, vacunas, equipos y suministros médicos.
- Asistencia técnica de laboratorios, universidades y organismos internacionales.
- Ayuda directa de ONG humanitarias y gobiernos aliados.
De acuerdo con especialistas en derecho internacional, la declaración de una emergencia sanitaria no vulnera la soberanía nacional; al contrario, refuerza la responsabilidad del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos al aceptar cooperación internacional.
ONG's denuncian ocultamiento y desvío de ayuda
Organizaciones humanitarias como Cruz Verde Internacional y Solidaridad Sin Fronteras han pedido a Naciones Unidas y a la OMS que intervengan diplomáticamente ante el régimen cubano.
Según denunciaron, gran parte de la ayuda humanitaria enviada desde el exilio no llega a los hospitales ni a los enfermos, sino que es desviada o vendida por funcionarios estatales.
En un comunicado emitido desde Miami, ambas ONG's pidieron al régimen “dejar de politizar la asistencia médica” y declararon que “no se trata de ideología, sino de salvar vidas humanas”.
Solicitaron además que cualquier canal de cooperación internacional garantice la entrega directa de insumos a los beneficiarios, evitando la intermediación de instituciones controladas por el Partido Comunista.
El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) fue aún más contundente al afirmar que lo que ocurre en Cuba es un “genocidio silencioso”: “El Estado ha renunciado a su deber de proteger la vida. El silencio y la censura ante miles de enfermos y fallecidos son una forma de violencia institucional”.
La denuncia del OCC conecta con el principio de “Responsabilidad de Proteger” (R2P), reconocido por las Naciones Unidas desde 2005, según el cual la soberanía estatal implica la obligación de proteger la vida y la dignidad de la población.
Cuando un gobierno —por acción u omisión— incumple ese deber esencial, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar de forma colectiva para prevenir más sufrimiento, preferiblemente mediante mecanismos diplomáticos, humanitarios o de asistencia sanitaria.
En este contexto, el reclamo de activistas y organizaciones no busca una intervención militar, sino una acción humanitaria internacional coordinada, que presione al Estado cubano a admitir la magnitud de la crisis y permitir la entrada de ayuda que salve vidas.
La urgencia de una respuesta internacional
Más allá de las cifras, la crisis sanitaria cubana revela un sistema en ruinas, sin infraestructura, sin medicamentos y con una burocracia que prioriza la propaganda sobre la salud pública.
Los hospitales siguen sin recursos, las farmacias vacías y la población indefensa ante epidemias tropicales que ya se expanden hacia zonas urbanas densamente pobladas.
Mientras tanto, el régimen insiste en que “la situación está bajo control” y culpa a “las condiciones climáticas y al bloqueo estadounidense” de las carencias.
Sin embargo, expertos y ciudadanos coinciden en que la raíz del problema es estructural y doméstica: décadas de negligencia, corrupción y abandono del sistema sanitario, convertido en instrumento propagandístico del poder.
La declaración de una emergencia sanitaria permitiría, según los activistas, presionar políticamente al gobierno para que admita su incapacidad y abra canales legales y diplomáticos para la cooperación internacional.
No se trata de una invasión ni de una intervención armada, sino de una acción humanitaria colectiva para evitar más muertes y frenar una epidemia que ya ha cruzado los límites del control interno.
“Salvar vidas no debería ser delito”
Amelia Calzadilla lo resumió en un mensaje que circula en redes: “Salvar vidas no debería ser delito. Si el gobierno no puede, que deje que otros lo hagan”.
El reclamo se ha convertido en un grito común entre cubanos de dentro y fuera de la isla. La presión crece para que el régimen reconozca lo evidente: que el colapso sanitario es tan grave como el económico, y que ningún discurso podrá ocultar las cifras de muertos ni el sufrimiento de miles de familias.
La comunidad internacional —ONG, gobiernos, organismos multilaterales y la diáspora cubana— se enfrenta ahora a un dilema moral: ¿esperar a que La Habana acepte su ayuda, o buscar mecanismos alternativos para socorrer a un pueblo que se desangra lentamente bajo el silencio estatal?
Mientras tanto, en los barrios cubanos, la gente sigue enferma, los hospitales siguen vacíos y la esperanza se diluye entre mosquitos, fiebre y apagones.
El país necesita medicinas, sueros, médicos. Pero, sobre todo, necesita un gobierno que anteponga la vida a la propaganda.
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