Vídeos relacionados:
La Contralora General de la República de Cuba, Miriam Marbán González, encabeza la delegación del régimen que participa esta semana en la XI Sesión de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
El evento, que tiene lugar en Doha, Catar, sirvió de ocasión para que el gobierno de Miguel Díaz-Canel volviese a proclamar su presunta “política de tolerancia cero” ante la corrupción.
El ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) divulgó este martes una nota en la que aseguró que Cuba “reafirma su compromiso con los principios de la Convención” y con “una administración pública íntegra y al servicio del pueblo”.
Sin embargo, detrás del discurso oficial se esconde una contradicción estructural: el principal conglomerado económico del país, GAESA, continúa blindado por ley contra cualquier tipo de auditoría o fiscalización independiente.
La Contraloría General, creada en 2009 y reformada en 2022 mediante la Ley 158, perdió toda capacidad de revisar las operaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y sus empresas.
Lo más leído hoy:
El cambio legal eliminó incluso la palabra “auditoría” en lo relativo a instituciones militares, dejando en manos del propio presidente la decisión sobre posibles controles internos.
En la práctica, GAESA opera como un Estado dentro del Estado, manejando los sectores más rentables —turismo, comercio en divisas, telecomunicaciones, banca, inmobiliarias y remesas— sin rendir cuentas a la Asamblea Nacional ni al órgano supuestamente encargado de combatir la corrupción.
Esa opacidad no es nueva. Su antecesora, Gladys María Bejerano Portela —la llamada “Contralora de Hierro”—, ya había admitido en 2024 que GAESA no estaba bajo su supervisión, aunque intentó justificarlo alegando que el grupo militar contaba con “disciplina y organización superior”.
En paralelo, Bejerano calificaba de “traición” el caso de corrupción del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, hoy caído en desgracia, pero jamás mencionó los manejos del emporio militar.
El contraste entre la retórica oficial y la realidad institucional es evidente. Mientras el régimen presenta en foros internacionales su “compromiso con la transparencia”, en Cuba se ha institucionalizado una corrupción de cúpula, protegida por leyes hechas a la medida del poder.
Economistas como Pedro Monreal han denunciado que el blindaje legal de GAESA convierte la lucha anticorrupción en un ejercicio puramente propagandístico. Ningún ciudadano ni organismo civil puede auditar el flujo de divisas que maneja el conglomerado, estimado en miles de millones de dólares.
Así, la presencia de Marbán González en Catar resulta paradójica: el régimen defiende en el extranjero una “tolerancia cero” que en casa no aplica.
Porque, mientras la Contraloría revisa pequeñas empresas y entidades civiles, el verdadero corazón financiero de Cuba —GAESA— sigue intocable, al margen de toda rendición de cuentas y protegido por el poder militar que sostiene a la dictadura.
Archivado en: