Vídeos relacionados:
Las revelaciones sobre las multimillonarias reservas de GAESA han puesto en el centro del debate el problema de la opacidad en la economía cubana.
Un nuevo análisis del economista Pedro Monreal apuntó a la raíz legal que permite semejante oscuridad: la Contraloría General de la República tiene prohibido auditar al conglomerado militar que controla la mayor parte de las divisas en la Isla.
Y no se trata de un vacío, sino de un blindaje hecho a la medida del poder.
La “trampa” legal
En su artículo, Monreal recordó que en la mayoría de los países se establecen excepciones legales para mantener en reserva asuntos de defensa o seguridad nacional, pero no para hoteles, cadenas de tiendas en divisas o concesionarias de automóviles.
En Cuba, basta con que una entidad figure dentro del organigrama militar para escapar de la fiscalización pública.
La clave está en la Ley de Contraloría 158/2022, que sustituyó a la norma de 2009 y eliminó toda referencia al término “auditoría” en el caso de las instituciones armadas.
Lo más leído hoy:
Lo que antes podía ser revisado por la Contraloría —aunque bajo “normas internas”— pasó a quedar exclusivamente en manos del Presidente de la República, quien recibe un informe anual y decide discrecionalmente si ordenar acciones de “prevención y control”.
Hasta la fecha, pasados ya 10 días de las revelaciones del Miami Herald, ni el gobernante Miguel Díaz-Canel -a quien, por ley, correspondería tomar cartas en el asunto-, ni ninguno de los ministros y altos funcionarios del gobierno han emitido declaración alguna sobre este presunto escándalo de corrupción en la cúpula del régimen cubano.
El resultado del nuevo entramado legal montado en 2022 es claro: GAESA no tiene obligación de rendir cuentas ni a la Asamblea Nacional ni al Contralor General, los órganos que en teoría ejercen la “más alta fiscalización” del país.
Retroceso en la fiscalización
La comparación entre las dos leyes es reveladora. La Ley 107/2009 establecía que los resultados de las auditorías internas de las instituciones armadas debían ser informados al Contralor General, y que el entonces Presidente del Consejo de Estado podía ordenar acciones de auditoría y control.
La nueva ley de 2022 reduce aún más el alcance de la supervisión: no solo desaparece la figura de la auditoría, sino que también se rebaja el papel de la Contraloría frente a la Asamblea Nacional. Lo que en 2009 era su “objetivo y misión fundamental” —auxiliar al Parlamento en la más alta fiscalización— ahora aparece apenas como una de sus funciones.
Mientras tanto, la Asamblea sí revisa a ministerios civiles como el de Comercio Interior, Transporte, Agricultura o Industria Alimentaria, obligados a reportar sus aportes al presupuesto y sus resultados con inversión extranjera.
GAESA, en cambio, queda fuera del radar aunque maneje sectores estratégicos y multimillonarios.
Una “hoja de parra” para GAESA
La diferencia no es casual. Monreal lo describió como un “traje a la medida”: una disposición diseñada expresamente para separar la actividad civil de GAESA —vender pollo importado, manejar supermercados, operar hoteles vacíos— del escrutinio parlamentario.
El ejemplo es contundente. Mientras el ministerio de la Industria Alimentaria debe rendir cuentas sobre su eficiencia y su contribución fiscal, GAESA destina miles de millones a hoteles de lujo que permanecen semivacíos y jamás tendrá que explicar por qué ni cuánto aporta realmente al presupuesto nacional.
En la práctica, se ha institucionalizado una opacidad política, disfrazada de norma legal, que coloca al conglomerado militar fuera de toda fiscalización ciudadana. La fórmula es simple: ampararse en la condición de “institución armada” para esquivar cualquier rendición de cuentas.
El problema político de fondo
Lo que está en juego no es solo una cuestión contable. La falta de auditoría estatal sobre GAESA significa que el conglomerado que concentra la mayoría de los ingresos en divisas del país no está sometido a control democrático alguno.
La Asamblea Nacional, convertida en un órgano formal sin capacidad de supervisión, no puede indagar en el destino de esas divisas ni exigir explicaciones sobre inversiones fallidas o prioridades económicas.
Para Monreal, esto evidencia una decisión política consciente: mantener a GAESA blindada del escrutinio público. Al eliminar el término “auditoría” de la ley de 2022 y al restringir la información al Presidente de la República, se crea un sistema opaco que refuerza el poder de la cúpula militar-empresarial y margina a los ciudadanos.
“Quien hizo la ley hizo la trampa”, resumió el economista. La trampa es blindar el corazón económico del régimen bajo el pretexto de ser una “institución armada”, aunque su negocio real no sean tanques ni aviones, sino supermercados, hoteles y remesas convertidas en divisas.
Más allá de la economía
El caso de GAESA muestra que la crisis de transparencia en Cuba es más profunda de lo que reflejan los balances oficiales.
No se trata únicamente de saber si existen 18,000 millones en cuentas bancarias ocultas, sino de reconocer que el sistema político ha creado mecanismos legales para impedir cualquier fiscalización real.
En definitiva, el blindaje de GAESA no es un accidente, sino una política de Estado. Una política que coloca al conglomerado militar por encima de la rendición de cuentas, la fiscalización parlamentaria y el control ciudadano, dejando en claro quién manda realmente en Cuba y por qué la opacidad no es un defecto del sistema, sino su esencia.
Archivado en: