Llegó el momento del cambio

La captura de Nicolás Maduro no fue solo un aviso para Cuba. Fue el desmantelamiento del último pilar económico que sostenía al régimen cubano y la confirmación de que el margen de maniobra de La Habana se estrecha cada día. 

Lo que ocurrió en Venezuela obliga a la élite cubana a tomar una decisión estratégica que llevaban posponiendo desde hace años: iniciar ahora una transición controlada, o esperar a que la transición sea impuesta desde fuera, por las circunstancias, o directamente por la fuerza. 

Cualquiera de estas vías conducirá al cambio en Cuba. La diferencia radica en quién controla el proceso y a qué precio personal lo pagan quienes hoy ostentan el poder.

Para la élite cubana, la lección debería ser clara: la transición va a ocurrir.

Venezuela: más que un espejo, el fin del subsidio

Durante más de dos décadas, Venezuela funcionó como el seguro de vida económico de Cuba. En los años de bonanza chavista, el flujo de petróleo subsidiado llegó a rondar los 90.000-100.000 barriles diarios, cubriendo hasta el 90% del consumo energético cubano. Incluso cuando la producción venezolana colapsó y el país entró en caída libre, el goteo continuó: unos 30.000 barriles diarios que seguían siendo vitales para mantener encendidas las plantas eléctricas y en marcha el transporte en la isla.

Con la caída de Maduro, ese flujo se encuentra en riesgo terminal. Ningún nuevo actor en Caracas asumirá el costo político y financiero de seguir subsidiando a Cuba bajo sanciones de Washington. Y ningún proveedor alternativo entregará crudo a crédito ni aceptará el riesgo de enfrentarse al Departamento del Tesoro estadounidense por mantener a flote al régimen cubano. 

La ecuación es simple: sin petróleo venezolano, Cuba enfrenta más apagones, menos generación eléctrica, menor actividad productiva y un deterioro acelerado de una infraestructura que ya opera al límite.

Pero el problema no es solo energético. Es estructural. La economía cubana lleva años en contracción: el PIB ha caído un 11% desde 2019, la inflación oficial supera el 15% anual (aunque el costo real de vida se ha multiplicado por cuatro desde 2020), y más de 2,7 millones de cubanos —cerca de una cuarta parte de la población— han abandonado el país desde 2020. 

Las proyecciones oficiales para 2026 hablan de un crecimiento del 1%, una cifra que ni siquiera compensa la caída acumulada y que genera escepticismo incluso dentro de la isla. En ese contexto, perder el sostén venezolano no es un contratiempo: es el golpe que puede precipitar el colapso definitivo.

Cuba al descubierto: de actor periférico a arquitecto de la represión

La operación militar estadounidense contra Maduro dejó otro legado incómodo para La Habana: la confirmación pública y documentada del papel estructural que la inteligencia y las fuerzas armadas cubanas jugaron en el sostenimiento del régimen venezolano. 

Durante años, ese rol fue minimizado o ignorado por los grandes medios internacionales, que preferían hablar de Rusia, China o Irán como aliados estratégicos de Caracas. Pero la muerte de 37 agentes cubanos durante el operativo en Venezuela, reconocida oficialmente por el gobierno de Díaz-Canel, obligó a replantear el relato.

Investigaciones periodísticas y misiones de Naciones Unidas han documentado cómo dos acuerdos secretos firmados en 2008 otorgaron a Cuba acceso sin precedentes a las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia venezolanos. 

Asesores cubanos fueron integrados en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en el Ministerio de Defensa, en puertos, aeropuertos y hasta en el sistema nacional de identificación. 

Su misión no era solo entrenar o asesorar: era diseñar y operar una arquitectura de vigilancia interna que garantizara la lealtad de las tropas y permitiera reprimir cualquier disidencia antes de que se organizara.

La misión de la ONU que investigó crímenes de lesa humanidad en Venezuela confirmó que operativos cubanos entrenaron a personal venezolano en técnicas de seguimiento, infiltración, interrogatorio y represión de opositores políticos. Esa red de control fue clave en las respuestas brutales a las protestas de 2014 y 2017, que dejaron centenares de muertos, miles de detenidos y un patrón sistemático de tortura y desapariciones forzadas.

Lo relevante no es solo que esto haya ocurrido. Lo relevante es que ahora el mundo lo sabe, lo discute y lo vincula directamente con Cuba. Medios como Fox News, CNN, Reuters, The New York Times y Al Jazeera han dedicado reportajes extensos a explicar la infiltración cubana en Venezuela. Políticos, analistas y organismos internacionales han dejado de ver a Cuba como un actor menor o como víctima de sanciones para comenzar a tratarla como un exportador activo de represión y un sostén clave de dictaduras regionales.

Ese cambio narrativo tiene consecuencias. Endurece el clima diplomático, reduce los márgenes para negociaciones suaves y coloca a La Habana en el centro de la retórica de confrontación de Washington. Marco Rubio, Secretario de Estado y cubanoamericano de línea dura, ha sido explícito: "Si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría preocupado, al menos un poco". Donald Trump fue aún más directo: "Cuba parece lista para caer".

La ventana de negociación se cierra

Para la élite cubana, la lección debería ser clara: la transición va a ocurrir. Eso ya no está en discusión. Lo que está en juego es el cómo y el a qué precio. Y el momento de elegir es ahora, mientras aún queda margen para negociar.

Una transición controlada, iniciada desde dentro y conducida con criterio estratégico, podría incluir elementos que protejan los intereses de quienes hoy detentan el poder: amnistías selectivas para quienes no hayan cometido crímenes graves, salidas seguras al exilio con garantías jurídicas, preservación de una parte del patrimonio acumulado, e incluso un rol institucional supervisado durante un período de transición. Estudios sobre transiciones negociadas muestran que, cuando las élites del antiguo régimen facilitan el cambio en lugar de obstruirlo, logran conservar capacidad de influencia, evitar persecuciones judicales masivas y participar en el diseño del nuevo orden político.

El modelo de transición pactada requiere, como mínimo, cuatro pasos: liberación de todos los presos políticos (hoy Cuba tiene 1.187, la cifra más alta jamás registrada); legalización plena de partidos y organizaciones de oposición, que existen pero están criminalizadas; apertura económica real que permita la entrada de inversión privada y la reactivación productiva; y un calendario electoral transparente, con supervisión internacional, que permita a los cubanos elegir libremente su futuro.

A cambio, quienes faciliten ese proceso podrían obtener protecciones legales, garantías de no extradición, acceso a cuentas en el extranjero y la posibilidad de retirarse de la vida pública sin enfrentar tribunales ni linchamientos mediáticos. Esa es la diferencia entre una salida negociada y un colapso impuesto: en la primera, los actores aún tienen capacidad de poner condiciones; en la segunda, quedan completamente a merced de lo que otros decidan hacer con ellos.

Pero esa ventana tiene fecha de caducidad. Cada mes que pasa sin señales de apertura reduce la capacidad de negociación del régimen. La economía seguirá deteriorándose, las protestas seguirán creciendo, la emigración seguirá vaciando el país de su población activa, y la presión internacional seguirá aumentando. En algún momento, la acumulación de crisis cruzará un umbral donde el cambio ya no será negociable, sino inevitable y desordenado.

Las Fuerzas Armadas: pieza clave

En cualquier escenario de transición en Cuba, el rol de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) será determinante. Las FAR no son solo un ejército: son la institución más poderosa del Estado cubano, controlan cerca del 60% de la economía activa (especialmente los sectores que generan divisas), tienen presencia territorial en todo el país, monopolizan el uso legítimo de la fuerza y gozan de un nivel de prestigio institucional que supera ampliamente al del Partido Comunista.

Históricamente, las FAR han demostrado capacidad de adaptación. Sobrevivieron al colapso de la Unión Soviética, se reconvirtieron en gestores económicos durante el Período Especial y han sido el principal impulsor de reformas graduales en las últimas tres décadas. Analistas especializados coinciden en que, en un escenario de transición, las FAR tienen más probabilidades de sobrevivir que el partido, y podrían jugar un rol clave como garantes del orden, facilitadores del diálogo y ejecutores de un proceso de apertura controlada.

La pregunta es si los altos mandos de las FAR reconocen que su mejor opción estratégica es facilitar una transición ordenada en lugar de apostar por la represión y la resistencia. En el primer caso, podrían preservar su rol institucional, evitar un colapso caótico que los deje sin control y negociar garantías tanto para ellos como para el país. En el segundo caso, corren el riesgo de terminar como los militares venezolanos: desmoralizados, fragmentados, y eventualmente obligados a rendirse o huir cuando la presión se vuelva insostenible.

El cálculo de Washington

Desde la administración Trump, el enfoque hacia América Latina ha vuelto a invocar la Doctrina Monroe, una visión del siglo XIX que considera el hemisferio occidental como zona exclusiva de influencia estadounidense. La operación contra Maduro fue presentada explícitamente bajo ese marco: Trump declaró que "el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado".

Cuba encaja perfectamente en esa narrativa. Marco Rubio, arquitecto de la política latinoamericana de Trump, ha dejado claro que considera a Cuba responsable de sostener a Maduro y que ve la caída del régimen venezolano como una oportunidad para debilitar a La Habana. La retórica oficial sugiere que Washington tiene paciencia limitada: si Cuba no da señales de cambio, la presión aumentará. Esa presión puede adoptar muchas formas: endurecimiento de sanciones, bloqueo de remesas, interdicción de suministros energéticos, apoyo a grupos opositores internos, e incluso —en un escenario extremo— intervención militar directa.

Trump ha sugerido públicamente que no cree necesaria una intervención en Cuba porque "parece que está cayendo sola". Pero esa postura puede cambiar si la crisis cubana genera consecuencias no deseadas para Estados Unidos: una nueva ola migratoria masiva, un vacío de poder que permita la entrada de actores hostiles (China, Rusia), o un episodio de violencia interna que demande respuesta humanitaria.

El cálculo para la élite cubana debería ser obvio: mientras más tarde el cambio, mayor será la probabilidad de que ese cambio sea impuesto desde fuera, con todas las implicaciones que eso conlleva para quienes hoy gobiernan.

Tres caminos, un solo destino

Cuba va a cambiar. Eso ya no está en discusión. Lo que está en juego es el cómo y el a qué precio. Las tres opciones sobre la mesa son:

Primera opción: transición negociada y controlada. Liberación de presos políticos, legalización de la oposición, apertura económica gradual, calendario electoral supervisado. A cambio: amnistías para quienes no cometieron crímenes graves, salidas seguras, garantías legales, preservación parcial de bienes. Resultado: el país avanza hacia la democracia con menos trauma, las élites salen protegidas, y Cuba tiene una oportunidad de reconstrucción sin venganzas masivas.

Segunda opción: colapso bajo presión interna y externa. El régimen resiste, la economía sigue cayendo, las protestas crecen, la represión se intensifica, Washington aumenta las sanciones y eventualmente apoya a fuerzas internas o interviene indirectamente. Resultado: cambio inevitable, pero caótico, con riesgo alto de violencia, fragmentación institucional y cero capacidad de la élite para negociar protecciones.

Tercera opción: intervención militar directa. Escenario tipo Venezuela o Panamá 1989: operación de fuerzas especiales, captura de líderes clave, ocupación temporal. Resultado: el país se libera, pero los dirigentes del régimen enfrentan tribunales en Estados Unidos, cárcel sin garantías, confiscación total de bienes y exposición pública mundial. Cero margen de negociación, cero protecciones.

Las tres opciones conducen al mismo destino final: un Cuba sin el régimen actual. La diferencia está en el nivel de control que la élite cubana conserva sobre el proceso y en el precio personal que paga por haber esperado demasiado.

El momento es ahora

Después de la caída de Maduro, después de la exposición pública del rol cubano en Venezuela, después de la pérdida del subsidio petrolero, después de las declaraciones explícitas de Trump y Rubio, el margen de maniobra se ha estrechado dramáticamente. Cada mes que pasa sin señales de apertura reduce las opciones. Cada semana que transcurre con más apagones, más escasez y más represión alimenta la presión interna. Cada día que La Habana insiste en resistir aumenta la probabilidad de que la transición sea impuesta en los términos menos favorables posibles para quienes hoy gobiernan.

La historia reciente es clara: los líderes que apuestan por aguantar hasta el final raramente logran su objetivo, y cuando caen, lo hacen sin red de protección. Gadafi terminó ejecutado en una cuneta. Milošević murió en prisión. Maduro está en una celda en Nueva York esperando juicio. Todos ellos tuvieron oportunidades de negociar salidas dignas. Todos las rechazaron. Todos pagaron el precio más alto.

Cuba puede elegir un camino diferente. Pero solo si actúa ahora, mientras todavía es posible sentarse a negociar. Porque llegó el momento de cambiar. Y la única pregunta que queda es si ese cambio será controlado por quienes aún tienen el poder, o impuesto por quienes ya no están dispuestos a esperar.