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El régimen cubano acusó de “terrorismo” a miembros del Centro de Estudios Convivencia (CEC), tras la reciente reunión de su director, Dagoberto Valdés Hernández, con el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer.
La acusación fue formulada durante un interrogatorio realizado por la Seguridad del Estado en Pinar del Río, donde Valdés y su colaborador Yoandy Izquierdo Toledo fueron detenidos brevemente este viernes.
Según un comunicado del CEC, la detención fue ejecutada sin orden judicial ni explicación previa. Agentes identificados como el Mayor Ernesto y el Mayor Manuel, de la Seguridad del Estado, se presentaron en la vivienda de Valdés acompañados por una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y le exigieron desalojar su casa y acompañarlos, sin derecho a realizar llamadas.
Durante el interrogatorio, un oficial jurídico del aparato represivo acusó al académico de “colaborar con una potencia extranjera que amenaza con invadir Cuba”, en alusión a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien no ha descartado medidas de presión adicionales sobre el régimen de La Habana en el contexto de la transición regional impulsada por Washington tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela.
Los agentes advirtieron a Valdés que no permitirían contactos entre diplomáticos norteamericanos y figuras de la sociedad civil, y le ordenaron abstenerse de asistir a futuras actividades organizadas por la Embajada estadounidense. Tras más de dos horas de interrogatorio, le impusieron un acta de advertencia que se negó a firmar.
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El CEC —institución católica dedicada a la promoción del pensamiento cívico y ético— denunció el incidente como una nueva muestra de hostigamiento estatal.
En paralelo, el Instituto Cubano por la Libertad de Prensa y Expresión (ICLEP) recordó que Valdés ha sido objeto de amenazas, campañas de difamación y restricciones a su movilidad por sus ideas y escritos, en los que aboga por un cambio pacífico en Cuba.
El episodio ocurre en medio de una creciente ofensiva del régimen contra líderes religiosos y activistas católicos.
En las últimas horas, los sacerdotes Alberto Reyes Pías y Castor José Álvarez Devesa fueron también citados por la Seguridad del Estado y sometidos a actos de advertencia por sus críticas al sistema. Ambos confirmaron que no cesarán en su compromiso con la verdad y la dignidad del pueblo cubano.
La represión contra voces cristianas y cívicas subraya el endurecimiento del control político en un país exhausto por la crisis económica, los apagones y la escasez generalizada. En lugar de diálogo, el régimen responde con amenazas y detenciones a quienes, desde la fe o la sociedad civil, abogan por una Cuba libre y reconciliada.
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