España inicia una regularización extraordinaria que podría dar papeles a medio millón de migrantes

España se prepara para un giro de alto impacto en su política migratoria. El Gobierno aprobará este martes el inicio de la tramitación de un Real Decreto que abrirá la puerta a una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación irregular, una medida que podría beneficiar a alrededor de medio millón de migrantes, según confirmaron fuentes oficiales citadas por RTVE y la agencia EFE.

La decisión, pactada entre el Ejecutivo y Podemos, busca “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”, en palabras del propio Gobierno. El anuncio llega tras meses de bloqueo parlamentario de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700,000 firmas y apoyada en su momento por una amplia mayoría del Congreso, con la única oposición de Vox, según recordó RTVE.

El acuerdo fue adelantado públicamente por la eurodiputada Irene Montero en un acto celebrado en Madrid bajo el lema “Regularización Ya”. Allí detalló que podrán acogerse a la medida las personas que ya se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que logren demostrar al menos cinco meses de residencia, incluso mediante documentos alternativos como informes médicos, contratos de servicios básicos o comprobantes de envío de dinero, algo clave para quienes nunca lograron empadronarse.

Uno de los elementos más sensibles de la medida es su impacto inmediato en la vida cotidiana de miles de personas. Desde el momento en que se presente la solicitud, quedarán suspendidas las órdenes de expulsión y los procedimientos de retorno por causas administrativas, incluyendo trabajar sin permiso. La simple admisión a trámite permitirá acceder a una residencia provisional, con derecho a trabajar legalmente y recibir atención sanitaria, según detallan ambas fuentes.

Si la resolución final es favorable, se otorgará una autorización de residencia por un año, con posibilidad posterior de acceder a un permiso ordinario conforme al reglamento de extranjería. Todo el proceso estará abierto hasta el 30 de junio, lo que ha generado una expectativa enorme entre comunidades migrantes que llevan años viviendo, trabajando y criando familias en España sin papeles.

El Gobierno defiende que esta vía refuerza un modelo migratorio basado en derechos humanos, integración y convivencia social, compatible con el crecimiento económico, según explicó el Ministerio de Inclusión que dirige Elma Saiz, citado por RTVE. Al tramitarse como Real Decreto, la medida no requiere convalidación parlamentaria, lo que permite al Ejecutivo sortear la falta de consensos que ha frenado otras iniciativas en materia migratoria.

Desde Podemos, la regularización ha sido calificada como un acto de “justicia social” frente a lo que consideran años de racismo institucional y explotación laboral. En el extremo opuesto, el Partido Popular y Vox han reaccionado con duras críticas, acusando al Gobierno de promover el “efecto llamada” y de usar la migración como cortina de humo política.