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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció la apertura de una investigación contra una ciudadana estadounidense que intentó comprar un arma de fuego en dos ocasiones distintas con el objetivo declarado de atacar a agentes migratorios.
Según informó la agencia, la mujer dijo que quería "comprar un arma para protegerse de los agentes de ICE y también para matar a los agentes de ICE", una frase que encendió todas las alarmas dentro del aparato federal de seguridad.
Los intentos de compra ocurrieron en Kenmore, en el estado de Nueva York, y están siendo investigados de forma conjunta por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Policía Estatal de Nueva York (NYSP).
El DHS no precisó si la persona logró adquirir el arma, pero confirmó que el caso es tratado como una amenaza directa contra agentes federales.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, vinculó el hecho con un clima creciente de violencia contra los funcionarios migratorios.
"Cada día hay más asaltos, más embestidas con vehículos, más intentos de matar a nuestros oficiales. Ahora, tenemos a un ciudadano estadounidense comprando un arma con la intención de MATAR a nuestros oficiales", declaró.
McLaughlin responsabilizó de ese ambiente a lo que llamó una retórica radical promovida desde ciertos sectores políticos.
"Comparar el ICE día tras día con la Gestapo nazi, la Policía Secreta y las patrullas de esclavos tiene consecuencias", afirmó.
En su mensaje, defendió a los agentes federales como trabajadores que cumplen su deber.
"Los hombres y mujeres del ICE y la CBP son padres y madres, hijos e hijas. Se levantan cada mañana para intentar hacer nuestras comunidades más seguras… solo quieren volver a casa con sus familias por la noche", afirmó.
La funcionaria añadió que "la violencia y la deshumanización de estos hombres y mujeres que simplemente hacen cumplir la ley deben cesar", y advirtió que cualquier ataque contra ellos tendrá consecuencias penales.
Su advertencia está en correspondencia con recientes declaraciones de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró que quienes agredan a oficiales del orden público "serán perseguidos, procesados y enfrentarán todo el peso de la ley".
La investigación contra una ciudadana estadounidense que quiso comprar un arma se produce en un contexto de fuerte tensión alrededor de la política migratoria en Estados Unidos, donde el DHS asegura que ha habido un aumento sin precedentes de agresiones contra sus agentes.
De acuerdo con la agencia, los ataques contra oficiales de ICE se han incrementado en un 1,300 % y los ataques con vehículos en un 3,200 %, cifras que el departamento vincula directamente con el discurso público que, según dice, fomenta la hostilidad contra las fuerzas del orden.
Más allá de este caso puntual, el clima de confrontación se inserta en un escenario nacional marcado por operativos migratorios más intensos, mayor presencia de agentes federales en comunidades locales y una creciente polémica sobre el uso de la fuerza.
Desde septiembre, al menos 12 personas han sido baleadas por agentes migratorios en distintos puntos del país, según reportes citados por NBC News. Entre las víctimas hay cuatro fallecidos y varios ciudadanos estadounidenses.
En muchos de esos casos, los disparos ocurrieron cuando los agentes abrieron fuego contra vehículos en movimiento, una práctica que expertos llevan décadas tratando de limitar por su alto riesgo.
El caso más reciente ocurrió en Minneapolis el 24 de enero, cuando un agente federal mató a Alex Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años.
Aunque el DHS sostiene que los agentes actuaron porque "temieron por sus vidas", videos de cámaras corporales, cuya existencia fue confirmada por el DHS, podrían cambiar de forma sustancial esa versión.
La muerte se produjo apenas semanas después de otro tiroteo fatal en la misma ciudad.
Especialistas citados por NBC News advierten que parece haber una erosión de los protocolos de desescalada y de rendición de cuentas.
En ese contexto, la investigación anunciada por el DHS sobre la mujer que intentó comprar un arma para matar a agentes de ICE se presenta como un nuevo episodio dentro de una espiral de tensión entre autoridades migratorias, políticos, activistas y ciudadanos.
Para el gobierno federal, el mensaje es que cualquier amenaza contra sus agentes será tratada como un asunto de seguridad nacional.
Para muchos sectores críticos, en cambio, el caso se suma a un debate más amplio sobre la violencia, la retórica política y el rumbo que está tomando la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre la investigación del DHS y la violencia contra agentes de ICE
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¿Qué motivó la investigación del DHS contra una ciudadana estadounidense?
El DHS investiga a una ciudadana estadounidense que intentó comprar un arma para atacar a agentes de ICE. La mujer declaró su intención de utilizar el arma para "matar a los agentes de ICE", lo que fue considerado una amenaza directa contra funcionarios federales.
¿Por qué se ha incrementado la violencia contra agentes de ICE?
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, asegura que el aumento de la violencia se debe a una retórica radical que compara a ICE con la Gestapo nazi y otras fuerzas represivas históricas. Esta retórica fomenta un ambiente hostil que ha resultado en un incremento del 1,300 % en agresiones contra agentes de ICE.
¿Cómo está respondiendo el gobierno de EE. UU. a las amenazas contra agentes federales?
El gobierno advierte que cualquier ataque contra sus agentes será tratado como un asunto de seguridad nacional. La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha asegurado que quienes agredan a oficiales serán perseguidos y procesados con el máximo rigor de la ley.
¿Cómo ha afectado la política migratoria de Trump a la seguridad en EE. UU.?
La política migratoria de Trump, marcada por operativos intensos y deportaciones masivas, ha generado un clima de tensión y violencia. Encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses perciben que las acciones de ICE hacen que las ciudades sean menos seguras. La militarización de las redadas y la falta de transparencia han erosionado la confianza pública en las autoridades.
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