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Cuando Donald Trump volvió a calificar a Cuba como un “Estado fallido” y luego como una “nación fracasada”, no solo repitió una consigna política: reabrió un debate incómodo que parecía relegado a los márgenes de la academia y la diplomacia.
En menos de una semana, el presidente estadounidense utilizó esas expresiones tres veces consecutivas —primero el 30 de enero, al firmar una orden ejecutiva que declaró emergencia nacional frente al régimen de La Habana; después el 2 y el 3 de febrero, al insistir que la isla “ya no tiene quién la sostenga” y que “México dejó de enviarles petróleo”.
La reiteración no es casual. En el discurso de la Casa Blanca, el concepto de Estado fallido funciona hoy como marco político y moral para una estrategia de máxima presión.
Pero más allá del uso instrumental, las palabras de Trump obligan a volver sobre una pregunta de fondo: ¿qué tan cerca está Cuba de ese umbral?
Qué significa realmente “Estado fallido”
En la literatura clásica, el concepto no se aplica simplemente a países pobres o autoritarios.
Autores como Robert I. Rotberg lo definen por la incapacidad del Estado para proveer bienes políticos esenciales: seguridad efectiva, Estado de derecho, servicios públicos básicos y un marco económico que permita la reproducción material de la sociedad.
Cuando esas funciones dejan de cumplirse, la legitimidad se erosiona, aunque las instituciones sigan existiendo.
En su versión más extrema, William Zartman describe el colapso estatal como la implosión de la autoridad: pérdida del control territorial, fragmentación del poder coercitivo y disolución del orden.
Cuba, al menos por ahora, no se encuentra en ese punto. El Estado conserva el monopolio de la fuerza y mantiene una capacidad significativa de control.
Sin embargo, la discusión contemporánea se ha desplazado. Desde hace más de una década, organismos internacionales como la OCDE o el Banco Mundial prefieren hablar de fragilidad, entendida como un proceso gradual y multidimensional más que como un colapso súbito.
Esa transición conceptual no invalida la pregunta esencial: qué funciones cumple realmente el Estado que hoy deja a millones de cubanos desamparados.
Control sin protección
El rasgo más distintivo del caso cubano es la disociación entre control y protección. El aparato estatal conserva su eficacia coercitiva, pero ese control ya no se traduce en seguridad humana.
Apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, colapso del transporte, inflación persistente y deterioro del sistema sanitario dibujan una cotidianidad marcada por la precariedad.
La seguridad, en la teoría moderna del Estado, no se reduce a la represión del desorden: incluye la capacidad de garantizar condiciones mínimas de vida.
Cuando la seguridad se ejerce casi exclusivamente como coerción, el Estado puede seguir mandando, pero pierde legitimidad funcional.
Bienes públicos y legitimidad: Un fracaso operativo
El deterioro de los servicios básicos en Cuba es profundo y sostenido. Los sistemas de salud, educación y abastecimiento existen formalmente, pero su funcionamiento efectivo está severamente comprometido.
En términos analíticos, un servicio que no cumple su función básica —aunque conserve estructuras administrativas— puede considerarse fallido.
Durante décadas, el régimen sostuvo su legitimidad en una narrativa de desempeño: la promesa de bienestar relativo y seguridad social.
Hoy esa legitimidad está agotada. El Estado no solo ofrece menos; tampoco genera expectativas creíbles de mejora. El contrato social, sin haberse roto formalmente, está vacío de contenido.
Opacidad, captura y parálisis
La debilidad fiscal y administrativa del Estado cubano no se explica solo por sanciones externas.
Factores internos como la opacidad estructural, la falta de rendición de cuentas y la captura del Estado por élites militares-empresariales —en especial el conglomerado GAESA— han reducido su capacidad de convertir ingresos en bienes públicos.
Ese patrón consolida una élite extractiva cuya supervivencia no depende del bienestar general.
El resultado no es necesariamente el caos inmediato, sino un equilibrio de empobrecimiento sostenido y bloqueo reformista: un Estado que sigue controlando, pero que cada día funciona menos.
Energía, combustible y el umbral de la parálisis
La crisis energética ha convertido el debate sobre el colapso en algo tangible.
Apagones de hasta veinte horas, redes eléctricas inestables y transporte casi paralizado describen un escenario de parálisis parcial.
A esto se suma el endurecimiento de las medidas estadounidenses para cortar el suministro de crudo —confirmado por Trump al afirmar que México y Venezuela dejarán de enviarle petróleo al régimen cubano.
El efecto es claro: la falta de energía erosiona simultáneamente producción, servicios y vida cotidiana.
El Estado puede conservar la autoridad formal, pero pierde capacidad operativa real. En ese punto, la línea entre fragilidad y colapso se vuelve cuestión de tiempo y de shocks adicionales.
El éxodo como termómetro del fracaso
Ningún indicador refleja mejor la pérdida de funcionalidad estatal que la emigración masiva.
En los últimos años, cientos de miles de cubanos han abandonado la isla —el mayor éxodo de su historia reciente—. No es solo presión migratoria: es una huida estructural de capital humano y juventud, que debilita aún más la capacidad productiva y social del país.
En la teoría de la fragilidad estatal, un éxodo de esa magnitud equivale a un plebiscito silencioso: la población vota con los pies ante la falta de perspectivas internas.
Entre la narrativa oficial y la evidencia empírica
Las reacciones en La Habana a quienes han osado hablar de “Estado fallido” ha resultado previsibles.
En plena emergencia por el huracán Melissa, Miguel Díaz-Canel se preguntó retóricamente: “¿Qué Estado fallido pudiera organizar y hacer todo lo que nosotros estamos haciendo en un momento difícil como este?”.
Su defensa contrastó con la realidad visible: 650,000 evacuados, apagones, falta de combustible y hospitales colapsados. La réplica popular fue aún más directa: “Cuba no es un Estado fallido, es un país fallecido”.
Esa respuesta espontánea resume mejor que cualquier informe técnico la desconexión entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana.
En la práctica, el Estado ya no protege, no provee y apenas logra sostener su propia infraestructura.
¿Estado fallido o Estado en descomposición?
La cuestión no es semántica. Si se adopta una definición estricta —pérdida total del monopolio de la fuerza—, Cuba no encaja aún.
Pero si se privilegia la definición funcional —fallo sistemático en la provisión de bienes públicos, pérdida de legitimidad y captura institucional—, el diagnóstico se vuelve más incómodo.
Cuba no ha colapsado, pero falla estructuralmente en funciones esenciales. Su administración opera como un sistema agotado que sobrevive por inercia y coerción, no por eficacia.
Entre el control intacto y el riesgo de colapso, se extiende una zona gris donde el Estado existe, pero no funciona.
Más allá de la etiqueta
Las declaraciones de Trump no inventan esa realidad; la amplifican y la integran en la lógica de su política exterior.
Al calificar a Cuba como “Estado fallido” o “nación fracasada”, Washington no solo deslegitima al régimen, sino que anticipa un marco justificativo para una transición dirigida.
Pero incluso si el uso del término es político, la pregunta que despierta trasciende la retórica: ¿Qué ocurre cuando un Estado conserva el poder coercitivo, pero pierde la capacidad de garantizar la vida cotidiana de su población?
En esa pregunta se resume el dilema cubano actual —y quizás también el sentido más preciso del “fracaso” que hoy Trump enuncia y la realidad confirma.
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