El régimen cubano ha comenzado a preparar psicológicamente a la población para un nuevo golpe económico, o para un shock quizás todavía mayor que cambie sus paradigmas y las claves de su poder por más de sesenta años.
En una entrevista con la agencia EFE, el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío reconoció que el país se dispone a iniciar un “proceso de reorganización” que será “muy difícil para la población”.
Aunque el diplomático evitó ofrecer detalles, la elección de las palabras —proceso, reorganización, dificultad— revela mucho más de lo que aparenta: Cuba se prepara para administrar el colapso, no para evitarlo.
El eufemismo es viejo, aunque ha resultado eficaz: cuando el régimen cubano habla de “reorganización”, significa ajuste, racionamiento, centralización y control.
Pero quizás la “reorganización” que se plantea ahora se lleve por delante al régimen y sus eufemismos.
El telón de fondo: Una economía en coma
La confesión de Fernández de Cossío llega en el peor momento económico de la era pos-Castro.
El país ha perdido a su principal aliado —Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero—, y los envíos de crudo se han reducido al mínimo.
El bloqueo energético impuesto por la Casa Blanca, que penaliza a cualquier país que suministre petróleo a la isla, ha paralizado industrias, transportes y redes de distribución.
A esto se suma una inflación desbordada, una moneda hundida y un Estado sin liquidez ni capacidad productiva.
El dólar supera los 480 pesos cubanos, los apagones superan las 20 horas diarias en muchas zonas del país, y la escasez alcanza niveles aún mayores que la del “Período Especial”.
Ante este escenario, la “reorganización” que el gobierno de Miguel Díaz-Canel promete “difícil” para la población parece inevitable. La cuestión es de qué tipo de reorganización estamos hablando.
Hipótesis 1: Un ajuste interno del aparato estatal
Una primera hipótesis apunta a un reajuste interno del Estado y del sector empresarial público, con el objetivo de reducir costos y concentrar recursos en áreas críticas: energía, defensa, turismo controlado y seguridad interna.
El gobierno podría anunciar en los próximos días fusiones o cierres de empresas estatales, despidos en plantillas improductivas y un recorte drástico de subsidios.
También es probable que GAESA, el conglomerado militar que domina la economía, absorba funciones del Estado civil bajo el argumento de “eficiencia operativa”.
En términos prácticos, esto significaría una militarización económica más profunda: los militares gestionando directamente los escasos recursos del país, mientras el resto de la población enfrenta una nueva ola de penurias.
Hipótesis 2: Un nuevo ciclo de racionamiento y control social
Otra posibilidad es la implantación de un nuevo esquema de racionamiento de alimentos, combustible y divisas.
El gobierno podría restablecer controles más estrictos sobre el comercio minorista y los trabajadores por cuenta propia, limitar las operaciones en divisas e incluso introducir “bonos digitales” o mecanismos de control electrónico de consumo, bajo el discurso de “equidad y eficiencia distributiva”.
Esa reorganización no aliviaría la crisis: la profundizaría, porque restringiría aún más el margen de autonomía económica de las familias. El régimen apostaría por la disciplina social y la vigilancia, no por la recuperación.
En ese contexto, “reorganizar” significaría ajustar la escasez a la población, no resolverla.
Hipótesis 3: Una reforma monetaria encubierta
También podría tratarse de un intento de recomponer el sistema monetario, en plena devaluación del peso cubano.
El gobierno podría anunciar medidas para unificar tasas de cambio, restringir el acceso al MLC o congelar depósitos en divisas.
Ese tipo de medidas, ya ensayadas durante la llamada Tarea Ordenamiento (2021), solo agravaron la inflación y la desigualdad, pero le permitieron al Estado reabsorber circulante y controlar el flujo de divisas.
Ahora, con las arcas vacías, el castrismo podría ensayar una Tarea Ordenamiento 2.0, más severa y con efectos sociales devastadores.
Hipótesis 4: Centralización total del poder económico
La cuarta hipótesis identificaría el “doloroso proceso de reorganización” como una operación política de supervivencia, diseñada para recentralizar el poder económico en el aparato militar y blindar los recursos estratégicos del país ante la presión externa.
El control de GAESA sobre el turismo, el comercio exterior, las telecomunicaciones y las finanzas offshore convierte a las Fuerzas Armadas en el verdadero núcleo económico del Estado cubano.
En medio del aislamiento internacional y las sanciones estadounidenses, el gobierno de Díaz-Canel necesita proteger esa estructura. Por tanto, reorganizar sería sinónimo de cerrar filas: menos autonomía, menos transparencia, más control militar y más represión preventiva.
Hipótesis 5: Hacia un capitalismo oligárquico “a la cubana”
Una quinta posibilidad —de mayor alcance estructural— es que el llamado “proceso de reorganización” sea el preludio de una mutación del modelo cubano hacia una forma de capitalismo oligárquico, similar al proceso vivido en Rusia en los años 90.
Ante la asfixia económica y la presión de Washington, el régimen podría estar evaluando una transformación controlada del sistema de propiedad, en la que parte de las empresas estatales pase a manos de figuras afines al poder militar o al Partido Comunista, bajo la apariencia de privatizaciones o asociaciones con capital extranjero.
El precedente ruso ofrece un espejo inquietante. Tras el colapso soviético, las viejas estructuras del KGB y del Partido se reciclaron en oligarquías empresariales, que se apropiaron de los activos del Estado sin alterar las estructuras de poder.
El resultado fue un capitalismo autoritario donde el control económico sustituyó al control ideológico.
En Cuba, el proceso podría reproducirse en escala menor y bajo la tutela encubierta del Kremlin –en fechas recientes La Habana recibió la visita del ministro de Interior ruso, Vladimir Kolokoltsev- y la maquinaria empresarial de GAESA, el conglomerado militar que domina más del 70% de la economía.
La transferencia de empresas estatales a sociedades “mixtas”, MIPYMES o fondos de inversión manejados por militares y familiares de la élite permitiría reconfigurar el régimen sin perder el mando.
El socialismo formal quedaría como retórica, mientras el país se convierte en un capitalismo de uniforme: un sistema privatizado desde dentro, donde el poder político se recicla en poder económico.
Para La Habana, esta ruta tendría tres ventajas: 1) Asegura la continuidad del poder, disfrazando la crisis de reforma. 2) Garantiza fortunas y herencias a las familias y cuadros que sostienen el sistema. 3) Ofrecer a Washington y a la Unión Europea la apariencia de apertura, atrayendo divisas sin ceder soberanía política.
Pero el costo sería altísimo: una sociedad aún más desigual, una economía capturada por los mismos de siempre y una transición frustrada antes de nacer.
Si esta hipótesis se confirma, el castrismo no se extinguiría, sino que mutaría en su forma definitiva: una oligarquía post-socialista, disfrazada de modernización.
“Reorganizar” como discurso político
El uso del término no es casual. Hablar de “reorganización” permite al régimen admitir el colapso sin reconocer el fracaso. Es una forma de reconstruir el relato heroico de la resistencia, apelando al sacrificio colectivo.
Durante el Período Especial, el dictador Fidel Castro usó el término “rectificación” para justificar los ajustes forzados tras la caída soviética.
Hoy, Díaz-Canel y Fernández de Cossío recuperan esa retórica, pero sin la épica: ya no hay "revolución" que sostenga la miseria.
El contexto internacional: El espejo de Venezuela
El anuncio también debe leerse a la luz de la nueva política estadounidense hacia la región.
Tras la captura de Maduro, el gobierno de Donald Trump ha aplicado en Venezuela la Doctrina Donroe, impulsada por el secretario de Estado Marco Rubio: estabilización, recuperación y transición democrática bajo supervisión de Washington.
La Habana observa ese proceso con alarma. Sabe que es el siguiente objetivo y que la Casa Blanca no aceptará un diálogo que excluya reformas políticas y económicas.
Por eso, el discurso de Fernández de Cossío —rechazando cualquier debate sobre la Constitución, la economía o el sistema socialista— busca cerrar el cerco interno antes de enfrentar la tormenta externa.
En otras palabras, Cuba se reorganiza para resistir, no para reformarse.
Conclusión: Administrar el colapso
El “proceso de reorganización” que el gobierno promete “muy difícil para la población” parece ser un plan de emergencia para gestionar la escasez y mantener el control político, no un programa de recuperación nacional.
El régimen no se prepara para cambiar, sino para sobrevivir en estado de asfixia prolongada. Y mientras el discurso oficial pide sacrificio y paciencia, la realidad es que los cubanos volverán a cargar el costo de un sistema que se resiste a su descomposición.
En su lógica, el mensaje es claro: “Nos replegamos para resistir. Resistir para seguir mandando”.
La pregunta ya no es qué se trae entre manos el gobierno de Díaz-Canel, sino cuánto más puede soportar un país sometido a una reorganización infinita que nunca reorganiza nada, y que perpetúa a los mismos en el poder.
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