El Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó este lunes una nota informativa en la que concluye que los ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental podrían constituir crímenes de lesa humanidad, según un informe del relator especial Ben Saul recogido por BBC News.
El documento contabiliza al menos 68 ataques ejecutados desde septiembre de 2025 en aguas internacionales, fuera de las aguas territoriales estadounidenses, con un saldo de 223 personas muertas.
Saul fue categórico en su evaluación jurídica: «Tales ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales en serie que violan el derecho a la vida», al no estar respaldados por la legítima defensa —ni nacional ni individual—, ni por el derecho internacional humanitario, el derecho del mar, los convenios de control de estupefacientes ni el derecho internacional antiterrorista.
La conclusión del relator fue aún más directa: «Existen motivos razonables para creer que los 68 ataques denunciados, en los que murieron 223 personas, constituyeron crímenes de lesa humanidad por homicidio según el derecho internacional consuetudinario».
El informe llegó dos días después de que el Comando Sur de EE.UU. informara de un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe que dejó cuatro muertos, a quienes calificó de «narcoterroristas» con base en «información de inteligencia confirmada».
La operación, denominada oficialmente Lanza del Sur (Southern Spear, en inglés), fue lanzada en septiembre de 2025 y formalizada por el secretario de Defensa Pete Hegseth el 13 de noviembre de ese año.
Hegseth ha defendido la campaña como una misión para «eliminar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio» y proteger a EE.UU. de «las drogas que están matando a nuestra gente».
Sin embargo, según el relator especial Ben Saul, las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas concluyentes de que todas las embarcaciones atacadas estuvieran vinculadas al tráfico ilícito, y ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado respondieron a la solicitud de comentarios sobre el informe de la ONU.
Desde el inicio de la operación, expertos jurídicos y organizaciones de derechos humanos cuestionaron su legalidad, y varios gobiernos latinoamericanos cuyos ciudadanos figuran entre las víctimas expresaron su rechazo.
El entonces presidente colombiano Gustavo Petro llegó a calificar los ataques de «asesinato» y ordenó suspender la cooperación de inteligencia con Washington, una postura que marcó las tensiones diplomáticas durante meses.
Petro dejó el poder en agosto de 2026 tras la victoria en junio de un candidato respaldado por Donald Trump, lo que redujo la resistencia gubernamental latinoamericana a la operación.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla también se pronunció en su momento, calificando la campaña antidrogas de EE.UU. de «farsa» vinculada a objetivos políticos y militares en la región.
El informe de Saul representa la acusación más formal emitida hasta la fecha desde el sistema de Naciones Unidas, y eleva la presión internacional sobre la administración Trump para que justifique o detenga una operación que acumula ya un año de ataques letales en aguas del hemisferio occidental.
Saul argumentó además que, incluso si los objetivos pudieran ser identificados como miembros de grupos terroristas, ninguno había perpetrado un ataque armado contra Estados Unidos que permitiera invocar la legítima defensa conforme al derecho internacional, lo que deja sin sustento jurídico la justificación central de la operación.
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