¿Qué espera la Unión Europea para ponerse del lado correcto de la historia con Cuba?

Mientras los cubanos se hunden en apagones, hambre y represión, Bruselas sigue atrapada en su propio laberinto de “diálogo crítico”, resoluciones que no ejecuta y gestos contra el embargo de Estados Unidos. La Unión Europea, bajo el mando de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condena en papel a la dictadura de Miguel Díaz-Canel, pero en la práctica se resiste a romper con ella y, desde el Consejo Europeo, que preside António Costa, se le pide a Washington que le quite a La Habana la etiqueta de Estado patrocinador del terrorismo. Eso no es neutralidad: es incoherencia.

En Cuba, las propias instituciones europeas reconocen desde hace años un deterioro profundo de la democracia y de los derechos humanos: no hay elecciones libres, no hay pluralismo, no existe independencia judicial y cualquier disidencia se paga con cárcel, exilio o silencio forzado. Hay presos políticos, un éxodo masivo y una iglesia que advierte de “caos social” si no se acometen cambios estructurales, mientras la población sobrevive entre apagones, colas y discursos televisados que nadie se cree. Y aun así, la pregunta persiste: ¿qué más necesita ver la Unión Europea para tratar a Cuba como lo que es, y no como lo que fue en la mitología de cierta izquierda europea de los años setenta? Mientras la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, habla de “valores europeos” y “derechos humanos”, la realidad es que esos principios se quedan en discursos y comunicados.

El papelón europeo es evidente. Por un lado, el Parlamento Europeo, hoy presidido por Roberta Metsola, ha aprobado resoluciones que piden suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, activar las cláusulas que permiten congelarlo, cortar la financiación que termina en manos del Estado y estudiar sanciones personales contra los responsables de la represión, empezando por la cúpula del régimen. Por otro, el Consejo y la Comisión mantienen intacto ese acuerdo, siguen hablando de “compromiso constructivo” y se niegan a dar el paso político que ellos mismos describen, en sus propios textos, como consecuencia lógica del incumplimiento sistemático de La Habana. En Bruselas se ha instalado una cómoda hipocresía: se aprueban resoluciones para tranquilizar la conciencia, pero se bloquean las decisiones que de verdad tendrían coste. Y en ese mismo ecosistema europeo, donde incluso el Banco Central Europeo de Christine Lagarde pesa más que muchas cancillerías, la UE prefiere el consuelo del PDF antes que la responsabilidad de la acción.

¿Qué más necesita ver la Unión Europea para tratar a Cuba como lo que es, y no como lo que fue en la mitología de cierta izquierda europea de los años setenta?

En teoría, la política exterior europea se guía por la defensa de los derechos humanos y la democracia; en la práctica, frente a Cuba pesan mucho más la protección de bancos y empresas europeas contra la extraterritorialidad de las sanciones estadounidenses y la obsesión por mantener “canales de diálogo” a cualquier precio. La línea oficial repite que el embargo y la inclusión de Cuba en la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo” son medidas unilaterales que dañan a la población y a los intereses europeos, y que por eso hay que exigir su eliminación. Preguntas y debates en la Eurocámara insisten una y otra vez en los efectos de esa lista sobre el crédito, los seguros y las operaciones financieras de compañías europeas, mientras las víctimas de la represión cubana siguen siendo una nota al pie. La prioridad real no es acompañar a los cubanos que se enfrentan a la dictadura, sino blindar la comodidad geopolítica y económica de Bruselas.

La Unión Europea no está defendiendo a los cubanos cuando pide sacar a Cuba de la lista de terrorismo: está defendiendo a sus bancos y sus márgenes de maniobra. Los derechos humanos aparecen en los discursos; los balances de las empresas, en las decisiones. Mientras tanto, se silencia un dato incómodo: el historial del Estado cubano con grupos armados y regímenes represivos. Durante décadas, La Habana fue refugio y centro de entrenamiento de guerrillas latinoamericanas; dio cobijo a miembros de organizaciones como ETA, FARC o ELN; y todavía hoy se niega a extraditar a responsables de atentados sanguinarios, amparándose en tecnicismos diplomáticos. El aparato de inteligencia cubano ha sido clave en el diseño del sistema represivo de Nicolás Maduro en Venezuela, desde la reestructuración de los servicios de contrainteligencia hasta la implantación de métodos de vigilancia y tortura. Cuba ha quedado vinculada a la invasión rusa de Ucrania por el envío de cubanos reclutados como mercenarios para combatir del lado de Rusia. Para la UE, el mismo régimen que exporta know-how represivo a Caracas y protege a fugitivos en La Habana merece “diálogo crítico”; el que lo sanciona merece sermones sobre derecho internacional. Es difícil encontrar una incoherencia más obscena.

El tabú de la lista de terrorismo desnuda esa contradicción. Documentos y discursos europeos hablan de la “llamada lista de Estados patrocinadores del terrorismo”, como si el adjetivo “llamada” bastara para relativizar décadas de evidencias sobre el comportamiento del Estado cubano. Eurodiputados reclaman a la Comisión y al servicio diplomático europeo que intercedan ante Washington para sacar a Cuba de esa lista “en defensa del pueblo cubano”, sin explicar por qué ese pueblo merece menos rigor que las víctimas del ELN, de las FARC o de la propia represión cubana y venezolana. Si Cuba no encaja en la categoría de Estado que patrocina, protege o facilita el terrorismo, ¿quién encaja?

La doble vara es clamorosa. La UE apoya sanciones fuertes contra otros regímenes por apoyar a grupos armados o aplastar a su población, pero con Cuba invoca una excepción sentimental: la historia de la Revolución, el embargo, la “soberanía” de un régimen de partido único. Es una excepción que dice más de Europa que de Cuba. Muestra hasta qué punto Bruselas sigue prisionera de una narrativa romántica, alimentada por viejos reflejos ideológicos, completamente ajena a la Cuba real de 2026: un país exhausto, sin libertades, con una economía colapsada y un Estado policial hipertrofiado.

La contradicción se vuelve grotesca cuando se lee todo junto. En una página, la UE denuncia que en Cuba se violan sistemáticamente los derechos humanos, que no hay elecciones libres ni oposición legal, que el acuerdo de diálogo está siendo incumplido. En la siguiente, expresa su preocupación por que las sanciones estadounidenses y la lista de terrorismo “perjudiquen al pueblo cubano y a las empresas europeas”, y se ofrece como mediador para aliviar la presión sobre el régimen sin pedir a cambio reformas políticas verificables. Es coherente con la obsesión europea por la “gestión de conflictos”, pero incoherente con los hechos y con las víctimas.

¿Qué significaría, entonces, ponerse del lado correcto de la historia con Cuba? No basta con tuitear preocupación ni con lamentar la “deteriorada situación de los derechos humanos” en un pleno. Si la UE quisiera alinearse de verdad con las demandas democráticas de los cubanos, el camino está escrito: aplicar lo que ya ha votado su propio Parlamento, activar las cláusulas del acuerdo para suspenderlo, congelar la cooperación que pasa por el Estado y redirigir los fondos directamente a la sociedad civil independiente, a las familias de presos políticos, a los exiliados y al sector privado genuino. Impulsar sanciones individuales contra jueces, fiscales, jefes militares y altos cargos responsables de torturas, condenas amañadas y desapariciones. Mantener la crítica a la extraterritorialidad del embargo, si se quiere, pero sin convertir ese argumento en un salvavidas político para La Habana. Se puede cuestionar el instrumento sin limpiar el expediente del régimen.

La cuestión ya no es qué piensa hacer la Unión Europea con Cuba, sino cuánto tiempo más está dispuesta a traicionar sus propios principios. No hay tercera vía honrada entre una dictadura que reprime, protege terroristas y exporta represión, y un pueblo que exige libertad. O Europa se pone del lado del régimen y lo asume abiertamente, con todo el desprestigio que eso implica, o se pone del lado de las víctimas y actúa en consecuencia: suspende acuerdos, corta el oxígeno político y sanciona a los verdugos. No hay alternativas decentes. A estas alturas, seguir "dando muela" ya no es prudencia diplomática: es complicidad.