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La activista cubana Carolina Barrero Ferrer reclamó a la Unión Europea (UE) que ponga fin al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) con el régimen de La Habana, al considerar que este instrumento se ha convertido en un mecanismo de legitimación y financiamiento de una dictadura represiva aliada de Rusia.
En un extenso artículo publicado este domingo, Barrero sostuvo que el ADPC —firmado en 2016 bajo el liderazgo de la entonces Alta Representante Federica Mogherini— marcó el abandono de la “Posición Común” que durante dos décadas condicionó la cooperación europea al respeto de los derechos humanos en Cuba.
Desde entonces, la UE “renunció a su coherencia moral” y adoptó una política “de apaciguamiento y complicidad” con el régimen, afirma la activista, presidenta del grupo Ciudadanía y Libertad.
El texto llega pocos días después de que el Parlamento Europeo aprobara una enmienda al informe anual de política exterior, en la que por primera vez se identifica a Cuba como una dictadura aliada de Moscú y Minsk.
Aunque esa enmienda no tiene efecto legal, Barrero la interpretó como una señal política inequívoca: el inicio del fin del consenso europeo que blindó durante años la relación privilegiada de Bruselas con La Habana.
“La Unión Europea —advirtió— ha internalizado un mecanismo de exclusión ideológico al permitir que el propio régimen decida quién puede ser reconocido como interlocutor de la sociedad civil”.
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En la práctica, denunció la activista, los fondos europeos terminan controlados por el Estado cubano, sin transparencia ni participación de organizaciones independientes. “La represión ha aumentado, los presos políticos superan el millar y la cooperación europea sigue fluyendo. Es una ecuación inmoral”, resumió Barrero.
La activista, exiliada en España, subrayó que la política de “apertura” impulsada por Raúl Castro fue una trampa cuidadosamente diseñada para recomponer la menoscabada legitimidad internacional del régimen sin alterar su esencia autoritaria.
Europa cayó en ese espejismo, arrastrada por intereses ideológicos y económicos, especialmente de España, país que desde el gobierno de Pedro Sánchez ha actuado como principal defensor del acuerdo y ha condonado miles de millones de euros de deuda a La Habana, explicó.
“El vínculo colonial se ha reactivado, no para respaldar la libertad del pueblo cubano, sino para fortalecer a sus opresores”, afirmó Barrero, en una de las frases más duras de su análisis.
El debate sobre el futuro del ADPC se desarrolla en un contexto de creciente tensión diplomática.
En los últimos meses, eurodiputados y organizaciones de exiliados han exigido a la UE suspender la financiación al régimen tras las pruebas de reclutamiento de miles de cubanos como mercenarios en la guerra de Rusia contra Ucrania.
Según los servicios de inteligencia ucranianos, entre 1,000 y 20,000 cubanos habrían sido incorporados a las fuerzas rusas desde 2023. Las denuncias, avaladas por testimonios y reportajes internacionales, apuntan a una implicación directa de La Habana en el esfuerzo bélico de Moscú.
En este contexto, la autora acusó a la UE de sostener una “incoherencia estructural”: mientras el Parlamento reconoce a Cuba como un actor de riesgo para la seguridad europea, la Comisión y el Consejo mantienen el acuerdo que proporciona oxígeno financiero y político al régimen.
La llegada a La Habana del nuevo embajador europeo Jens Urban, en septiembre de 2025, no ha modificado la postura oficial de Bruselas.
La actual Alta Representante, Kaja Kallas, defiende que el ADPC es “un canal de diálogo necesario”, pero esa estrategia —según Barrero— ha fracasado: ni ha liberado presos políticos, ni ha frenado la represión, ni ha fortalecido a la sociedad civil.
“El dilema de Europa —concluyó la joven— es moral y estratégico. Puede seguir financiando a una dictadura alineada con Rusia, o puede actuar con coherencia y principios. Cuando Cuba inicie su transición hacia la libertad, quedará constancia de quiénes eligieron la inercia y quiénes estuvieron del lado correcto de la historia”.
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