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La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) afirmó este viernes que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cuba incumplen la Carta de la ONU y el derecho internacional, al considerar que agravan la crisis económica y afectan derechos básicos como la salud, la alimentación y el acceso al agua.
El alto comisionado, Volker Türk, sostuvo que “los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los derechos humanos”, mientras que la portavoz del organismo, Marta Hurtado, recordó que solo el Consejo de Seguridad puede imponer sanciones de ese tipo.
La declaración será previsiblemente utilizada por La Habana como respaldo internacional frente a Washington.
Sin embargo, el mismo sistema de derechos humanos de Naciones Unidas que hoy cuestiona el impacto de las sanciones mantiene desde hace años un expediente sostenido de advertencias y dictámenes sobre violaciones de derechos civiles y políticos atribuibles al Estado totalitario cubano.
Tras las protestas masivas del 11 de julio de 2021, la entonces alta comisionada Michelle Bachelet pidió la liberación de personas detenidas por ejercer su derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión, y expresó preocupación por denuncias de uso excesivo de la fuerza, incomunicación y procesos sin garantías. Aquella intervención no fue aislada.
Desde entonces, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria (WGAD) ha emitido múltiples dictámenes en los que concluye que privaciones de libertad en Cuba fueron arbitrarias y contrarias a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En sus opiniones, el grupo ha señalado ausencia de debido proceso, uso de tribunales sin independencia, falta de acceso a defensa efectiva y aplicación de tipos penales amplios —como “desórdenes públicos” o “sedición”— contra manifestantes y opositores.
Estos dictámenes forman parte de los informes oficiales presentados ante el Consejo de Derechos Humanos y han incluido casos vinculados a las protestas del 11J y a activistas, periodistas independientes y miembros de organizaciones religiosas o cívicas.
A ello se suman las observaciones finales emitidas por distintos comités de tratados de la ONU.
El Comité contra la Tortura y otros órganos de supervisión han señalado en evaluaciones periódicas preocupaciones sobre condiciones de detención, denuncias de malos tratos, limitaciones al derecho de defensa y restricciones sistemáticas a libertades fundamentales.
En el marco del Examen Periódico Universal (EPU), numerosos Estados han formulado recomendaciones reiteradas a Cuba para garantizar la independencia judicial, proteger la libertad de prensa y reformar disposiciones penales utilizadas contra la disidencia.
Organizaciones internacionales y no gubernamentales han recurrido a ese corpus documental para describir un patrón estructural.
Un informe publicado en noviembre de 2025 por la ONG Prisoners Defenders, basado en dictámenes del WGAD, sostuvo que desde 2019 Cuba acumula el mayor número de casos reconocidos por ese mecanismo en materia de detenciones arbitrarias, especialmente tras las protestas de 2021.
La ONG argumentó que muchas resoluciones agrupan a decenas de personas en un mismo dictamen, lo que apuntaría a un fenómeno colectivo y no aislado.
Más allá de los debates sobre sanciones, el deterioro de derechos civiles y políticos en la isla ha sido señalado de forma constante por mecanismos internacionales.
Las restricciones a la libertad de expresión y de prensa, la inexistencia de medios independientes legalmente reconocidos, la persecución de periodistas y activistas, y la penalización de la protesta pacífica forman parte de las preocupaciones reiteradas en el sistema de la ONU.
El propio pronunciamiento de este viernes incluyó un recordatorio en esa dirección: la OHCHR subrayó que corresponde también a las autoridades cubanas respetar los derechos a la libertad de reunión y expresión y adoptar medidas para proteger a los sectores más vulnerables.
Para analistas y defensores de derechos humanos, el debate actual no puede desligarse de un contexto más amplio.
La crisis institucional en materia de libertades públicas, la ausencia de pluralismo político y la concentración del poder en un sistema de partido único han sido señaladas durante décadas como factores estructurales que limitan el ejercicio de derechos civiles y políticos en la isla.
Así, mientras el régimen cubano previsiblemente celebrará la crítica de la ONU a las sanciones estadounidenses como una validación de su posición internacional, el expediente acumulado por el propio sistema de derechos humanos de Naciones Unidas mantiene abiertas preocupaciones profundas sobre presos políticos, represión de la disidencia y falta de garantías fundamentales en el país.
La declaración de hoy, centrada en el impacto de medidas externas, no anula ni sustituye esos señalamientos previos. Más bien se suma a un debate más amplio en el que Naciones Unidas ha advertido tanto sobre los efectos humanitarios de las sanciones, como sobre las responsabilidades internas del Estado cubano en materia de derechos humanos.
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