Funcionarios del condado de Miami-Dade, líderes políticos y representantes del exilio cubano se reunieron este martes para expresar su respaldo a las medidas impulsadas por el congresista Carlos Giménez y apoyar la petición al presidente Donald Trump de revocar todas las licencias comerciales que beneficien al régimen cubano.
El encuentro, celebrado en Miami, reunió a voces emblemáticas del activismo cubano como Rosa María Payá y Orlando Gutiérrez Boronat, quienes destacaron la necesidad de cortar las fuentes de financiamiento que sostienen a la dictadura y de acompañar la presión política con ayuda humanitaria directa al pueblo de la isla.
Giménez dijo que junto a los congresistas María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, pidió al presidente Trump eliminar las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro y el de Comercio a compañías que operan con Cuba.
“Cada dólar que entra al régimen fortalece el aparato represivo. Eso tiene que terminar”, subrayó.
Agregó que bajo el amparo de licencias comerciales “supuestamente humanitarias”, algunas empresas estadounidenses están enviando productos de lujo a la isla.
“Estamos hablando de Ferraris, jetskis y artículos recreativos que terminan en manos de la élite del régimen. Eso no son bienes humanitarios, son lujos para los opresores del pueblo cubano”, afirmó.
La líder de Cuba Decide, Rosa María Payá, agradeció a la Administración estadounidense por las “acciones decisivas para acabar con la impunidad del régimen cubano” y aseguró que “estas son las medidas más importantes tomadas en décadas para poner fin a la dictadura”.
Payá advirtió que el régimen de La Habana “amenaza la paz regional y está detrás de las mayores crisis migratorias del hemisferio, en Cuba y en Venezuela”. Asimismo, señaló que “el castrismo es el aliado más cercano de Pekín en América Latina”, por lo que “poner fin al régimen cubano es una necesidad estratégica”.
La activista pidió al Congreso estadounidense acompañar las medidas de presión con ayuda humanitaria al pueblo cubano y con acciones concretas “para cortar las fuentes de financiamiento del régimen y los fondos que alimentan la represión”.
“Hay que congelar los activos del régimen y de sus militares en el exterior para impedir que sigan usando los miles de millones de dólares robados al pueblo cubano”, añadió.
“El pueblo cubano está sufriendo. El hambre, el exilio forzado y la represión son inhumanos. Aun así, el pueblo sigue exigiendo libertad. No hay estabilización posible con represión. Cuba está lista para una transición pacífica y democrática, y el mundo debe acompañarnos”, concluyó.
Por su parte, el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, respaldó la iniciativa de los congresistas y pidió suspender todas las licencias comerciales vinculadas al régimen.
“Es la forma de liberar a buena parte de esta comunidad del control y el chantaje. En lugares como Hialeah sabemos de qué estamos hablando. Hay que cortar los pulmones que mantienen con vida al régimen”, expresó.
Gutiérrez Boronat insistió en que dentro de Cuba “hay un pueblo luchando, hay resistencia, pero ese sacrificio solo tiene sentido si se traduce en la liberación definitiva de la isla del cáncer comunista que la oprime desde hace 67 años”.
El activista José Daniel Ferrer también agradeció el apoyo del Gobierno estadounidense y denunció “la hipocresía de un régimen que dice no tener combustible para ambulancias, pero sí para la represión”.
Asimismo, la comisionada de Miami-Dade Natalie Milian Orbis reiteró su llamado a revisar las licencias federales que permiten exportaciones de lujo hacia Cuba. “Ferraris, jacuzzis y motos acuáticas no alimentan al pueblo cubano, benefician a la cúpula comunista”, advirtió.
La petición de los congresistas cubanoamericanos se apoya en la Ley LIBERTAD de 1996, que prohíbe a empresas estadounidenses realizar transacciones con el régimen cubano mientras no existan avances hacia la democracia y los derechos humanos. Según los legisladores, mantener activas licencias de exportación a entidades controladas por el régimen “socava directamente la intención del Congreso y las sanciones vigentes”.
La iniciativa cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien reiteró en su red Truth Social su “apoyo total” a la reelección de Salazar y Giménez y prometió continuar la política de máxima presión hasta que “el régimen de Castro y sus herederos salgan del poder”.
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