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A pocos días de cumplirse 30 años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, cuatro congresistas cubanoamericanos pidieron al presidente Donald Trump que impulse cargos criminales contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el ataque que costó la vida a cuatro hombres en 1996.
En una carta fechada el 13 de febrero de 2026, los legisladores Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis solicitaron que el Departamento de Justicia considere acusar formalmente al exministro de las Fuerzas Armadas de Cuba por el derribo de dos avionetas civiles en aguas internacionales el 24 de febrero de 1996. También plantearon evaluar la emisión de una alerta roja de Interpol en su contra.
Aquel día murieron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña, ciudadanos estadounidenses, junto a Pablo Morales, residente permanente en Estados Unidos. Los cuatro participaban en misiones humanitarias para localizar y asistir a balseros cubanos que intentaban escapar de la isla.
Según la carta, Raúl Castro —quien en ese momento era ministro de Defensa— habría estado dentro de la cadena de mando que ordenó la acción contra las aeronaves desarmadas. Los congresistas citan información pública, incluida una grabación divulgada por The Miami Herald y referencias periodísticas de la época, como elementos que apuntan a su responsabilidad.
“El 24 de febrero marcará treinta años desde el atroz derribo de dos aeronaves civiles desarmadas en aguas internacionales por el ejército cubano”, recordó Díaz-Balart en una declaración pública. “Los matones que han oprimido, torturado y matado deben enfrentar la justicia, y la rendición de cuentas debe comenzar en la cúpula”, afirmó.
En la misiva dirigida a Trump, los legisladores sostienen que su administración está en una posición “única” para resolver lo que califican como una injusticia pendiente desde hace décadas. Subrayan que hasta la fecha solo una persona ha sido condenada en Estados Unidos por el caso, mientras que los máximos responsables políticos nunca enfrentaron cargos criminales.
El derribo de las avionetas provocó una fuerte condena internacional en su momento. La Organización de Aviación Civil Internacional determinó que las aeronaves no se encontraban en espacio aéreo cubano cuando fueron abatidas.
Tres décadas después, el caso sigue siendo una herida abierta para muchas familias del exilio cubano. La petición de los congresistas busca reavivar un reclamo histórico: que quienes ordenaron y ejecutaron la operación enfrenten consecuencias legales, más allá del paso del tiempo.
Con este movimiento, el debate sobre responsabilidades en uno de los episodios más trágicos de la relación entre Cuba y Estados Unidos vuelve al centro de la escena política en Washington.
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